Los grupos de izquierda pueden quedarse sin competencias en el nuevo diseño urbanístico de Madrid
Los grupos de izquierda integrados en Coplaco (Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area metropolitana de Madrid), esto es, PSOE y PCE, han mostrado su total disconformidad con el proyecto de decreto ley presentado por el delegado del Gobierno en dicho organismo, Carlos Conde Duque, de UCD, para regir la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.
Según el citado proyecto de decreto ley, los ayuntamientos madrileños seguirán sin tener ningún tipo de competencias en materia urbanística, a pesar de la autonomía municipal que está prevista en el artículo 140 de la Constitución.De acuerdo con el borrador del real decreto, los ayuntamientos de la provincia de Madrid (aunque, en principio, serían sólo los 23 integrados en el área metropolitana) se convertirían en simples amanuenses de los planes generales de sus términos municipales respectivos, ya que las directrices de Coplaco alcanzarían, prácticamente, a todos los supuestos de planeamiento posibles.
Así, el decreto marcaría los usos y actividades prioritarias del suelo; señalaría la localización de las zonas en las que deberían aplicarse criterios de defensa nacional, localizaría las grandes infraestructuras básicas de la provincia y fijaría las circunstancias con arreglo a las cuales fuera procedente, en su momento, la revisión de esas mismas directrices de acuerdo con las cuales serían elaborados los planes generales así como el procedimiento adecuado para ello.
Esas directrices tendrían, según el borrador recibido por los representantes de la izquierda carácter vinculante para todos los ayuntamientos que dentro o fuera del área se integraran en el proceso de revisión. Además se verían enormemente retrasados en el tiempo los procesos de revisión, toda vez que habrían de ser elevadas las directrices en las que se basaría la misma, al Consejo de Ministros, para su aprobación.
Aunque el proyecto de decreto reconoce que habrán de ser los ayuntamientos los que aprueben provisionalmente los planes iniciales redactados por ellos, tal aprobación podría no ser posible, ya que, según el borrador del decreto, las corporaciones locales habrían de presentar un avance de los respectivos planes generales a Coplaco, para que fuera este organismo quien dijera si tal avance se ajusta o no a las directrices previamente marcadas por la Administración central. En consecuencia, los planes generales redactados por los ayuntamientos podrían verse coartados de principio sin necesidad de esperar a que fueran aprobados definitivamente por Coplaco.
Aparte de todo ello, el decreto no prevé ningún tipo de transferencia económica de Coplaco a los ayuntamientos, para que éstos puedan realizar los trabajos de revisión. Esto sucede a pesar de que Coplaco dispone de ochocientos millones de pesetas con el fin concreto de pagar los trabajos propios de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Area Metropolitana.
