Los abismos del consenso
EL DEBATE de ayer ofreció tantos aspectos interesantes que resulta imposible abarcar toda la complejidad y variedad de los temas discutidos en una sola aproximación. La presentación de Felipe González de su alternativa de Gobierno será todavía mañana objeto de debate y, sobre todo, de votación, lo que aconseja aplazar por veinticuatro horas una glosa que hoy será sólo parcial. Pero si puede adelantarse que no resultó esta vez tan convincente el líder de la oposición, y compitió a ratos en aburrimiento y farragosidad con el discurso de Suárez de la semana pasada.Felipe González pareció atenazado por el deseo de presentarse con los rasgos de moderación, seriedad, tecnicismos y aburrimiento que supuestamente deben caracterizar las intervenciones de un futuro presidente de Gobierno. Dijo cosas muy sensatas sobre la reforma de la Administración pública, igualó a Suárez en sus disgresiones nebulosas sobre ese fantasma que empieza a ser el Estado de autonomías, no se alejó del sentido común ni hizo promesas demagógicas a propósito de la situación económica y tranquilizó a la opinión democrática vinculando estrechamente la seguridad ciudadana con la defensa de las libertades. Fue en definitiva un programa de moderación, donde las promesas de cambio se vieron disueltas en abundantes matices. No fue el discurso del líder de la oposición, sino del candidato a presidente. Fue un discurso socialdemócrata, nada revolucionario, de perfiles tecnocráticos y profesionales. Pero gastó demasiado tiempo en decir lo que dijo y no logró, a nuestro juicio, hacer vibrar la membrana política de la calle.
La defensa que realizó Alfonso Guerra de la moción de censura no hizo más que desarrollar, con brillantez y mordacidad, argumentos ya conocidos. La réplica de Arias-Salgado fue un equilibrio circense, aunque de buen circo, para esconder las responsabilidades del Gobierno en la persecución de las libertades y la aprobación de decretos-leyes inconstitucionales, dar la callada por respuesta a las acusaciones concretas de los parlamentarios y la Prensa sobre la corrupción de Televisión y endilgar a los ayuntamientos democráticos como culpa lo que seguramente es un acierto: frenar las licencias de construcción con el fin de que nuestras ciudades y pueblos no sigan un caótico crecimiento urbanístico, a caballo de la megalomanía y de los negocios sucios de la etapa del franquismo. Los ejercicios de esgrima entre Guerra y Arias-Salgado oscilaron entre agresiones personales gratuitas y la reiteración de las propias obsesiones, dejando un mal sabor de boca en la opinión, innecesario y poco fructífero. La polémica parlamentaria no debe convertirse, por principio, en un patio de monipodio.
Merece un comentario aparte la segunda discusión que protagonizaron ayer el presidente del Gobierno y el secretario general del partido comunista tras su enganche, la pasada semana, a propósito de los informes fabricados por los servicios secretos contra periodistas y de los registros fuera de derecho de domicilios ciudadanos. En esta ocasión, Carrillo recordó la invitación que el vicepresidente del Gobierno hizo a los comunistas en octubre de 1978 para pactar un acuerdo de legislatura que permitiera a Suárez seguir gobernando hasta junio de 1981 sin convocar nuevas elecciones. Los matizados desmentidos del presidente del Gobierno y de Abril no transmitieron a los espectadores mayor convicción que la que se desprendía de esas nebulosas protestas de inocencia. La oportuna suspensión del Pleno por el señor Lavilla, que por segunda vez en este mes exorciza el hemiciclo con el aplazamiento de la sesión, tras una aparición diabólica de Carrillo, dejó flotando en el aire una duda simplemente retórica. Porque sobran los datos y los testimonios que acreditan como un hecho indiscutible aquella garra de tenaza entre UCD y PCE que entonces pinzó al partido socialista entre los pactos de la Moncloa, en el otoño de 1977, y la disolución de las primeras Cortes democráticas, a finales de 1978.
Lo más elogiable del perverso ejercicio que de su memoria hizo Carrillo fue que el episodio citado y el trasfondo sobre el que se recorta deterioran por igual la imagen de todos los comensales que se hicieron guiños e insinuaciones sobre los manteles del palacio de la Moncloa o de Castellana, 3. La sospecha de que los políticos profesionales estaban haciendo mangas y capirotes, a espaldas de la opinión pública y de los electores, en las penumbras de los despachos, a fin de llegar a acuerdos ocultos y pactos secretos dentro de la clase política se fue convirtiendo, a medida que transcurrían los meses desde los comicios de junio de 1977, en una clamorosa evidencia. Aquel clima próximo casi al contubernio fue denominado consenso; en ese puré de guisantes, unos y otros lucharon por llevarse los trozos más grandes del pastel de la herencia franquista que guardaba en su armario el Gobierno de UCD. En aquella rebatiña clandestina, el partido en el poder prometió a diestro y siniestro, pero se quedó finalmente con toda la tarta y fue el único ganador. El verdadero perdedor fue el sistema democrático, ya que el famoso desencanto, el rampante abstencionismo electoral, el apartamiento de los intelectuales de la vida pública y la indiferencia ciudadana hacia la cosa común son, en gran parte, consecuencia de los sentimientos de frustración y de desconfianza a que dieron lugar las insensatas pretensiones de la clase política de convertir el régimen parlamentario en un patrimonio gremial.
El consenso ha muerto. Murió la semana pasada y ayer se certificó su defunción. Sólo queda rezar para que no resucite. Y también para que los diversos grupos y partidos que participaron en su nacimiento y consolidación hagan cuanto antes confesión general ante el electorado, a fin de evitar que unos y otros sigan amenazándose en público, con deterioro para la respetabilidad del régimen parlamentario, y sacando a relucir los trapos sucios.
Hay que felicitarse pues del nacimiento de una oposición parlamentaria fuerte y decidida, porque eso fortalece también la democracia, pero desde ya hay que avisar igualmente de la necesidad de que las discusiones de los señores diputados no se conviertan en riñas callejeras. Y por último, hay que recordarle al Gobierno su obligación de ser más cuidadoso en los ya demasiados desmentidos que viene haciendo sobre cosas públicas y conocidas, demostradas y demostrables: que el Gobierno negoció con ETA -como intentó negociar con los GRAPO cuando el secuestro de Oriol-, lo que, por lo demás, no es nada deshonroso; que extraños servicios policiales manipulan, investigan, difaman y calumnian a ciudadanos honorables, vulnerando lo establecido en la Constitución; o que RTVE perdió miles de millones y no ganó nada el año pasado, y se han ocultado las cifras y los datos sobre la corrupción y el despilfarro televisivo; o que en el trapisondeo del consenso muchos fueron engañados por otros muchos. Esto último quizá fue necesario en parte, o inevitable, en pro de la «transición sin traumas». Pero, en cualquier caso, lo que resulta es innegable. Por eso negarlo no conduce a nada, sí no es al suicidio político.
