Resurge la polémica sobre la ampliación de la Casa de Campo

La polémica sobre la ampliación de la Casa de Campo parece resurgir después de las mociones presentadas por los grupos políticos de UCD y de la Candidatura del Pueblo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en un intento de salir del punto muerto en que se encuentra el tema, después de que los promotores del proyecto -principalmente, Urbis, Unión de Explosivos y Urbanizadora Casa de Campo- no accedieran a realizar las cesiones para equipamiento previstas en la ley del Suelo de 1976, alegando que el plan parcial correspondiente había sido aprobado con anterioridad.En líneas generales, el plan parcial de ampliación de la Casa de Campo, surgido en tiempos de Carlos Arias al frente del Ayuntamiento de Madrid, pretende conseguir una cesión de terreno para aumentar la superficie de ese parque, a cambio de que sus propietarios -los promotores, antes citados más unos 120 pequeños terratenientes- puedan acumular el volumen de edificabilidad previsto en esa zona a añadir a la Casa de Campo en una franja de terreno, también de su propiedad, junto al casco antiguo del pueblo, Con ese volumen acumulado, sería posible construir, en las 533 hectáreas de suelo urbanizable, del orden de 7.503 viviendas.

El plan en sí fue aprobado definitivamente por Coplaco un mes después de que entrara en vigor la nueva ley del Suelo de 1976. Mientras la antigua ley no preveía ningún tipo de cesión de suelo al municipio en el que se ubicara el plan, la nueva hacía referencia a una cesión del 10% del aprovecha míerito medio. Sin embargo, ese 10% se vio aumentado posterior mente con la publicación del re alarnento de planeamiento que desarrollaba la ley del Suelo.

La polémica en su fondo, consiste en si los promotores están obligados a realizar las cesiones previstas en la ley del Suelo de 1976 o si se acogen a la antigua ley. Además, en el caso de que sí estuvieran obligados a tales cesiones, si éstas han de estar de acuerdo con la ley -únicamente el 10%- o si han de verse aumentadas hasta lo que marca el reglamento, bastante posterior en el tiempo a la aprobación definitiva del plan por Coplaco.

La polémica enzarza, pues, a la Candidatura del Pueblo, al PSOE y a la UCD del Ayuntamiento de Pozuelo. Mientras los concejales de la primera opinan que «el plan va contra los intereses de los vecinos y va a suponer fuertes cargas para el municipio», por lo que piden su total desaparición, UCD, con su alcalde a la cabeza, quiere negociar con los promotores para conseguir de ellos que cedan la mayor parte posible de terreno como condición para que se les permita seguir adelante.