Detenida una militante del PCEr que había denunciado malos tratos

Nuria Hernaiz Valero, miembro del Partido Comunista de España (Reconstituido), PCEr, fue detenida el pasado sábado por funcionarios de policía en Zamora, tras visitar en la prisión de esta localidad a su marido, José Ramón Garcia Bartolomé, miembro de los GRAPO, que cumple condena de diez años de prisión.Familiares de Nuria Hernaiz informaron que desconocen los motivos de esta detención. Fuentes policiales han señalado al respecto que la detención se ha llevado a cabo «como consecuencia de nuevas investigaciones policiales en las que Nuria Hernaiz se presenta como presunto miembro liberado de los GRAPO». Al parecer, le ha sido aplicada la ley Antiterrorista.

Nuria Hernáiz tiene veinticuatro años, es madrileña, cursó estudios de Filosofía y Letras hasta quinto curso, del que no llegó a examinarse porque fue detenida por primera vez; milita en el PCEr desde hace cuatro años, según sus propias declaraciones, y contrajo matrimonio en 1976 con José Ramón García Bartolomé, estudiante de Derecho, carrera en la que sólo llegó al segundo curso.

Nuria Hernaiz ha estado dos veces en prisión. Fue detenida por última vez el pasado 25 de marzo y puesta por la policía a disposición del juez una semana después, que decretó su libertad provisional. Sobre la semana que permaneció detenida, hizo unas declaraciones a EL PAÍS, en las que manifestó haber recibido malos tratos, los cuales denunció a la autoridad judicial, durante los interrogatorios a que fue sometida en las dependencias de la Brigada Central de Información, de la Dirección de la Seguridad del Estado.

La DSE replicó posteriormente que las lesiones mostradas por Nuria Hernaiz como demostrativas de los citados malos tratos, se las causó al ofrecer resistencia a los policías que la detuvieron.

En relación con estas declaraciones de Nuria Hernaiz, el ministerio fiscal ha interpuesto querella por presuntas injurias a la policía, contra el director de EL PAÍS, quien el pasado día 13 prestó declaración en el juzgado de instrucción número diecisiete. El juez requirió al director de EL PAÍS para que comunicase el nombre del autor de la entrevista, que fue publicada sin firma. Se desconoce si el ministerio fiscal ha iniciado también una investigación para verificar la denuncia.