Las auditorias de las federaciones, una historia llena de misterios

La solicitud de las auditorias fue iniciativa de Benito Castejón, director del CSD, que el pasado mes de julio contrató los servicios del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, por un importe de un millón de pesetas.Pero los misterios comenzaron desde el primer momento. En principio habían sido designadas como federaciones a auditar las de ajedrez, atletismo, natación, caza, fútbol y golf. Pocas semanas después, el CSD comunica un cambio al Instituto de Auditores Jurados: hay que borrar de la lista a todas las federaciones, menos la de fútbol, y sustituir las otras cinco por las de patinaje, judo y disciplinas asociadas (hoy escindida en dos), deporte universitario, lucha y balonmano.

Nadie quería las conclusiones

Los diputados del PSOE Miguel Ángel Martínez (responsable del área de Cultura) y Enrique Barón (del área de Economía y Hacienda) presentaron ayer ante la Mesa del Congreso de los Diputados una serie de preguntas en relación con todo este asunto. Las preguntas son:a) ¿Qué criterios condujeron al CSD a seleccionar precisamente a esas federaciones entre el medio centenar largo que existen y que reciben subvenciones de aquel organismo?

La mayor sorpresa llega cuando el pasado 15 de diciembre el Instituto de Censores Jurados presenta sus conclusiones al CSD. Inexplicablemente, nadie quiere hacerse cargo de dichas conclusiones. Según declaraciones del propio director del Instituto, Magín Pont, publicadas en el Heraldo de Aragón el pasado 1 de febrero, «hubo dificultades para que el Consejo Superior de Deportes se hiciera cargo de los resultados, pero fueron, al fin, "colocados" en el recinto del consejo».

b) ¿Quién en el CSD, a partir de qué debate y en base a qué criterios o razones tomó la decisión de comunicar al Instituto de Censores Jurados el cambio de federaciones cuyas cuentas iban a ser fiscalizadas?

A primeros de año, el PSOE tuvo noticias de que los resultados habían sido presentados en el CSD y, ante el silencio oficial, formuló una pregunta al Gobierno al respecto. Una vez hecho público el asunto, las preguntas llovieron sobre los responsables del CSD. La coincidencia de fechas entre la revelación de dichos datos y el cese de Benito Castejón complica las cosas.

c) ¿Quién en el CSD se hizo cargo de la documentación presentada por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas el día 15 de diciembre de 1979? ¿Quedó o no quedó formalmente registrada la entrada de esa documentación en el Consejo? ¿Cómo podría tipificarse la conducta de las autoridades del CSD que hubieran retenido u ocultado la documentación en cuestión?

El 25 de enero de 1980, Florencio Noriega, secretario general del CSD (segundo hombre del mismo), aseguraba a EL PAÍS que las auditorías no estaban terminadas y que, por tanto, no habían llegado al consejo.

d) ¿Es cierto que hubo que ampliar el contrato con los censores de cuentas porque éstos no tuvieron acceso a la documentación que habían de controlar? ¿Las trabas o las dificultades que expresaron en la actuación de los censores surgieron exclusivamente de parte de los dirigentes de ciertas federaciones o se dieron también en las esferas de la dirección del propio CSD? En uno y otro supuesto, ¿cómo valoraría el Gobierno tal situación y qué actuaciones ha tenido al respecto, si es que la situación se planteó efectivamente?

El 18 de marzo, con Jesús Hermida al frente del CSD, se firma un nuevo contrato con el Instituto de Censores Jurados, por el que se pide una ampliación del plazo concedido por las auditorías; se justifica la ampliación de dicho plazo en el artículo tercero del nuevo contrato, que dice: «Que por causas no imputables al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España no pudo éste examinar toda la documentación precisa, haciendo constar esta salvedad al emitir el informe». El plazo para completar la ampliación se fija en el 31 de marzo.

e) ¿Cuándo tuvo el ministro de Cultura conocimiento de los informes remitidos el día 15 de diciembre y de las ampliaciones remitidas el 28 de marzo? ¿Cómo puede justificarse que transcurriesen veinticinco días entre la entrega de la documentación definitiva y el registro de la misma en el CSD? ¿Dónde estuvo y qué se hizo de esa documentación en dicho espacio de tiempo?

La documentación con los informes definitivos es entregada por el Instituto de Censores Jurados el 28 de marzo. Sin embargo, en la sesión de la Comisión de Cultura del día 24 de abril, el ministro Ricardo de la Cierva afirmó que en el CSD figuraba el 21 de abril como fecha de registro de entrada del nuevo informe:

f) ¿Puede el Gobierno confirmar o desmentir la autenticidad de los documentos que han sido publicados? ¿Cuándo va el Gobierno a cumplir la promesa de remitir a la comisión del Congreso -que es tanto como decir de publicar oficialmente- los informes realizados por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas a las seis federaciones analizadas en su gestión de 1978?

Las preguntas del PSOE

g) ¿Ha seguido subvencionando el CSD en 1980 a federaciones de cuyas auditorías de cuentas -tal y como quedaban dictaminadas el 1,5-12-1979- se dedujera que había irregularidades en sus ejercicios anteriores o a aquellas que de una u otra forma hubieran obstaculizado la actuación de los censores de cuentas sobre sus contabilidades? ¿Cómo valoraría el Ministerio de Cultura y el Gobierno una actuación semejante por parte del CSD y qué medidas adoptaría en el caso de confirmarse dicho supuesto?

h) ¿Cuándo y cómo entiende el Gobierno empezara poner en práctica la disposición incluida en la ley de Cultura Física y Deportes, según la cual las federaciones deben someterse anualmente a auditorías por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, requisito sin el cual no podrán recibir ningún tipo de subvención de organismos estatales? ¿Qué medidas se han adoptado con vistas a ir verificando las cuentas de las federaciones, en lo que se refiere a sus ejercicios de 1979?

Nota del Ministerio de Cultura

A últimas horas de la tarde de ayer, el Ministerio de Cultura envió una amplia nota a los medios informativos para salir al paso de las afirmaciones vertidas en el curso de la conferencia de prensa. En ella se señala que el ministro Ricardo de la Cierva no señaló fecha fija para remitir a la Comisión de Cultura del Congreso los resultados de las auditorías, y se afirma que éstos fueron remitidos por el propio ministro al pasado 28 de abril al de Hacienda, con el fin de que por la Dirección General de lo Contencioso se redactase el Informe correspondiente que pudiera servir de orientación a las actuaciones posteriores del ministerio.