El diputado Sagaseta propone una ley antifascista

Fernando Sagaseta, diputado de Unión del Pueblo Canario, presentó ayer a la Mesa del Congreso un proyecto de ley antifascista. Dicho texto, «lejos de recortar las libertades democrático-formales», dice el autor de la proposición, «será un instrumento para mantener las mínimas condiciones morales, jurídicas y políticas que permitan hacerlas sobrevivir y desarrollar».El diputado Sagaseta es consciente de que una ley antifascista no será por sí sola suficiente para erradicar por completo las prácticas fascistas, y que no impedirá que sectores residuales de esas organizaciones sigan atentando contra las libertades, pero «es también cierto», añade, «que el estatuto de legalidad del que hoy gozan dejará de constituir una protección oficial a sus actividades delictivas, y la tolerancia gubernativa que deriva de esa legalidad ya no será en lo sucesivo un factor de estímulo para sus acciones y su propaganda ideológica».

El articulado de la proposición considera ilícitas las organizaciones y asociaciones políticas que en sus estatutos, o en su conducta política, declaraciones y escritos de sus dirigentes o actividad de sus asociaciones adopten, defiendan o difundan la doctrina fascista, caracterizada por su belicismo, colonialismo, racismo y culto a la vio lencia física, con la intención de impedir las libertades y derechos fundamentales de la persona».

Asimismo, considera incluidas en el apartado anterior a las organizaciones y asociaciones «que hagan apología de los rasgos represivos, símbolos y lemas de los regímenes fascistas y sigan propugnándolos en la práctica, con la incitación al acceso del Ejército al poder político, mediante un golpe de Estado, para retrotraer a nuestra sociedad a un régimen militar similar al franquista». Asimismo quedarían prohibidos -según esta proposición- los medios de comunicación social que hagan apología de la ideología fascista.

La consecuencia de la declaración de ilicitud de dichas organizaciones sería su disolución por la autoridad judicial competente, así como la incautación de sus bienes y medios por el Estado.