Bayón informó a la comisión del Congreso de la subida de precios energéticos

El Gobierno ha procurado practicar la política de precios energéticos definida en el Plan Energético Nacional, de manera que dichos precios respondan a los costes reales y a la fiscalidad aprobada por el Parlamento, manifestó el nuevo ministro de Industria y Energía, Ignacio Bayón, ante la comisión correspondiente del Congreso, en su primera comparecencia ante la misma.

Los criterios básicos, según el ministro, han sido los siguientes: repercutir en su integridad en los precios finales de los productos energéticos los incrementos producidos en los crudos; preservar los ingresos fiscales del Estado obtenidos por la venta de productos petrolíferos; reducir y suprimir aquellas subvenciones de dichos productos que no tuvieran una justificación clara en el carácter social del consumo a que fueran aplicadas, y utilizar la necesidad de reajuste para racionalizar la estructura de los precios mediante la aproximación a la estructura europea.En la actualidad, y en función del citado planteamiento, el precio promedio de adquisición del barril de crudo importado es de treinta dólares; los ingresos totales fiscales procedentes de la venta de productos petrolíferos se estiman en 185.000 millones de pesetas (sobre una paridad estimada de setenta pesetas por dólar), y todo ello manteniendo las subvenciones establecidas con anterioridad, con excepción de un incremento de 4.000 millones de pesetas en el conjunto de aquellas que, por distintos conceptos, benefician al sector agrícola y que ascendían a 15.000 millones de pesetas.

La subida del combustible es una solución «coyuntural», y por ello creemos -señalaron las mismas fuentes- que la solución de la problemática de costos, derivada de la subida del gasóleo, no se resuelve mediante el incremento de las tarifas, ya que «es base fundamental el cumplimiento de tarifas y el iniciar la reestructuración y ordenación del sector para salir de la crisis en que se encuentra».

Entre las reivindicaciones del paro se solicita el cumplimiento de la ley del Transporte y control efectivo del transporte por carretera, declaración administrativa de portes, centros para la distribución y control de cargas y la implantación de un nuevo decreto sancionador para evitar las ilegalidades de intermediarios e intrusos.