La nueva receta médica unificada, arma fundamental en la lucha contra las drogas legales

La desviación de productos fármacos susceptibles de ser utilizados con fines de drogadicción es ahora uno de los frentes más amplios a cubrir por la policía, aunque parece que aún no todos los sectores sociales que pueden ayudar a su control han tomado una conciencia clara de la gravedad del problema. En la Primera Convención Sanitaria del Sindicato Médico Libre, celebrada en Tenerife del 29 de febrero al 9 de marzo últimos, se afirmó tajantemente que el peligro actual para la juventud no es el porro, sino las llamadas drogas legales.Las recetas falsificadas proliferaron como hongos cuando, entre otros motivos, a partir del año 1978 las farmacias retiraron paulatinamente sus existencias de fármacos estupefacientes (derivados del opio o la morfina) de sus anaqueles. Aunque el número de robos y atracos tiende a disminuir, está aumentando vertiginosamente la práctica de la falsificación de recetas.

Recetas burdamente falsificadas

La pericia, a veces, no es mucha. Sorprende saber que la policía ha recogido «recetas» consistentes en un papel, de folio común, donde en uno de los ángulos, a letraset y mal escrito, figuraba el nombre del doctor José Pérez, y debajo, ya escrito a mano, su supuesto número de colegiado. Nada más; ni un mísero sello ni dirección. El caso más llamativo corresponde al audaz que se atrevió a recortar de las páginas amarillas de la guía telefónica un anuncio de un médico, pegarlo en un folio y presentarlo como si se tratara de una receta normal. Lo curioso y lo grave al mismo tiempo es que el farmacéutico lo aceptó. Otras veces basta una hoja, tamaño bloc de bolsillo, de las utilizadas para tomar notas o pasar avisos, que lleve el membrete de la Cruz Roja.

Según declaraciones recogidas en el ámbito policial, el problema es de difícil solución y es preciso previamente la disposición de los que posibilitan la relativa tranquilidad de los consumidores ilícitos o traficantes. Es decir, que un impresor se niegue a imprimir talonarios si no es a través de un encargo debidamente comprobado, que las farmacias no admitan recetas sospechosas hasta que comprueben su legalidad, que los médicos no dejen talonarios firmados y sin rellenar en las salas de los ambulatorios, que el colegio de farmacéuticos obligue a sus afiliados a cumplir las disposiciones de control del Ministerio de Sanidad y, finalmente, que éste agilice los trámites burocráticos para desarrollar y dar fuerza legal a los convenios internacionales suscritos por España en materia de psicotrópicos.

Y si fuéramos a un análisis más global del problema, restringir a sus estrictas dimensiones médicas la elaboración de productos que parecen tener un fin más comercial que sanitario. Actualmente existen más de mil fármacos que llevan en su composición anfetaminas, barbitúricos y analgésicos. Anfetamínicos son 77 de ellos, entre los que destaca el Bustaid, inhibidor del apetito, cuyas ventajas médicas son similares a otros que, en cambio, no tienen sus ventajas eufóricas -para el consumidor- y sus peligros toxicómanos -para la policía-. El Bustaid no lo receta ya prácticamente ningún facultativo, lo que no impide que sea uno de los medicamentos más solicitados en las farmacias.

Los «moros» de las anfetaminas

Hace algún tiempo, en una reunión internacional, se calificó a España de paraíso de los psicotrópicos; de ser los moros de las anfetaminas, como Marruecos lo es del hachís. Razones no faltaban, puesto que la inmensa mayoría de dichos productos están retirados de la circulación en los países europeos o, cuando menos, se expenden bajo rigurosos controles.

En España no sólo falta por desarrollar una legislación, sino que lo legislado no se cumple. Centrándonos en el aspecto de las recetas falsas, una circular de la antigua Dirección General de Sanidad, recogida en el Boletín del Colegio de Farmacéuticos, en agosto de 1976, daba cuenta de las medidas de control obligatorias. Entre otras, se citaba que «los farmacéuticos, propietarios, regentes o titulares de las oficinas de farmacia vienen obligados, además de verificar los datos de nombre y firma del médico, número de colegiado y fecha de expedición de las recetas, cuando se trate de prescripciones de especialidades psicotrópicas, a solicitar, en el acto de, la dispensación, del enfermo o, en su caso, de la persona que requiera la dispensación, la presentación del documento nacional de identidad». Muy pocas farmacias cumplen con esta norma básica.

Esta disposición de Sanidad desarrolla en su escalón más bajo el convenio internacional de Viena de 21 de febrero de 1971, suscrito por España y que entró en vigor el 16 de agosto de 1976, publicado en el BOE de 10 de septiembre de 1976. El convenio tuvo su desarrollo en el decreto de 6 de octubre de 1977, donde se estipula que las recetas queden archivadas por espacio de dos años, que su validez no superará los diez días o que sólo pueda entregarse un envase por receta. Nada de esto se cumple.

En una orden del 11 de abril, los requisitos de control son aún más rigurosos: filiación completa del facultativo prescriptor, los diez días de plazo, tratamiento no superior a tres meses y la adecuación del formato del impreso de forma que se acabe con los muy variados que existen ahora. La orden ministerial daba un plazo de un año a la Dirección General de Sanidad para desarrollarla.

Han pasado más de tres, y todavía no se ha hecho. Es ahora cuando la Dirección General de Farmacia y Medicamentos ha elaborado un borrador por el que se establece que todos los médicos e instituciones privadas deberán utilizar un formato especial, igual que ocurre ya para la prescripción de estupefacientes. Los talonarios irán, además, numerados, y las matrices deben ser devueltas después de utilizados. Se prohíbe a los médicos firmar recetas hasta el momento de su entrega al paciente, así como que denuncien inmediatamente cualquier sustracción, lo que tampoco ahora se hace en todos los casos.