Los dueños, de las armas robadas en Atocha no lo denunciaron

El Gobierno Civil de Madrid ha enviado a la Dirección General de Seguridad del Estado un informe sobre el descubrimiento y desarticulación de una red de traficantes en armas cortas de fuego, suceso que recogió EL PAIS el pasado 21 de mayo, para que determine las responsabilidades en que hayan podido incurrir las empresas remitentes o destinatarias de las armas, que no dieron cuenta de su desaparición.Según averiguaciones policiales, dos personas que trabajaban en la estación de Atocha interceptaban paquetes con revólveres o pistolas, que habían sido remitidos a armerías, y posteriormente vendían la mercancía a delincuentes comunes. Treinta de las 46 armas sustraídas por este procedimiento han sido recuperadas.

El Gobierno Civil de Madrid hizo pública ayer una nota oficial, en la que se explica que las empresas implicadas no denunciaron la repetida falta de las armas, lo que podría constituir negligencia.

Las armas intervenidas hasta ahora por la policía tienen las marcas Astra, Star y Llama. Los encargados de apoderarse de los paquetes eran Francisco Hernández Escolar, de veintitrés años de edad, cargador de trenes, y Julián Canorea López, de veintinueve, que desempeñaba un trabajo similar.

Los siguientes eslabones de la cadena de distribución eran dos intermediarios, Carlos Plaza Molina, de veinticinco años, y Antonio Garvín Aranda, también de veinticinco años, éste adquiría las armas a los interceptores al precio de 15.000 pesetas cada una, y se las vendía a aquél a 30.000. Posteriormente, Plaza Molina entraba en contacto con presuntos atracadores y revendía las piezas a 40.000 pesetas unidad.

En el transcurso de la operación policial también fueron detenidas, en estos casos por tenencia ilícita de armas, otras dos personas. En las informaciones difundidas por la policía con ocasión del descubrimiento de la red se decía que algunas de las armas podían estar relacionadas con atracos recientes.