El PNV corrigió su posición inicial y apoya la celebración de un referéndum sobre la central de Lemóniz

Entre gestos de protesta de la oposición parlamentaria por la actuación del presidente y en un clima de enfrentamiento dialéctico no exento en ocasiones de golpes de humor, discurrió ayer en Bilbao la segunda sesión del Pleno del Parlamento vasco, que aprobó, con los votos en contra de UCD y AP, un dictamen por el que la Cámara insta a «las autoridades competentes» para que no se proceda a la traída de uranio a la central nuclear de Lemóniz hasta tanto no se celebre un referéndum popular sobre la conveniencia o no de su puesta en marcha.

La sorpresa la proporcionó el grupo del PNV, que en el momento de iniciarse la sesión de la mañana presentó una enmienda de adición al dictamen de la comisión sobre el tema de Lemóniz (aprobado a favor con los votos del PNV y UCD y en el que no se hacía referencia al mencionado referéndum) en la que se pronunciaba a favor de la consulta.La campaña desatada fundamentalmente por1a izquierda parlamentaria contra el PNV, al conocerse su posición en la comisión contraria al referéndum acusa al partido del Gobierno vasco de contradicción con sus promesas al respecto e incluso con la expresa referencia que del referéndum hizo Garaikoetxea el día de su elección como presidente de la campana parece ha movido a los peneuvistas a variar su criterio y enmendar un dictamen que habían sacado precisamente ellos adelante.

Con todo, la sesión de ayer, al margen del debate estrictamente político, volvió a registrar un ambiente de permanente contestación hacia la actuación del presidente de la Cámara, el peneuvista Juan José Pujana, que fue calificada de estentórea y a veces extemporáneamente como restrictiva y arbitraria, en lo que se refiere a la aplicación del reglamento del Parlamento, que de forma provisional se rige por las normas del Congreso de los Diputados español.

La queja de la izquierda parlamentaria contra la presidencia, y de manera indirecta al PNV, tenía su origen en la reunión de la Junta de Portavoces y Mesa del Parlamento, celebrada previamente al inicio de la sesión del Pleno del jueves. PSOE, PCE y Euskadiko Ezkerra y AP -UCD se abstenía- propugnaban que se permitiera a los grupos de la Cámara un turno de intervención de portavoces para una declaración de intenciones sobre los temas con los que se había elaborado un dictamen en comisión con posterioridad a la lectura del mismo. El grupo del PNV impuso su criterio fijando únicamente la posibilidad de que, tras la lectura del dictamen, cabría únicamente intervenciones de los grupos que hubieran presentado votos particulares y una explicación del voto al término de la votación. La izquierda parlamentaria aprovecharía cualquier ocasión en las sesiones del jueves y de ayer para recriminar esta actitud de los nacionalistas, tendentes, según afirmaban, a impedir la celebración en la Cámara de un verdadero debate sobre los temas planteados.

La rígida puesta en práctica del acuerdo de la Junta de Portavoces y la escasa flexibilidad del presidente provocaron momentos de gran tensión.

El primer tema tratado por el Pleno fue un dictamen «sobre la Junta de Seguridad», en el que, únicamente con la abstención de AP, el Parlamento vasco acuerda «instar el nombramiento de la representación del Estado en la Junta de Seguridad a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Autonomía vasco, a fin de que, constituida con los representantes de la comunidad autónoma, designados por el Gobierno vasco, inicie el cumplimiento y desarrollo de todas las funciones que en virtud del Estatuto le corresponden».

Por unanimidad, y tras un tenso debate, el Pleno aprobó un dictamen por el que se crea una «comisión especial de investigación y encuesta sobre derechos humanos» para «constatar toda clase de violaciones a los derechos humanos que se produzcan; dar traslado de sus estudios y conclusiones a las instituciones y personas que resulten oportunas, proponiéndolo así al Parlamento, e instar de igual forma las acciones legales que procedan».

El punto del día esperado con verdadera expectación era el debate en torno al dictamen sobre la central nuclear de Lemóniz. Dicho dictamen, aprobado en comisión por el PNV y UCD, con el voto en contra del PSOE, PC y EE y la abstención de AP, acuerda crear una comisión de encuesta «con el que realizar una profunda investigación tanto sobre las condiciones técnicas y legales del proyecto, construcción y posible explotación de la central nuclear de Lemóniz, como sobre las repercusiones que la misma supone en el orden económico y social».

Movido quizá por el temor a la impopularidad y por propia coherencia, al inicio de la sesión el grupo nacionalista vasco presentó al Pleno una enmienda en la que rectificaba su posición en el dictamen propugnando la consulta popular «después de concluida su labor por la comisión de encuesta y acordado por el Parlamento vasco lo que proceda sobre el dictamen de aquélla».

UCD y AP, en contra

Con esta corrección del PNV, el dictamen fue aprobado con los votos en contra de AP y UCD, que, sin embargo, votaron a favor de que se produzca el proceso de investigación y de debate público. Con los votos en contra de los dos citados grupos y del PNV fue derrotada una enmienda de Euskadiko Ezkerra -que apoyaban PC y PSOE-, tendente a la paralización de las obras de la central de Lemóniz hasta que el proceso de investigación, debate y referéndum no se lleve a cabo.Los debates sobre este tema sirvieron para poner de manifiesto la existencia de dos orientaciones de fondo, divergentes.

Esta diferente óptica tuvo ocasión de verificarse en el debate sobre si la paralización inmediata de las obras era o no condición previa al inicio del proceso de información-debate-referéndum aceptado por la mayoría. Los socialistas consideraron que cualquier otra alternativa implicaría seguir una política de hechos consumados y, en definitiva, «predeterminar el resultado del pronunciamiento popular». La argumentación de Emilio Guevara, portavoz nacionalista, sobre este punto se basó en dos efectos económicos de la paralización, tanto por lo que suponía de paralización de inversiones como de incremento del paro.

Javier Olaberri, de EE, recordó que de los 180.000 millones de pesetas de inversión previstos quedan por invertir unos 40.000 millones, cifra que no podría ser «despilfarrada en un proyecto que está en el aire». Para Guevara (PNV), si se cuenta lo que habría que satisfacer en indemnizaciones a terceros, subsidios, etcétera, la diferencia sería de unos 10.000 o 15.000 millones de pesetas, lo que supondría un riesgo menor que el de paralizar todo el proceso durante un año -hasta el referéndum- más los dos o tres meses necesarios para reanudar los trabajos.

Debate sobre Navarra

Una proposición no de ley sobre el tema de la posible incorporación de Navarra a las instituciones autonómicas vascas dio origen, finalmente, al último debate político de la jornada. La comisión había elaborado un matizado dictamen, que contaba con el apoyo de PNV, EE y PC, por el que se «insta a los partidos políticos representados en el Parlamento vasco a, la adopción conjunta de iniciativas en Navarra para que desde el respeto estricto a la voluntad de los navarros se impulse el sistema legal previsto para posibilitar la participación de Navarra en las instituciones autonómicas vascas».Ninguno de los grupos proponentes ocultó, al defender el texto del dictamen, que su argumentación iba fundamentalmente dirigida a convencer al partido socialista de la necesidad de variar el rumbo actual del PSOE sobre esta cuestión, recordándole los compromisos contraídos al respecto en el «pacto autonómico» firmado poco antes de las elecciones de junio de 1977. Los socialistas, por boca de Txiki Benegas, comenzaron anunciando su intención de abstenerse, por una parte, y su voluntad, por otra, de no entrar en el fondo del debate.

Para Txiki Benegas, en efecto, la proposición presentada, que calificó de testimonial, no sólo «no resuelve el problema planteado y que tan hondamente está dividiendo a los navarros», sino que «sólo servirá para herir susceptibilidades y justificar las acusaciones de injerencia».

Los portavoces de EE, PC y PNV -este último con el apoyo del presidente Garaikoetxea, que intervino desde el banco del Gobierno- insistieron en la necesidad de evitar la consolidación de una situación de hecho que está impidiendo que hable Navarra. «No se trata», señalaron, «de imponer ninguna solución, sino de propiciar esa concertación necesaria para que el pueblo navarro decida libremente». Mario Onaindía fue más lejos, al asegurar que la «posición ambigua del PSOE, lejos de ayudar a superar democráticamente la división actual de los navarros, favorece las posiciones de los que quieren imponer soluciones no democráticas».

El dictamen fue finalmente aprobado con los votos favorables de PNV, EE y PC (treinta votos), la oposición de UCD y AP (seis votos) y la abstención del PSOE (ocho votos).