La Administración pierde la facultad de suspender la exhibición de películas
El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto por el que la Administración pierde la facultad de impedir la exhibición de una película aun cuando presuma que pudiera ser constitutiva de delito. Asimismo, el Gobierno dio su conformidad a la regulación de la campaña cerealista y aprobó una subida de cuatro pesetas en el precio de las gasolinas, junto con aumentos en los precios de otros productos energéticos (véase páginas 46 y 48).El decreto sobre actividades cinematográficas, aprobado ayer por el Consejo, contiene vanas modificaciones a la regulación hasta ahora vigente. De acuerdo con la información facilitada oficialmente, se sustituye la licencia de exhibición por la clasificación por edades de los públicos y se suprime la facultad de impedir administrativamente la exhibición de una película. Queda a salvo, no obstante, la facultad de informar al ministerio fiscal y a la parte interesada sin la suspensión automática de la licencia de exhibición que regía hasta ahora.
El Consejo aprobó el nuevo salarlo mínimo interprofesional, que a partir de ahora será de 759 pesetas diarias (22.770 al mes), con efectos desde el 1 de junio. Esta elevación supone un incremento del 9,6% respecto al hasta ahora vigente, que había sido fijado en octubre pasado. Entre los factores valorados para esta subida figura la mejora de la productividad media nacional, así como la tendencia creciente a la participación del trabajo en la renta nacional.
El Gobierno autorizó también la firma de un convenio de pesca con Angola, que permitirá a un centenar de barcos españoles faenar en aguas de dicho país. Asimismo se aprobaron ayudas para los concesionarios de los viveros flotantes de moluscos, afectados por los temporales sufridos por Galicia en el invierno de 1978-1979, que ocasionaron la declaración de zona catastrófica.
Igualmente ha sido autorizada la adjudicación a Standard Eléctrica de la construcción y puesta en funcionamiento de una central télex internacional, que será fabricada en Madrid, por un importe de 271 millones de pesetas. Esta central contará con un equipo para 5.010 líneas de enlace.
Por otra parte, varios departamentos de la Administración cambian su dependencia orgánica. El Ministerio de la Presidencia asume el Instituto Nacional de Prospectiva y el Centro de Investigaciones Sociológicas, la Dirección General de la Función Pública y la Comisión Superior de Personal pasan al ministro adjunto para la Administración Pública, y el Centro de Estudios Constitucionales queda adscrito al ministro para la Coordinación Legislativa.
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