El juez rechaza el recurso de Asencio y mantiene su investigación por difundir un vídeo sexual con una menor

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del futbolista del Real Madrid Raúl Asencio, uno de los cuatro futbolistas investigados en un caso de difusión de contenido sexual con una menor de 16 años. La resolución confirma la decisión de un juzgado de instrucción del sur de Gran Canaria, que ordenó la identificación de los participantes en grupos de mensajería donde pudo haberse compartido el material, así como la citación de los mismos para declarar en calidad de testigos o investigados. En su auto, emitido el 28 de enero, los tres magistrados aseguran que existen “indicios racionales” de criminalidad suficientes de que el canterano canario pueda haber cometido tanto un delito de descubrimiento y revelación de secretos, como otro de pornografía infantil.

La investigación se inició el 18 de septiembre de 2023, a raíz de la denuncia de la madre de la joven en un cuartel de la Guardia Civil del norte de Gran Canaria que acusaba la posible difusión de un vídeo de contenido sexual explícito protagonizado por la menor. Este había sido grabado el 15 de junio. Según detalló la mujer, esas relaciones, que se produjeron en el reservado de un célebre local de ocio de la localidad de Amadores, en el municipio de Mogán, habían sido consentidas, no así la grabación, que se llevó a cabo sin conocimiento de las jóvenes. En septiembre de ese mismo año, el juez de instrucción imputó a los cuatro futbolistas. Desde entonces, el futbolista grancanario ―que cumplirá 22 años el día 13― se ha asentado como titular en el conjunto que dirige Carlo Ancelotti. Los restantes investigados son el catalán Ferran Ruiz (que milita en el Girona), el gallego Juan Rodríguez (CD Tarazona) y el balear Andrés García (Alcorcón).

La defensa de Asencio presentó varios argumentos para solicitar el sobreseimiento de la causa. Alegaba que las diligencias acordadas por el juez instructor eran meramente prospectivas, es decir, que se estaban realizando sin indicios sólidos de delito y con el objetivo de buscar pruebas de manera indiscriminada, argumentaba que el plazo de instrucción había expirado, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, incidía en la ausencia del vídeo en la investigación, y argumentaba que, si el vídeo no había sido recuperado por la Policía Judicial, no podía acreditarse su existencia ni su contenido y que, por último, no había pruebas suficientes que relacionaran al futbolista.

Los jueces de la Audiencia rechazan punto por punto estas argumentaciones e imponen al investigado asumir las costas procesales: subrayan que las diligencias acordadas fueron ordenadas antes de la expiración del plazo, por lo que son válidas. Añade que incluso si el análisis de los datos se realizara después del vencimiento del plazo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que esto no invalida la investigación, además de que sostienen que nada impide la apertura de una pieza separada si aparecen nuevas líneas de investigación, lo que permitiría extender el plazo en caso necesario.

La defensa sostenía que, dado que el vídeo no ha sido recuperado, no había pruebas del delito. El auto deja claro que la ausencia del archivo del vídeo no equivale a que nunca haya existido, establece que el delito se habría consumado en el momento en que el vídeo se compartió, independientemente de que luego se borrara. Además, recuerdan que existe la declaración de uno de los investigados, quien afirmó que Asencio le mostró el vídeo, junto con los registros del móvil que indican que lo recibió en WhatsApp. Los magistrados, por último, recuerdan que el contenido del vídeo puede reconstruirse a partir de los testimonios y las pruebas digitales obtenidas.

El análisis de los teléfonos móviles incautados a los investigados durante la instrucción reveló conversaciones comprometedoras que reforzaron los indicios en su contra. En los volcados de datos, se encontraron mensajes en los que los investigados comentaban sobre la grabación y expresaban preocupación por las posibles consecuencias legales. Uno de los implicados incluso buscó en Internet información sobre el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, lo que sugiere que era consciente de la gravedad de los hechos y las posibles implicaciones penales.

Asimismo, en las conversaciones intervenidas, tres de los investigados realizaron comentarios despectivos y vejatorios sobre la menor que presentó la denuncia, lo que añade un elemento agravante al caso.