Las torpezas de Hacienda

Cuando prácticamente la mitad de los españoles, en función de la inicial de su apellido, ha presentado ya su declaración del impuesto sobre la renta, el Ministerio de Hacienda ha vuelto a hacer uso del Boletín Oficial del Estado para aclarar determinadas deducciones de gastos. Falta por saber si la orden ministerial tendrá efectos retroactivos para quienes ya han efectuado la declaración.Es de suponer que sí, aunque, en buena ley, muchos contribuyentes podrían alegar daños y perjuicios, máxime cuando los aspectos oficialmente aclarados ahora, han sido objeto de interpretaciones diferentes en semanas anteriores por parte de altos cargos del mencionado ministerio.

Sin entrar en la idoneidad de unas u otras interpretaciones sobre las deducciones de gastos, las tardías aclaraciones de Hacienda producen, al menos, la sensación de que se está improvisando, y en suma dan una imagen de falta de seriedad. La campaña de credibilidad en la hacienda pública y de concienciación al contribuyente para que cumpla con sus obligaciones comunitarias, iniciada por Fernández Ordóñez y que prosigue estos días con anuncios en prensa y en televisión, queda seriamente en entredicho.

El desencanto del ciudadano, que se ve obligado ahora a desembolsar fuertes cantidades, se alienta con este tipo de actuaciones de la Administración. Al pecado electoralista de reducir las retenciones en 1979, que probablemente favorecieron a UCD en las elecciones del 1 de marzo, pero que hoy provocan innecesarios sobresaltos en los estratos más débiles de la población (son quienes mas tienen que pagar proporcionalmente a sus ingresos, al haber disfrutado de menores retenciones), se añade ahora la absoluta incapacidad de Hacienda para dar una imagen de buen hacer y de coherencia al contribuyente.

El anuncio de un incremento de uno o dos puntos en las retenciones por renta a partir del 1 de julio próximo equivale a que los salarios a percibir disminuyan justo en el mes en que los gastos del trabajador se disparan a cuenta de las vacaciones. Una vez más, la falta de oportunidad de Hacienda para poner en marcha esta medida, necesaria sin duda, es patente.

Y todo ello, además de socavar la confianza del ciudadano en la Administración y provocar irritaciones innecesarias, favorece a quienes conscientemente han emprendido una auténtica ofensiva contra la reforma fiscal de Fernández Ordóñez, orquestando con finalidad política el malestar existente entre los contribuyentes.