Minerva conocía la existencia de las cuentas especiales abiertas por Promocisa

La compañía de seguros Minerva cubrió el riesgo de la construcción de las viviendas de Promocisa en Móstoles, Torrejón de Ardoz y Villalba, en base, sobre todo, a las cuentas especiales abiertas en el Banco Industrial del Sur, con el número 12.690, y en el Banco Central, con el número 5.855. Después de que Promocisa fuera acusada públicamente de haber realizado una posible estafa en las tres urbanizaciones citadas, los dos bancos mencionados aseguraron a EL PAIS que tales cuentas no habían existido nunca.

Sin embargo, un redactor de este periódico tuvo ayer acceso a una serie de documentos relativos al seguro de la construcción de los pisos del Parque Estoril, en Móstoles, en los que la citada compañía aseguradora -dependiente del grupo financiero Rumasa- garantiza el riesgo en base a las citadas cuentas.Aparte del mentís dado por las entidades bancarias a la existencia de las cuentas especiales previstas en la ley de 1968 -creada especialmente para garantizar las entregas a cuenta de los compradores de pisos, después de que fuera descubierta, en dicho año, la estafa de la Nueva Esperanza-, la compañía Minerva, a través de un destacado ejecutivo de Rumasa, aseguró haber declarado la nulidad del contrado de seguro suscrito con Promocisa por la no existencia de las citadas cuentas especiales.

Minerva, de todas maneras, conocía, ya en el año 1977, la existencia de las dos cuentas especiales citadas y, además, la abiertas en los bancos de Bilbao (con el número 89.893), Ibérico (750.710), Mercantil e Industrial (122.704), Coca (35.229) y Santander (10.602).

La existencia de todas esas cuentas especiales, abiertas por Promocisa en cumplimiento de la ley 57/68, sirvieron para que las compañías de seguros aceptaran los riesgos que comporta una póliza de las características de la construcción de viviendas.

Pero la existencia de las cuentas no significa que en ellas fueran ingresadas -tal como prevé la ley- todas las cantidades entregadas a cuenta por los compradores de las viviendas. Sí establece esa existencia, sin embargo, la posible responsabilidad de los bancos en la liberación de cantidades de esas cuentas, por mucho que fuera a cambio de la entrega de parte del Inmovilizado patrimonio de Promocisa.

Los afectados por la presunta estafa de Promocisa, cerca de las 3.000 personas, continúan organizando sus posibles acciones legales de cara a conseguir la entrega de los pisos ya pagados o la devolución de su dinero.

La querella en sí está, al parecer, preparada ya. Sin embargo, su presentación no parece que vaya a ser inmediata, toda vez que los afectados han preferido esperar a que culminen los trabajos de investigación de Santiago Marín, el abogado del Estado nombrado por el Consejo de Ministros para presentar un informe sobre lo sucedido en el caso Promocisa. El plazo del que dispone el señor Marín para presentar dicho informe termina este mismo fin de semana.

A falta de dicho informe, todos los indicios parecen indicar que Promocisa destinó parte del dinero entregado a cuenta por los compradores a la adquisición de un patrimonio constituido básicamente por solares (más de 8.000 millones de pesetas), que no pudo ser realizado para concluir con él las obras de las tres urbanizaciones, los parques de La Coruña, Cataluña y Estoril.