Querella contra Mobil Oil Texaco y Shell en Canarias

En una querella criminal presentada en el Juzgado de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife contra las compañías Mobil Oil, Texaco y Shell, se acusa a estas empresas petroleras multinacionales de estafa y apropiación indebida. Los demandantes son el diputado socialista tinerfeño Néstor Padrón, el presidente de la Federación Canaria de Minoristas de Productos Derivados del Petróleo, Angel Arteaga, y seis concesionarios de diversas gasolineras.El objeto de la querella es reclamar a las citadas empresas la suma de doscientos millones de pesetas, sin perjuicio de que esta cifra se vea aumentada al final, al considerar que durante los diez últimos años han cobrado ilegalmente dicha cantidad en concepto de alquiler a los minoristas arrendatarios o concesionarios de las estaciones de servicio en el archipiélago. Se fundamenta la demanda en el hecho de que el suministro y venta de carburantes y combustibles en las islas no se rige por la misma regulación de la Península, donde Campsa ostenta el monopolio del ramo y distribuye mediante concesiones a particulares que gozan de las comisiones y compensaciones que establece el Ministerio de Hacienda como propietarios reales de las estaciones de servicio. No sucede así en Canarias, según los querellantes, al no operar en las islas el monopolio y carecer de reglamentación oficial, las actividades de venta y suministro de los carburantes y combustibles, «lo que permite», según los denunciantes. «que las compañías mayoristas regulen a su arbitrio la distribución mediante contratos privados cori los minoristas propietarios o arrendatarios de las estaciones de servicio, en base al libre comercio establecido por la Presidencia del Gobierno desde 1944. Estos con tratos privados son calificados por las compañías, mayoristas como de «arrendamiento de industria», mientras, en opinión de los querellantes, «encubren, en unos casos, auténticos arrendamientos de locales de negocio, y en otros, supuestos de concesiones similares a las del territorio peninsular, no reglamentadas». En virtud de dichos contíatos, los minoristas han tenido que pagar a las citadas compañías un alquiler calculado unas veces a razón de un porcentaje por litro de gasolina expendido y otras a través de una renta fijada unilateralmente por las empresas mayoristas.

La querella denuncia que ha habido estafa, al estimar que dichas compañías mayoristas ya perciben en concepto de amortización y de mantenimiento de instalación un porcentaje por litro de gasolina estipulado por el Ministerio de Industria y Energía, con lo cual se habría estado produciendo una duplicidad de beneficios por el mismo concepto a favor de las compañías mayoristas.