España en la era de la transición energética

La reciente declaración del Gobierno, según la cual la energía va a ser un sector de atención prioritaria, resulta tan oportuna y lógica que lo único que podría objetarse es por qué no ha sido hecha con anterioridad. Ciertamente, la década que acaba de terminar ha tenido como principal protagonista económico, en España y en el mundo, el problema planteado por las bruscas elevaciones del precio del petróleo. Como «década de la OPEP» se ha calificado con entera justicia. A título de recordatorio, baste señalar que en esos diez años, el precio del barril de crudo pasó de dos dólares a treinta, y no de forma suave y escalonada, sino de modo inesperado y súbito; básicamente, en dos ocasiones: tras la guerra del Yom Kippur (1973), en que los precios se cuadruplicaron, y tras el conflicto de Irán (1978-1979), en que los precios se duplicaron. El impacto negativo de cada una de estas dos bruscas elevaciones sobre las economías de los países de la OCDE se ha estimado en un 2% del PNB en cada ocasión.El momento actual podría caracterizarse como de tensión latente; pero situación tensa en la que, sin embargo, se va avanzando suavemente hacia la salida de la crisis (a menos que se produzca algún nuevo cataclismo). Esta opinión, relativamente optimista, la basamos en ciertos rasgos que indican que se está comenzando a aprovechar la experiencia pasada y a rectificar parte de los errores cometidos.

En primer lugar, por el lado de los países exportadores de crudos, la reciente reunión de Argel parece indicar un avance hacia lo que necesariamente tiene que ser una política favorable a los intereses del cartel: unificación de precios (con diferenciales regulados y limitados), escalonamiento de los mismos en el tiempo en función de ciertos indicadores objetivos y control de las producciones. Si esta voluntad llega a implantarse seriamente, quizá en la próxima reunión de Bagdad, en noviembre, los países de la OPEP se asegurarán mercados y rentas, al tiempo que los países importadores del mundo occidental terminarán con una de las incertidumbres que más están impidiendo la vuelta a las políticas de crecimiento.

En segundo lugar, por el lado de los países occidentales, también se ha sabido aprovechar la experiencia pasada, para no repetir los errores que siguieron a los acontecimientos de 1974. La crisis se ha tomado más en serio -en el sentido de reconocer no sólo su carácter coyuntural, sino también estructural-, los esfuerzos por contener la demanda energética han empezado a dar resultados en algunos países se ha logrado un excedente en los mercados de crudo internacionales, y, sobre todo, lo que es más importante, la respuesta social -básicamente, las revindicaciones salariales- ha sido mucho más contenída que tras la primera crisis, de forma que los costes laborales no se han disparado inútilmente para defender un imposible nivel de bienestar anterior, y las empresas se encuentran en una situación financiera mejor que hace cinco años, lo que no colapsará sus inversiones.

Por último, los precios de los crudos han llegado a tan alto nivel que, de alguna forma, puede suponerse que están cerca de su techo. Por una parte, esos altos precios han fomentado la entrada de energías alternativas o sustitutivas, como, por ejemplo, las pizarras bituminosas, que pronto entrarán en explotación en algunos lugares, y, por otra parte, a pesar de la reducida elasticidad de la demanda, los precios son tan altos que pueden estar ya induciendo menores demandas.

La materialización de las consideraciones anteriores, junto con otros aspectos, como el hecho de los elevados stocks acumulados, ha llevado a una relativa calma en los mercados de crudos durante los meses transcurridos en 1980. Naturalmente, entendemos por calma el hecho de que los precios spot se hayan aproximado a los oficiales, y que no existan grandes problemas de abastecimiento, si bien, con otros antecedentes, la situación presente no dejaría de ser calificada como de grave, dado el sucesivo incremento en el precio de los crudos a lo largo de todo el año, y el que va a continuar con motivo de la reunión de Argel.

El retraso español en la adaptación a la crisis energética

¿Dónde se halla situada España dentro de este cuadro general, cuyos rasgos más destacados acaban de exponerse? El plano en el que España se coloca en esta era de transición energética está acotada por dos ejes:- De una parte es necesario reconocer que nuestro país es uno de los peor dotados en recursos energéticos y, en consecuencia, de los que tienen una mayor dependencia respecto de la importación de crudos. Cerca de los dos tercios del consumo interior bruto de energía primaria corresponden al petróleo y un tercio se satisface por otras producciones nacionales. Esta dependencia explica que la brutal elevación del precio de los crudos signifique para nuestro país empobrecimientos relativos elevados. La reciente subida de precios del petróleo que estamos pagando en España en este ejercicio va a elevar nuestra factura por importaciones, como mínimo, en 6.000 millones de dólares más que en 1979. La caída en la relación real de intercambio de España frente al resto del mundo, producida por la última elevación de los crudos, se cifra en torno a un 12% o un 14%, lo que significa un 4% de la renta nacional española, estimación en la que coinciden prácticamente todos los cálculos.

- En segundo lugar, esta revolución de los precios de la energía que se inicia en los años 1973-1974 no se reconoció con la importancia y la gravedad que tenía por nuestro país. España -es decir, nuestras autoridades económicas y la sociedad en su conjunto- no reaccionó en los términos apropiados a la gravedad de la situación, postergando el planteamiento y la solución de sus gravísimos problemas energéticos para más adelante.

Es este plano problemático el que explica en.gran parte que España haya sido y sea uno.de los países más castigados por la crisis económica y que los signos externos de esa crisis -inflación, paro y estancamiento productivo- alcancen valores más elevados que en otras economías europeas.

Como es conocido, los pactos de la Moncloa iniciaron un ajuste duro y negociado ante la gravedad de la crisis, que posteriormente se continuó con mayor o menor rigor según los casos. En estas condiciones, el segundo impacto de la OPEP nos cogió en pleno proceso de reajuste, lo cual obligó al Gobierno a endurecer las medidas de política económica. En particular, la respuesta necesaria que hubo de darse fue, por una parte, elevar los precios de los productos energéticos y, por otra parte, forzar la aprobación de un plan energético nacional, cuya elaboración y discusión se había hecho interminable. En cuanto a la respuesta social, el empobrecimiento relativo de nuestro nivel de vida ha sido una píldora dificil de tragar, si bien hay que reconocer que se ha avanzado considerablemente en la actitud responsable de los agentes económicos y, especialmente, de los trabajadores, que han llegado a aceptar últimamente crecimientos salariales por debajo de la tasa de inflación.

Centrándonos en lo ocurrido en los últimos meses, desde nuestros últimos artículos publicados en esta misma sección sobre el tema energético (véase EL PAIS del 9 de diciembre, Esperando a la OPEP, y del 23 de diciembre, España y el petróleo, cuatro respuestas a cuatro preguntas), son tres las cuestiones que merecen algún desarrollo: ajuste de precios, política energética y respuesta social.

El primero de los temas ante, los que hay que tomar una actitud resuelta y decidida en materia energética es el de la fijación de los precios. El aplazamiento increíble sobre los precios interiores del encarecimiento internacional del petróleo en la crisis 1973-1974 ha originado la creencia en muchos españoles que la política de precios internos no tenía por qué ajustarse a los internacionales. Por otra parte, no son pocos los que creen que el alza de los precios petrolíferos no sirven para economizar o ahorrar sus utilizaciones y, en consecuencia, los precios no operan como racionadores del uso de la energía, según resultaría. necesario. Todas estas -creencias, es preciso afirmarlo rotundamente, carecen de fundamento. España es pobre en recursos energéticos y no puede, en manera alguna, aislarse de los precios que determina el mercado internacional. En segundo lugar, es preciso afirmar que la corrección de los precios de la energía raciona y limita su uso y que esa política de precios es un mecanismo de asignación eficiente de los recursos, del que, en manera alguna, puede prescindirse.

Hechas estas afirmaciones, es preciso añadir algunas más, porque resulta evidente que la política de precios es una condición necesaria -aunque, en modo alguno, suficiente- para orientar una política energética, y, por otra parte, ese ajuste de los precios internos a los internacionales debe ser asistido con una información puntual y minuciosa para que sea aceptada por la sociedad. Desde este último punto de vista, debe subrayarse que los argumentos recientemente manejados para alterar el precio de los productos petrolíferos pueden ser correctos, pero que la ausencia de cualquier cuantificación de esos argumentos los hacen inaceptables. Es indudable que durante los meses del corriente años se ha producido un incremento en el precio de los crudos importados, y también lo es que la caída del tipo de cambio de la peseta justifica unas correcciones adicionales. Pero, ¿cuál es la cuantía precisa de unas y otras variaciones? ¿En cuánto han variado los precios medios de los suministros exteriores y el tipo de cambio? A estas preguntas no hay respuesta en las recientes declaraciones de las autoridades, y debería haberla, porque una información seria debe constituir la piedra angular para reclamar la aceptación social de una política en la que tanto nos jugamos todos, como es la política energética nacional.

En la reciente elevación de precios también existen algunas incógnitas más: la diferenciación efectiva entre las diversas tasas de crecimiento de los precios, según los productos, parece responder a una política discriminatoria para acabar con ciertas subvenciones no suficientemente justificadas, pero tampoco se nos ha dicho cuáles son exactamente los criterios que han presidido estas discriminaciones. Los ingresos fiscales del Estado por estos conceptos se han tenido necesariamente que alterar, pero el ciudadano de a pie todavía no sabe si con motivo de estas elevaciones de precios los ingresos del Estado han aumentado o han disminuido. En otras palabras, una política de precios realista está plena y totalmente justificada, pero esa política ha de ser transparente, y sin esa transparencia es dificil obtener una respuesta social sacrificada y responsable a las decisiones políticas en materia de energía.

Los nuevos precios de los productos petrolíferos y la inflación española

Resulta inevitable que una política de precios realista altere el nivel de precios interno en la medida en la que el mercado internacional varía. El año 1980 ha arrancado ya con una hipoteca inflacionista, debida al alza de los precios energéticos, que un trabajo publicado en esta misma sección estimó en tres puntos del índice de precios al consumo, tras las decisiones que siguieron a la Conferencia de la OPEP en diciembre.La reciente elevación decretada en los precios petrolíferos, y que va desde un 7% en la gasolina hasta un 21 % en el gasóleo empujará de nuevo a los precios al alza. ¿En cuánto aumentará el índice de precios de consumo a consecuencia de esta variación, recientemente decretada en los precios de los productos petrolíferos?

Contestar a esta pregunta constituye un ejercicio que debe empezar por clarificar los mecanismos posibles a través de los cuales el alza de los precios petrolíferos incide sobre los costes y precios de una economía nacional.

Tres son los impactos posibles sobre los precios derivados del mayor precio del petróleo:

- Un primer impacto de la elevación de los precios de la energía se produce sobre todos aquellos sectores que la utilizan directamente para llevar a cabo sus procesos productivos.

- En una segunda fase, si las producciones de determinados sectores son factores productivos utilizados por otros sectores, y tales factores incorporan un cierto contenido energético, el efecto inflacionista se amplifica al trasladar costes a precios.

Por último, la posible indiciación de salarios, de beneficios o de impuestos, en el sentido de que los perceptores de estos tipos de rentas traten de mantener una capacidad adquisitiva constante, constituye un mecanismo adicional a través del cual la inflación se refuerza. En última instancia, el propio sector energético puede verse inducido a elevar nuevamente los precios, si no desea que el precio real de la energía experimente una reducción. De ello se desprende un equilibrio inestable, en el cual la inflación es el mecanismo utilizado por los distintos agentes económicos para tratar de acrecentar su participación en la renta global. Pero el alza de precios frustra tales deseos y el proceso tiende a autoalimentarse indefinidamente.

El análisis de los efectos inflacionistas que seguidamente se expone se basa en la hipótesis de que los distintos sectores trasladan los costes a precios, lo que les permite mantener un valor estable de sus beneficios monetarios. De igual forma, se supone que los salarlos monetarios permanecen constantes. Nótese que la constancia de beneficios monetarios y de salarios monetarios implica la reducción en términos reales de beneficios Y salarlos. Así, pues, de estas consideraciones se desprende que la estimación de efectos inflacionistas, más que recoger la inflación propiamente dicha, lo que trata de captar es el límite inferior de esta inflación inducida. Es decir, partiendo de un incremento de precios de la energía, si los distintos sectores únicamente se limitan a trasladar costes a precios, que es la hipótesis más optimista, cual es la inflación inducida que, como mínimo, debe producirse. De hecho, la inflación real puede ser más elevada, en la medida en que los distintos sectores no solamente traten de trasladar costes a precios, sino que pretendan mantener un nivel de beneficios reales constante (es decir, un nivel de benefricios monetarios creciente), y los perceptores de rentas salariales no se contenten con mantener unos salarios monetarios constantes, sino que traten de defender su capacidad adquisitiva. De darse esta indicación de beneficios y de salarios, el efecto inflacionista final sería más elevado que el que seguidamente se expone.

Otra consideración adicional que es preciso tener en cuenta en el momento de enjuiciar estos efectos es la relativa a la tabla input-output, que fundamenta tales cálculos. Concretamente, la tabla input-output utilizada ha sido la correspondiente a 1975, y, en consecuencia, sus transacciones interindustriales se corresponden a unos precios imperantes en esta fecha. En la medida en que desde 1975 hasta la actualidad el índice de precios de los productos energéticos haya crecido rnás que el índice de precios de los demás sectores, posiblemente, con respecto a la estructura de costes de las empresas, el contenido energético sea mayor que el que se deduce de la información estadística disponible. Si este es el caso, el cálculo realizado de efectos inflacionistas derivados de la elevacíón del precio de los productos energéticos, también tiende a infravalorar este efecto, dado que no toma en consideración el incremento del peso que desde esta fecha hasta la actualidad se ha producido con respecto a la energía dentro de los distintos sectores.

Como contrapartida, no obstante, otro punto sobre el que quizá convenga llarnar la atención es que este cálculo del efecto inflacionista se basa en el análisis de dos situaciones de equilibrio. Es decir, una situación de equilibrio inicial antes de la elevación de los precios de la energía, y una situación de equilibrio final después de que, como consecuencia de la elevación de precios de la energía, los distintos sectores productivos hayan ajustado precios a costes, de forma que ello haya permitido trasladar plenamente el crecimiento de los costes. Este análisis omite la probable estructura de desfases que lógicamente debe producirse entre la elevación de costes y la consiguiente repercusión sobre los precios.

Pues bien, en base a estas hipótesis, el efecto inflacionista que finalmente se calcula sobre el índice de precios del consumo se sitúa en un 1,12 %. Ello es el resultado de un impacto directo que se produce como consecuencia de la elevación de precios de la gasolina y el butano, y que se sitúa aproximadamente en el 0,40%, «más» un efecto inducido derivado de la traslación de los costes a precios por parte de los distintos seetores, y cuya magnitud es de un 0,72%. Obviamente, el impacto directo se produce inmediatamente, en el momento en que se decreta la subida de los precios de los productos derivados del petróleo. En cuanto al efecto inducido, su plena acción exige el transcurso del tiempo.

Como es lógico, a nivel sectorial, son aquellos sectores que más directamente utilizan la energía los que, a su vez, resultan afectados de una forma más directa por la elevación del índice de precios de la energía. En este caso cabe resaltar, por ejemplo, el sector productor de energía eléctrica, cuyo efecto inducido sobre precios se halla alrededor del 3%; fabricación de cemento, con un efecto entre el 3% y el 4%, o bien el transporte terrestre, con un efecto próximo al 2,5%; en el transporte aéreo la repercusión es aún mayor (2,9%). Menor elevación, pero apreciable, registrará la fabricación de abonos y plaguicidas, con un alza del orden del 2%. También se verán afectadas en forma apreciable la pesca (3,6%) y la producción agrícola (1,7 %).

Si bien estos efectos sectoriales pueden parecer inicialmente poco significativos, la importancia de la inflación inducida por la elevación del precio de la energía se produce precisamente en el momento en que los distintos agentes económicos no admiten esta elevación de precios como un empobrecimiento real y tratan de trasladar la carga hacia otros grupos indiciando sus rentas. En este caso, como ya se ha apuntado, el efecto inflacionista se convierte en un proceso que no tienen fin. A largo plazo puede acelerarse la inflación y la economía puede experimentar un empobrecimiento todavía más acusado que el empobrecimiento inicial derivado del aumento de los precios de la energía. De ahí la importancia de evitar la segunda ronda de la inflación de costes que tendría lugar si las rentas del trabajo y otras rentas reaccionasen frente a estas elevaciones al alza. El ejemplo del comportamiento europeo en esta segunda crisis de la energía debe servirnos a todos para adoptar actitudes responsables y considerar como inevitable el sacrificio de nuestras rentas, reclamado por las alzas de precios del petróleo.

Seguimiento del PEN

El Plan Energético Nacional está técnicamente mal construido y políticamente sesgado. Son estas dos deficiencias posiblemente inevitables, por la dificultad que entraña su elaboración y por los intereses a que afecta. Pero olvidándonos de estas dos cuestiones, es necesario reconocer que es un instrumento valioso para ordenar una política energética coherente y que, de hecho, se está avanzando en la buena dirección. La importancia que se está dando al carbón, el relanzamiento de la energía nuclear, la incipiente restructuración del sector de refino, el apoyo al ahorro y conservación de la energía, la reconversión de ciertos consumos energéticos, etcétera, son importantes muestras de que la máquina gubernamental no está parada, y el hecho de que la demanda energética global está de alguna forma contenida y mejor diversificada puede servir, en parte, para corroborar dicha afirmación. Sin embargo, también es preciso reconocer que a veces se siguen criterios contradictorios, que la delimitación de las responsabilidades del sector público en este terreno no están claras y que todavia nos movemos más en el mundo de las declaraciones voluntaristas que en el de las realizaciones efectivas, y, sobre todo, que no se repasan públicamente con periodicidad los objetivos conseguidos y los que no se han alcanzado del programa energético. Un programa tan importante como el de la energía para la sociedad española debe merecer un tratamiento serio por parte de todos, seriedad que obliga a contrastar con frecuencia los objetivos pretendidos para cada fase del programa, las deficiencias en las realizaciones y las causas que las explican. Toda la sociedad debe embarcarse en el programa energético que la afecta, y ello requiere rendir cuentas minuciosas del estado de ejecución de ese programa.

La respuesta social a la crisis energética

Llegamos finalmente al punto principal de la estrategia para salir de la crisis, no sólo energética, sino económica en general. Todas las medidas imaginables que pueda acometer el Gobierno no serían suficientes si la sociedad no muestra una actitud responsable y consciente frente a la crisis. La sociedad española ha dado pruebas suficientes de que es capaz de ello, siempre que se den un conjunto de circunstancias: 1. Que el Gobierno dé muestras de firmeza y coherencia que le permitan ganar la confianza del pueblo español. Para ello, se requiere disciplina en los gastos públicos, seriedad en el manejo de los instrumentos de la política económica (especialmente los redistributivos), identificación explícita de objetivos que desean alcanzarse, coherencia, en fin, con los medios de que se dispone. 2. Que los empresarios admitan el necesario trauma de la reconversión de sus empresas, de acuerdo con las coordenadas de la nueva división internacional de recursos y factores, y que estén dispuestos a invertir en todos aquellos proyectos viables que únicamente requieren la asunción del riesgo que es consustancial con su propia naturaleza. 3. Que los sindicatos profundicen en la doble responsabilidad social que tienen en cuanto moderadores de las tensiones inflacionistas y en cuanto propiciadores de las condiciones que permitan aumentar el número de puestos de trabajo, al tiempo que aceptan las reconversiones necesarias para la viabilidad de las empresas. 4. Que los consumidores admitan la reducción directa en su nivel de bienestar individual, al tiempo que reclaman su compensación con las mayores oportunidades de crecimiento de las inversiones, de desarrollo nacional y de progreso, bases de un empleo creciente, la gran necesidad actual de todas las sociedades y, desde luego, de la nuestra.