Las listas de Inspección de Hacienda

En EL PAÍS del 14 de mayo aparece una información sobre presuntos delincuentes fiscales. Junto a ella, una lista de actas incoadas por la inspección, en la que aparece mi nombre como deudor de 6.274.000 pesetas.Aunque se hace mención a que en algunos casos el período de tiempo que comprenden no reconocía el delito fiscal, el que mi nombre aparezca en la lista puede índucir a pensar que he cometido algún delito fiscal. Tal presunción es absolutamente falsa, por lo que mi defensa es breve y clara.

En primer lugar, la Inspección de Granada ha levantado acta por los impuestos de 1976; ya que entonces no existía el delito fiscal, no puedo haberlo cometido. Pero aun si hubiese estado tipificado, las cuotas que me reclama Hacienda son inferiores a dos millones de pesetas, por lo que, como todo el mundo sabe, al no superarlos no se podría considerar delito fiscal.

Por lo que respecta a 1977, el delito se tipificó en noviembre de este año y a mí se me reclama en el acta una cuota que, referida al período en que se podría cometer delito, es más o menos una novena parte de la cantidad que hay que defraudar para ser «presunto delincuente». También debo decir que parte sustancial de las cuotas que se me reclaman fueron ya ingresadas en Hacienda por una declaración complementaria. Por si esto fuera poco, las actuaciones de la inspección, fundamentalmente, no se deben a que yo haya ocultado ingresos, sino a la calificación tributaria de las partidas y al cómputo temporal de las mismas, por la diferencia de fecha entre devengo de las cantidades y cobro de ellas

En resumen: la cantidad que aparece en EL PAÍS es una suma de cuotas, sanciones y recargos de dos ejercicios en los cuales (salvo el último trimestre de 1977) no se había tipificado el delito fiscal. No acepto las cuotas porque he declarado honestamente mis ingresos el año en que los percibí, mientras que la Administración los imputa al año en que los devengué. Por esta razón, no admito las sanciones y recargos, que son la parte más importante de los seis millones, y he procedido conforme a derecho en la defensa de mis intereses frente a la inspección.

No sé quién ha filtrado esas listas ni el interés que persigue con ello, pero lo que sí sé es el daño que me ha causado tanto personal como profesionalmente. Por eso apelo a EL PAÍS para que publique esta carta, como apelo a la Delegación de Hacienda de Granada para que constate que cuanto digo es cierto./ arquitecto.