Alfonso Guerra: "Suárez ha llegado al tope de democracia que es capaz de administrar"

Alfonso Guerra defendió la moción de censura socialista con un discurso de 45 minutos, en el que afirmó que ha quedado demostrada la incapacidad del Gobierno; que Suárez ha llegado al tope de democracia que es capaz de administrar; que la democracia no soporta ya al presidente, y que cualquier avance democrático exige la sustitución de Suárez. En resumen, Alfonso Guerra dijo:

«La moción del PSOE era necesaria por la política de intoxicación del Gobierno, que, a través de sus medios de comunicación, especialmente la televisión, ha falsificado este debate: el ministro Arias-Salgado explicó en un telediario que el PSOE había querido evitar tener que dar una alternativa al discurso de Suárez, argumento sólo explicable por la ignorancia política».«En primer lugar, esta moción es el derecho constitucional de juzgar al Gobierno cuando se cree necesario rechazarlo, y un derecho moral cuando se piensa que el Gobierno no ha atendido las aspiraciones ciudadanas. Si se gana es además un camino para cambiar el Gobierno».

«Esta moción ha terminado con el mito del desencanto, ya que, gracias a la retransmisión del debate la semana pasada, los españoles vieron cómo Suárez caía de las vitrinas y se hacía pedazos en el suelo. Su intervención no es comparable a la de Felipe González, a, quien tuvo que responder Abril con su teoría de la rosa de los vientos. Suárez tiene miedo al Parlamento y considera la democracia como un mal a soportar».

«Los socialistas somos portavoces de todo el descontento de quienes hablaron aquí la semana pasada, excepto UCD. Queremos dejar claro que no hemos hablado con los diputados centristas, porque si se rompe UCD no será culpa nuestra, sino de Suárez. La mitad de los diputados de, UCD se entusiasman cuando habla Fraga, y la otra mitad cuando habla Felipe González».

«El Gobierno Suárez ha faltado a sus deberes con los ciudadanos en todos los campos y probado su incapacidad para regir los destinos de la nación. Pese a todo, los socialistas esperamos la semana pasada a que pronunciara su discurso; en los noventa folios sólo dedicaba seis a explicar su gestión, y el resto era mala literatura política».

«Se han incumplido reiteradamente las previsiones de desarrollo legislativo: no se ha realizado el calendario previsto ni se han atendido las mociones ni proposiciones aprobadas por el Parlamento -a veces con los votos de UCD- ni se han contestado en plazo 61 preguntas de la oposición».

La Constitución

«Se dan muestras de desprecio hacia las instituciones democráticas, como aquellas palabras del ministro De la Cierva afirmando que no se hace caso de la Constitución, o la provocación de Fernando Abril cuando dijo que se estaban buscando conflictos con las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas».«No se dan garantías para la seguridad ciudadana, se mantiene el terrorismo vasco y no sabemos qué concepto tiene el Gobierno de este problema. Suárez y Rosón se contradicen cuando el primero afirma que no bastan las soluciones policiales y el segundo dice que sólo es posible una política de orden público. El Gobierno consiente el terrorismo de la extrema derecha, que incluso acota zonas de las ciudades para sus actividades criminales».

«No se soluciona la delincuencia, ni se dan medios a la policía, ni se han producido relevos sustanciales en los mandos de ésta. Lo importante no es saber si hay torturas, sino comprobar que siguen mandando quienes tuvieron la tortura como práctica habitual en épocas pasadas».

«La información de un diario madrileño sobre una investigación de servicios oficiales hacia parlamentarios es un atentado al derecho constitucional de la intimidad de los ciudadanos. Las libertades públicas atraviesan por una etapa que recuerda a la anterior a junio de 1977. Se procesa a periodistas y aparecen sentencias desiguales: es más grave contar en un periódico un intento de golpe de Estado que protagonizar ese intento, a lo que se ve y se absuelve a un familiar del general que ocupaba la Jefatura del Estado en la época de la dictadura».

«Es necesaria una reforma profunda del sector público para que la Administración esté al servicio del cambio del Estado. Por el contrario, la Administración no es neutral y trabaja poco y mal. La responsabilidad es sólo del Gobierno, que ampara la corrupción administrativa».

Radiotelevisión Española

«El Ministerio de Hacienda encargó una auditoría sobre RTVE, que el Gobierno ocultó. De ella se deduce despilfarro y arbitrariedad sufragados con dinero de los ciudadanos. Podemos citar el crédito personal del Banco de España al director general de RTVE, de 1.456 millones de pesetas, que aún no ha sido devuelto, o el talón nominativo para Fernando Arias-Salgado, coincidiendo con los referendos vasco y catalán, ante el que podemos preguntarnos si no estaba destinado a compensaciones personales para altos cargos. Aquí tengo un mandamiento de pago de RTVE para indemnizaciones a firmas que operaban en, Guinea Ecuatorial. El Gobierno debe explicar estos abusos, estos robos».«Los ciudadanos se preguntan para qué pagar impuestos cuando no existe una política transparente de gasto público, sino que cada vez es más evidente que la ley no trata a todos por igual: de la mano de UCD, la CEOE va por los pasillos del Ministerio de Hacienda buscando un trato tributario especial».

«El crecimiento económico en 1979 ha estado más de dos puntos por debajo del de la OCDE, mientras que el paro ha crecido y la cobertura del desempleo baja. Aumentan los precios más que en la OCDE, y gracias a que no han crecido los de la producción agrícola ».

«Se incumplen las promesas sobre la Seguridad Social, en la que continúa la corrupción y despilfarro. La mala política de urbanismo y ecología es la causa de que nuestras ciudades sean casi inhabitables y el campo se desertice. Faltan puestos escolares en todos los niveles, y suben las subvenciones a los centros privados en 100.000 millones».

«En el terreno de las autonomías el Gobierno ha dado permanentes pruebas de incapacidad y oportunismo. Trató de rebajar la importancia de las peticiones vascas y catalanas ampliando la autonomía, y luego dio marcha atrás al ver que era perjudicial para su partido. El Gobierno no puede imponer la voluntad autonómica a las regiones, y pretende, en lugar de impulsar el proceso, igualar las competencias de las comunidades, rebajando las contenidas en los estatutos ya aprobados. Los ayuntamientos esperan una política municipal, que en la actualidad es torpe y miope, y en política internacional el calificativo de indefinición es sólo el más elegante que se le puede dedicar».