La información como garantía de la democracia, principal conclusión de la asamblea del IPI

Una de las conclusiones extraídas de la 29ª asamblea general del Instituto Internacional de Prensa (IPI), reunido en Florencia del 5 al 7 de mayo, consiste en que la información periodística, hoy más que nunca, es una garantía para la democracia siempre y cuando le sea permitido operar en libertad. La protección a esa libertad en todos los países del mundo es el principal objetivo de la asociación.

España, con su proceso de consolidación democrática, fue objeto de especial atención en la conferencia general. La sentencia del Tribunal Supremo condenando a Juan Luis Cebrián, director de EL PAÍS, a tres meses de prisión se produce días después de que el IPI lamentara los procesos a periodistas y periódicos españoles.El instituto, que fue fundado en 1951, agrupa a miembros de 62 países, y en cada nación en donde la prensa es libre existen comités que informan directamente al secretariado, con sede en Zurich, acerca de los acontecimientos relativos a los medios de comunicación propios. La autoridad moral del instituto, proclamada por sus miembros en cinco continentes, es considerable.

Los medios de comunicación italiarios recuerdan, al hacerse eco de la sentencia, que Cebrián, hace escasamente una semana, fue designado para miembro de la comisión ejecutiva del IPI. En la presentación a la asamblea general del nuevo equipo rector, Cushrow Irani, nuevo presidente, habló de Cebrián, a quien calificó de miembro activo, y aprovechó para referirse a España en estos términos: «Confiemos en que no se dé en practicar en ella medidas propias de regímenes como el de Idi Amin, que pueden dañar la libertad de expresión».

Entre los temas tratados en la conferencia estuvo «el derecho a la información, el interés nacional, los medios de comunicación y la ley». Participó en el debate David L. Bazelon, juez del Tribunal de Apelación del distrito de Columbia (Estados Unidos).

Unas veces funciona como un derecho a la libertad de expresión. pero, otras significa algo más: se refiere al derecho a obtener información libre sin interferencias gubernamentales. Sin embargo, el derecho constitucional a la información es un concepto controvertido en la ley estadounidense y tiene prescripciones. De ahí que la legislación haya pretendido asegurar el acceso del público a la información del Gobierno.

Para el juez Bazelon, el ideal del open governement, del Gobierno que accede a las solicitudes de información, «no es fácil de llevar a cabo», y citó dos circunstancias que dificultan su aplicación práctica. Por un lado, los Gobiernos constituyen actualmente enormes burocracias (en EEUU existe una agencia dedicada únicamente a decir a los particulares cuál es la agencia que puede contestar a la demanda de la información). Por otro, está la llamada «revolución informática». Los bancos computadores de datos almacenan todo tipo de informaciones, que la suministran en segundos.