Obras Públicas solicita multas quincenales de 300.000 pesetas por deficiencias en un edificio

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ha abierto expediente sancionador, por faltas calificadas como «muy graves», contra los promotores de un edificio de 108 viviendas de protección oficial, construido en 1972 y ahora declarado en «ruina parcial inminente». Entre los miembros de la sociedad promotora -Comunidad de Bienes Faro- figura el último alcalde franquista de León, Oscar Rodriguez Cardet, y varias personas vinculadas familiarmente a éste.

La Delegación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) en León ha solicitado la imposición de varias multas, por un valor de unas 300.000 pesetas cada una, con periodicidad quincenal, y el pago de una cantidad que oscila entre dos y cinco millones al Instituto Nacional de la Vivienda, en concepto de costes de restauración del inmueble, en el supuesto de que las obras tengan que ser finalmente realizadas por este organismo. Las multas se basan en la negativa de los promotores a cumplir una orden del ministerio, que data de 1949, por las que se les obliga a reparar las numerosas deficiencias existentes en el edificio.Las posibles sanciones del Ministerio, que han sido remitidas a Madrid para su aprobación definitiva, dada la elevada cuantía de las mismas, han sido motivadas por una demanda de los vecinos y del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, próximo a la capital, al que pertenece el edificio Faro. Este presenta numerosas grietas en las cuatro paredes exteriores, que han dado lugar, según apreciaciones de los técnicos, a un progresivo proceso de ruina, con amenaza de desprendimiento de los materiales y riesgos para terceras personas, todo lo cual obligó a que el ayuntamiento ordenara hace seis meses el vallado de los alrededores.

Actualmente, el edificio presenta en su fachada principal varias planchas de piedra a punto de caer, junto con algunos huecos correspondientes a materiales que se derrumbaron pocos días después de que el ayuntamiento se decidiera a vallarlo. Esta medida había sido comunicada meses atrás al gobierno civil y al propio ministerio, con la advertencia de que el ayuntamiento, que no había obtenido respuesta en los requerimientos hechos a la sociedad promotora para que procediera a la reparación del inmueble, declinaba toda responsabilidad en el tema. En el mismo escrito se solicitaba de¡ gobierno civil la adopción de medidas -multas gubernativas- no contempladas en las competencias municipales, para apoyar la actuación del ayuntamiento.

En los informes elaborados por los técnicos del ayuntamiento se cifra en cinco millones de pesetas el coste de las obras necesarias para garantizar un «mínimo de seguridad», habiéndose propuesto que éstas sean llevadas a cabo por el propio Instituto Nacional de la Vivienda y presentadas más tarde a los promotores para su cobro por vía ejecutiva. La propuesta, que carece de precedentes en toda la región, se justifica, según fuentes oficiosas, en las repetidas negativas de Comunidad de Bienes Faro a atender las demandas de los damnificados y de los distintos organismos oficiales, tras varios años de pleitos y negociaciones infructuosas entre el ex alcalde, la comunidad de vecinos y el ministerio.

Con quince plantas -tres de ellas dedicadas a locales comerciales, aunque nunca han llegado a ocuparse-, el edificio Faro fue desde sus comienzos una fuente permanente de conflictos. Las primeras protestas de sus vecinos fueron presentadas al entonces Ministerio de la Vivienda en 1973, se denunció la aparición de las primeras grietas en la estructura interna y externa, deficiencias en varios servicios, irregularidades de tipo administrativo. En febrero de 1977, el Ministerio de la Vivienda dio un plazo de sesenta días a los promotores para proceder a la reparación del inmueble e impuso varias multas por valor de 350.000 pesetas, cuya cuantía fue rebajada más tarde, previo recurso de la sociedad promotora, que alegaba en su favor el «visto bueno» dado por el Ministerio a determinados aspectos del proyecto de obra, luego considerados como inadecuados.

Demandados por injurias

En marzo de 1978, veintidós de los 108 inquilinos del edificio fueron demandados ante los tribunales por el entonces alcalde de León, Oscar Rodríguez Cardet, bajo la acusación de injurias graves a su persona, por la publicación de una carta abierta en la prensa local, en la que se denunciaban algunas de las irregularidades antes citadas. En la demanda, que no llegó a prosperar, se solicitaba a los vecinos una indemnización de cinco millones de pesetas en concepto de «daños morales». En 1979, la sociedad promotora solicitó de los propios vecinos y del ayuntamiento permiso para reconvertir en viviendas -veinte en total- las plantas del inmueble proyectadas como locales comerciales, lo que le fue denegado, por estimarse que ello supondría agravar los problemas de infraestrucutra urbanística. Posteriormente, la promotora Comunidad de Bienes Faro y la sociedad constructora Ferosca, pertenecientes ambas a las mismas personas, se autodisolvieron para crear en su lugar una sociedad anónima (Prosyfinsa), a la que se esperaba transferir las deudas y responsabilidades de las anteriores. Coincidiendo con la constitución de la nueva sociedad, tres de los vecinos presentaron querella criminal contra los promotores por un supuesto delito de estafa y venta ilegal de viviendas comprometidas con terceras personas. La querella, según los demandantes, se basaba en un presunto intento de expulsar de sus viviendas -transfiriéndolas a Prosyfinsa- a tres miembros de la comunidad de vecinos especialmente «molestos» para el grupo promotor, lo que no fue admitido por el tribunal.En sus últimas actuaciones, el MOPU se ha negado a reconocer a Prosyfinsa como nueva sociedad promotora, por estimar que podría encubrir un intento de eludir las antiguas responsabilidades, limitándolas a la ley de Sociedades Anónimas.