El PSOE investigará la gestión de las organizaciones de consumidores que reciben subvención estatal

La secretaría federal de política sectorial del PSOE ha decidido tomar cartas en la crisis interna de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ante la impugnación que varios miembros dimitidos de la junta de Madrid han realizado a las elecciones convocadas para el próximo martes, con el fin de constituir su junta nacional. El PSOE insta al Ministerio del Interior para que antes resuelva el escrito de los denunciantes, quienes consideran que esta convocatoria no cumple lo estatutariamente establecido. Anuncian los socialistas que su grupo parlamentario solicitará en el Congreso la comparecencia de los responsables administrativos de la política del consumo y la presencia de los dirigentes de aquellas organizaciones de consumidores que hayan recibido fondos públicos.

Según los denunciantes, los acontecimientos arrancan en la asamblea ordinaria celebrada por la OCU-Madrid el pasado 17 de abril. El presidente de la OCU nacional, Antonio García de Pablos, presentó la candidatura para presidente de la primera de Carlos Sánchez Reyes (vicepresidente no elegido de la nacional) cuando no estaba prevista elección alguna. Tras varios enfrentamientos verbales, los miembros de la junta directiva provincial presentaron su dimisión. No fue aceptada, y se acordó convocar otra sesión extraordinaria a tal fin.

Esta asamblea se celebró el 22 de mayo. El presidente nacional reiteró la candidatura del señor Sánchez Reyes, mediante propaganda enviada a los socios. El escrutinio le dio ganador a éste frente al otro candidato, Ramón Valdivieso (vicepresidente de la OCU-Madrid), por un margen de 65 votos a 44. Un grupo de socios presentó cuatro impugnaciones a la elección -todavía no resuelta- por considerar que hubo en ella un buen número de irregularidades.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio del Interior, Sánchez Reyes «cesó a los miembros de la junta directiva provincial que no estaban de acuerdo con lo que consideraban insólitas maniobras por parte de la supuesta junta de la OCU nacional». Estos miembros cesados habían sido elegidos por un mandato de tres años, que no expiraba hasta octubre de 1981. Asimismo, «por acuerdo de una supuesta junta provincial, el señor Sánchez Reyes», dice el escrito, «acordó clausurar la sede social de la OCU-Madri, de la calle del Almirante, 16, llegando al extremo de cambiar la. cerradura para que nadie pudiese tener acceso al local».

Consideran sorprendente los denunciantes que la OCU nacional «tome todas estas decisiones a través de su portavoz, señor Sánchez Reyes. si se tiene en cuenta que su mandato como junta ha finalizado hace cuatro años y medio ». Se reseña igualmente en el escrito la irregularidad de la convocatoria realizada por la OCU nacional para una asamblea general el día 1 de julio, «en la que se pretende elegir los cargos de presidente y miembros de la Junta directiva, elección que no se realizará en un acto único, sino mediante voto por correo o acudiendo a votar al domicilio de la OCU separadamente, todo lo que, a nuestro juicio, contraviene las garantías y funcionamiento habitual de dicha asociación».

Los denunciantes apuntan además la irregularidad de que en la candidatura copen los cargos importantes amigos personales del señor García de Pablos (su hijo está propuesto como tesorero) y que varios empleados de la propia OCU nacional estén propuestos para vocales: a su juicio ésta circunstancia limita mucho la capacidad de autocrítica en el seno de la junta.

Enterado el PSOE de estas anomalías, solicita del Ministerio del Interior que resuelva el contencioso antes del 1 de julio, disponiendo que la elección de junta directiva es competencia exclusiva, según los estatutos, de la asamblea general extraordinaria de dicha Organización de Consumidores y Usuarios, y que debe ser anulado, en consecuencia, el intento de elección de junta directiva por vía postal.

Incumplimiento de los estatutos

Los estatutos por los que se rige la OCU fueron aprobados por la asamblea constituyente el 30 de julio de 1975, pero han sido incumplidos por sus dirigentes de forma reiterada.

Desde entonces, no se ha celebrado nunca asamblea ordinaria o extraordinaria de socios a nivel nacional, ni siquiera la prevista para noviembre de aquel mismo año en la disposición transitoria primera de los propios estatutos. En esa asamblea quedaría elegida la junta directiva nacional, fundacionalmente provisional, cuyo mandato (artículo 20) «sería por tres años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente».

Por tanto , en la aplicación estricta de esos estatutos, parece clara la ilegalidad de la actual junta nacional de la OCU.

Pero en relación a este tema, esos estatutos, en su artículo 16, dicen aún más: «La asamblea general deberá ser convocada al menos en sesión ordinaria una vez al año, dentro del primer trimestre, para aprobación de cuentas y presupuestos, y en sesión extraordinaria, cuantas Veces lo acuerde la junta directiva o lo solicite la tercera parte de los socios activos o numerarios». Como no se ha celebrado desde su constitución asamblea alguna, ello quiere decir que nunca se han rendido legalmente las cuentas de la OCU mediante la oportuna presentación del balance de cada ejercicio y su consiguiente aprobación.

En los múltiples escritos enviados por la OCU nacional a los medios de difusión (dando cuenta sobre sus actividades) se han reiterado los anuncios y las convocatorias sobre la celebración de una asamblea general. pero ésta no ha llegado a celebrarse. Los directivos no han dado explicaciones convincentes de esta irregularidad a los socios que las han solicitado.

Unas cuentas poco claras

A primeros del pasado mes de marzo, la OCU, hizo público a los medios informativos un avance de las cuentas correspondientes al ejercicio de 1979, asegurando -una vez más- que estaría cerrado definitivamente y a disposición de los socios en la asamblea nacional que había convocada, para el pasado 27,de abril.

Se honraba entonces la OCU de haber intercedido ante los grupos parlamentarios y el Gobierno para que se: aprobara una dotación presupuestaria de casi cuarenta millones de pesetas para 1978, en concepto de subvenciones a las distintas asociaciones de consumidores y amas de casa, que sería elevado a 42 millones en 1979, y que llegaría -gracias también a sus gestiones- a más de 65 millones para este año.

Hizo notar entonces la OC U que esta cifra sustancialmente elevada para 1980 representa una dotación con fondos públicos de 1,76 pesetas por español y año, que se entrega a las asociaciones para la defensa de los intereses del consumidor en nuestro país.

La OCU hizo públicas también las subvenciones que ha recibido desde su fundación, con fondos del Gobierno, para realizar su trabajo: «En los años 1975 y 1 976, ni un solo céntimo; en 1977, 1.300.000 pesetas, destinadas a financiar los gastos de las primeras jornadas del derecho del consumo, que excedieron considerablemente esa suma».

Desequilibrio entre los capítulos de gastos e ingresos

«En 1978, la OCU»; decía nota entregada a la Prensa, «recibió 11.434.000 pesetas. En el ejercicio de 1979, los gastos de la OCU han alcanzado la cifra de 16.375.969 pesetas». El detalle de este último balance fue explicado según el cuadro adjunto a esta información, pero no se hizo lo propio con el de 1978. E incluso en el de 1979 (poco detallado) se reflejaba un ostensible desequilibrio entre los capítulos de gastos e ingresos, que arrojaban un saldo favorable superior a los dieciocho millones de pesetas, cuando los dirigentes de la OCU hablaban de unos cuatro millones de pérdidas.

Este extremo, destacado -entre otros medios informativos- por la revista Nueva Empresa, obtuvo la rápida respuesta del presidente nacional de la OCU, Antonio García de Pablos. Aseguraba el presidente que el comentarista había incurrido en un error al considerar que los ingresos por cuotas de socios (35.000 según la propia OCU) debían ser computados entre los ingresos de la organización. «Ese cálculo es erróneo», decía la réplica, « pues la cotización de los socios de la OCU no se destina a financiar únicamente las actividades de la organización a nivel nacional, sino que se destina a gastos propios no incluidos en los 16.375.969 pesetas a que asciende el total de lo recibido en 1979 por la junta nacional». «En el actual estado de organización de la entidad», seguía, «las cuotas de los socios quedan en el ámbito regional, provincial y local y sólo en muy pequeña medida, es decir, 3.941.969 pesetas, han tenido entrada en la Caja Nacional».

Estas explicaciones -también por poco argumentadas- no convencieron en su día a amplios sectores de socios. Incluso, los dimitidos dirigentes de la junta madrileña aseguraban en un escrito hecho público el pasado 20 de mayo que «desde el abandono de la presidencia de Madrid, por parte del señor Salmerón, la mencionada junta nacional dejó de girar los fondos que, como distribución de la subvención recibida del Ministerio de Comercio para toda la OCU, correspondían a OCU-Madrid».

Estos directivos ponen aún mucho más en duda las cifras facilitadas por la OCU nacional, especialmente las referidas al número de socios y gastos de personal.

Con motivo de la solitc1tud de ingreso (mayo de 1978) en la unión Internacional de Organizaciones de Consumidores, la OCU declaraba tener de 10.000 a 15.000 socios, entre numerarios y adheridos. Tras las últimas acciones legales contra Telefónica, se recibieron en la OCU muchas cartas de adhesión. y solicitudes de nuevos socios, que ahora se elevan a 35.000 entre numerarios y adheridos, según la propia organización. Los numerarios -unos 17.000- pagan una cuota de entrada voluntaria y una cantidad al mes (también voluntaria) superior a las cien pesetas. Los socios adheridos pertenecen solamente a alguna de las agrupaciones de la OCU y pagan al año cien pesetas.

Uno de los directivos dimitidos asegura por su parte que en febrero de 1980 el número de socios de la OCU a nivel nacional no superaba los quinientos y que en la agrupación madrileña superaban escasamente los 140, «y si se nos quiere rebatir», asegura, «que enseñen los ficheros». En su opinión, la información que reciben los usuarios es tan escasa que su coste apenas cubre las cuotas que pagan, y las campañas de captación de la OCU son, en definitiva, una estrategia para aumentar listas de nombres con sus correspondientes números de DNI, porque así insistió en su día el Instituto Nacional del Consumo, que sería la base para distribuir las subvenciones.

«En la OCU», aseguran, «existen muchas irregularidades administrativas y contables». Ya en abril de 1979, la que fuera por tres meses escasos directora general de la OCU, Marta Díaz, elaboró un plan de medidas urgentes para el buen funcionamiento de la organización (el plan contaba con el apoyo de la presidencia) en el que se reconocía la necesidad imperiosa de contratar un administrador, «por lo menos, de media dedicación», y un control presupuestario, cuya falta originaba problemas con los proveedores.

Esta falta de planteamientos empresariales origina igualmente serias irregularidades administrativas en el serio de la OCU. A primeros de este año, cobraban regularmente de la OCU nacional, como empleados de la misma, unas diez personas, de las cuales tan sólo tres estaban dadas de alta en la Seguridad Social. Ylos salarios, de diversas cuantías. no están normalizados como nóminas;, por tanto, tampoco se ingresa en Hacienda Pública cantidad alguna en concepto de retenciones a cuenta sobre los mismos.