250 familias de San Isidro pueden ser expulsadas del barrio

Unas 250 familias que habitan en el Camino Alto de San Isidro aguantan desde hace doce años la amenaza de verse expulsadas de sus viviendas a causa de la existencia de un plan parcial que se encuentra en situación irregular.El polígono del Camino Alto de San Isidro comprende catorce calles, limitadas entre el cementerio y la calle del General Ricardos, actualmente ocupadas por infraviviendas de muy mala construcción. Cercanas a este núcleo urbano existe otro centenar de chabolas que se bambolean en las márgenes de un arroyo maloliente. Las lluvias se han cebado siempre en esta amplia zona de chabolas e infraviviendas, como lo demuestran los dos muertos que originó la riada del 13 de junio de 1959. A lo largo de los siguientes años se han contabilizado hasta cinco riadas más de importancia, amén de incendios, derrumbes de chabolas y mil incidentes más.

Lo curioso es que las familias que habitan las viviendas más decentes no han podido arreglarlas porque de siempre ese polígono estaba calificado corno zona verde de ampliación del parque de San Isidro. Sin embargo, en 1969, el ayuntamiento, gerencia y Coplaco aprobaron un plan parcial que condenaba a la gran mayoría a la simple expulsión del barrio. La junta de compensación que debe gestionar el desarrollo del proceso urbanístico, cuyos pasos más importantes son dejar limpio el terreno (expulsión) y construir las nuevas viviendas, no ha llegado a funcionar nunca.

Irregularidades en la junta

La junta tiene serias irregularidades, entre ellas que no está formada por el 80% de los propietarios de la zona, todos ellos dueños de parcelas muy pequeñas. Al no tener presencia en la junta ni medios económicos, su destino es ser expropiados por aquélla y expulsados del barrio.La junta no ha cumplido tampoco mínimamente con sus obligaciones legales, que estipulan que el comienzo de la urbanización debe realizarse en el plazo de los quince meses desde la aprobación del plan parcial. Es este hecho uno de los argumentos esgrimidos por los vecinos afectados ante Coplaco y la Gerencia de Urbanismo para intentar que se declare extinguida la junta y se cambie el sistema de compensación por el de expropiación. Esta segunda fórmula implica que sería un organismo oficial (Coplaco, utilizando fondos del INV) quien compraría el terreno a los actuales propietarios y construiría las nuevas viviendas, respetando el derecho de las familias a continuar en su barrio si así lo desean. Los vecinos se apoyan también en el compromiso contraído por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en el sentido de asegurar la permanencia en los barrios en remodelación.