La responsabilidad del Gobierno

EL SECRETARIO de Estado para la Información ha negado que el Gobierno esté detrás de la generalizada ofensiva contra la libertad de expresión, que está enviando al banquillo de los acusados a quienes tratan de ejercer ese derecho ciudadano. Con la furia del converso, el actual equipo gobernante se aferra ahora a la teoría de la división de poderes y asegura hallarse al margen de esa estremecedora marabunta de procesos y querellas que amenaza con arrasar uno de los campos en los que la reforma política había producido auténticas mutaciones democráticas.Los escépticos quizá argumenten que ese proyecto de extirpar los brotes de libertad nacidos en la Prensa, el cine y la creación intelectual desde 1977 es ozongruente con el marco global de la situación española. La libertád de expresión, que ha sido durante los últimos tres años la marca de contraste para la homologación internacional de nuestras instituciones, habría cumplido así su papel de testigo subjetivamente honésto, pero objetivamente falso de la salud de la democracia española, y podría ser conducida de nuevo tras los barrotes de una ley de Información y de la aplicación estrecha, unilateral y contraria a los principios generales del derecho, del articulado de los códigos penales.

En este sentido, la sentencia firme de la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el director de EL PAIS, que ha materializado jurídicamente la pesadilla kafkiana de una instancia que se constituye simultáneamente en juez y parte, puede ser utilizada por el Gobierno como una impúdica hoja de parra para cubrir las propias desnudeces. La protesta de que el poder ejecutivo no ha influido en esa decisión judicial era obvia, porque ya hemos citado el origen de los males de nuestra judicatura:el aparato sigue siendo el mismo que con el franquismo. La única intervención del Gobierno es que apenas ha hecho nada para renovar democráticamente ese aparato. Y seguimos con un amplio sector de la magistratura formado durante la época en que todas las libertades eran delictivas y que mantiene vivas antiguas lealtades, arraigados prejuicios y unalermenéutica más adecuada para interpretar las leyes fundamentales del anterior régimen que la Constitución de 1978. La cuestión de saber quién custodia a los custodios, planteada ya desde el nacimiento de las instituciones jurídicas; el desfase entre un poder ejecutivo remozado y un poder judicial idéntico a la imagen conservada en viejos álbumes familiares, y las presuntas contradicciones entre el Gobierno y la cúpula judicial, no pueden servir al Gobierno y a su grupo parlamentario para ocultar sus graves responsabilidades, por acción y por omisión, en esa ofensiva contra la libertad de expresión que la sociedad española está sufriendo.

Responsabilidades por omisión al paralizar el desarrollo legal de la Constitución o no establecer una estrategia de personalidades políticas, y responsabilidades activas a través de las denuncias y querellas del ministerio fiscal, que depende del Gobierno, y sobre lo que no se puede decir que este periódico no haya hecho hincapié reiteradas veces. Porque el alborozado desempolvamiento de Montesquieu sólo puede engañar a quienes confunden los modelos teóricos con el funcionamiento real de las instituciones. Los magistrados aplican las leyes que aprueba el Parlamento, incluidas las normas que encauzan y organizan las propias instituciones judiciales, y los diputados y senadores del partido gubernamental siguen disciplinadamente las instituciones del poder ejecutivo a la hora de legislar y respetar el monopolio de la iniciativa legislativa gubernamental.

Por esa razón, las lágrimas de cocodrilo que el ejecutivo está vertiendo sobre la opinión pública y su gesto compungido al manifestar su impotencia cuando un tribunal aplica una ley que infringe el espíritu constitucional constituyen un espectáculo de hipocresía y maquiavelismo. Aunque la ley de Prensa está obviamente derogada de acuerdo con las disposiciones transitorias de la Constitución, todavía esperamos un pronunciamiento claro del Gobierno y su grupo parlamentario al respecto. Y los autos de procesamiento contra Miguel Angel Aguilar y Pilar Miró dictados por la jurisdicción militar, sendos imposibles jurídicos de acuerdo con la Constitución, serían dejados sin efecto tan plonto como el Gobierno encomendara a sus diputados la urgente reforma del Código de Justicia Militar. O quizá no se hubieran producido si en el caso de Pilar Miró, es el Gobierno el que envía su película a la autoridad militar. Pero el valor cívico no es una virtud que haya que dar como supuesta en nuestros gobernantes.

A estas responsabilidades por omisión del poder ejecutivo, que maneja el grifo de la iniciativa legislativa y tiene fuerza suficiente en el Congreso para acelerar o paralizar el desarrollo de la Constitución en aspectos decisivos para la defensa de la libertad de expresión, se une la muy activa participación del Gobierno en la ofensiva contra el ejercicio de ese derecho cívico, pieza clave de cualquier sistema democrático. En efecto, el ministerio fiscal viene actuando desde hace unos meses, con una celeridad y un rigor dignos de mejor causa, contra escritores, artistas y periodistas, empujado en ocasiones por funcionarios de la Administración, y encuadrado siempre en la relación ae dependencia. orgánica respecto al poder ejecutivo. No resulta ni insensato ni injurioso señalar que el papel de guía, que está desempeñando el fiscal general del Estado en este safari contra la libertad de expresión, resulta dificilmente disociable de su ideología y personalidad políticas. Formalmente dado de baja en el partido del Gobierno para acceder al cargo de fiscal general, el señor Fanjul se ha mostrado tan activo, en la persecución de los escritores y periodistasque se habían tomado en serio la Constitución, como lento en asuntos que pudieran rozar la susceptibilidad de la jurisdicción militar (desde el caso de Els Joglars hasta el secuestro de El crimen de Cuenca), o que afectaran a los intereses y el prestigio del Gobierno (fue necesaria la acción popular para que se abrieran las diligencias por presuntas torturas en Herrera de la Mancha, y han tenido que ser diputados de la izquierda parlamentaria los que requirieran al poderjudicial para interesarse por el escándalo de la auditoría de Televisión Española).

Ese mismo Gobierno que guarda tranquilamente silencio ante la sentencia de la «operación Galaxia», la absolución del teniente general Atares y los procesamientos de un director de periódico y una realizadora de cine por lajurisdicción militar; ese mismo Gobierno que no ha denunciado todavía -que se sepa- ningún delito en el terreno fiscal -tal vez desanimado por la absolución de la duquesa de Franco-; ese mismo Gobierno que paraliza o entorpece el desarrollo legislativo necesario para hacer explícita e inequívoca la derogación de disposiciones del franquismio y asegurar la congruencia de las normas penales y administrativas con la Constitución; ese mismo Gobierno que trata de tapar las responsabilidades dé sus funcionarios en casos de corrupción y despilfarro del dinero público o -lo que resulta todavía más grave- de violación de los derechos humanos de los detenidos o de los presos; ese mismo Gobierno se muestra, en cambio, activo y bien activo, rápido como una lagartija y agresivo como un alacrán, allí donde surge la posibilidad de limitar, ahogar y sepultar la libertad de palabra. Si a esto se le llama no ser responsable, bendito sea Dios.