Enfrentamiento político entre la izquierda y UCD en el pleno de Coplaco

La discusión política de fondo fue protagonista, por vez primera desde las elecciones municipales del año pasado, del pleno de Coplaco (Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana). La chispa que hizo surgir esa discusión, con votos negativos y abstenciones de la izquierda a los temas incluidos en el orden del día, estuvo, sobre todo, en la aprobación de los tres hipermercados de la periferia -Las Rozas, Alcobendas y San Fernando de Henares-, en uno de los polígonos incluidos en la actuación urbanística de Tres Cantos y en el aumento de volumen en una zona de Alcobendas, para compensar la expropiación realizada en 1962 para la construcción, en Madrid, de la Ciudad Sanitaria La Paz y el nudo norte de la avenida del Generalísimo.

Las alegaciones que habían sido presentadas a los proyectos de construcción de los hipermercados de Las Rozas, Alcobendas y San Fernando de Henares fueron desestimados en su totalidad. Parte de esas alegaciones habían sido presentadas por el PSOE y por el PCE, partidos ambos con representación en él pleno de Coplaco.Los nueve representantes de la izquierda municipal madrileña aprovecharon el momento para poner de manifiesto su oposición al Plan Especial de Ordenación del Gran Equipamiento Comercial, redactado en 1974, en el que se incluyen los tres hipermercados citados, fundamentada en lo innecesarios que resultan éstos, la gran necesidad de creación de infraestructura viaria que producen y el riesgo que suponen para el comercio minorista de las zonas en que se ubicarán.

El plan de 1974 pretende la creación, dentro de Madrid y en sus alrededores, de nueve centros comerciales de gran magnitud que presenten una alternativa al comercio minorista hoy existente casi en monopolio en la ciudad. Según el plan, esos centros estarán ubicados en Las Rozas, Alcobendas, San Fernando de Henares y Valledás -exteriores- y barrio del Pilar, Canillas, Moratalaz, Manzanares y Carabanchel -interiores.

Pero se da el caso de que las nuevas corporaciones municipales han mostrado su oposición al plan citado, y ha habido caso, como el de San Fernando de Henares, en el que ha llegado a existir un acuerdo plenario por el que se denegaba la construcción del hiper correspondiente.

A pesar de ello, Coplaco, organismo dependiente de ta Administración central, aunque la izquierda recaba para la diputación todas sus competencias, pasa por encima de la decisión municipal y acuerda que los hiper sigan adelante. Para ello, el pleno de Coplaco precisó de todos los votos de los miembros de UCD -catorce en representación de la Administración central y cuatro por la local; dieciocho, en total- frente a los nueve de la izquierda -siete del PSOE y dos del PCE.

No faltaron, durante la celebración del pleno, alusiones a la Constitución y a su artículo 140, que habla de la autonomía municipal, y a la necesidad de que Coplaco deje de depender de la Administración central,

Sin embargo, durante la rueda. de prensa de ayer por la mañana en torno al delegado del Gobierno en Coplaco, Carlos Conde Duque, éste razonó la oposición centralista a las decisiones municipales, asegurando que Coplaco es un organismo de control del urbanismo en el área metropolitana madrileña y que, por tanto, debe oponerse a todo lo que suponga un crecimiento desmesurado o facilitar un aumento en los servicios a ofrecer al ciudadano. «Cuando de lo que se trata es de paralizar un camping en El Escorial», dijo, «todo el mundo está de acuerdo en que Coplaco ejerza sus poderes por encima de las decisiones municipales. Pero esos mismos poderes ha de ejercerlos cuando la decisión municipal intenta limitar el planeamiento».

En el fondo de la discusión subyace, sin embargo, la posibilidad de que, en el caso de que no fueran autorizados los hiper, aun cuando están incluidos en la planificación urbanística del área metropolitana, se produciría una falta de reconocimiento del derecho otorgado por el mismo planeamiento, que daría lugar a una muy fuerte indemnización que no está dispuesta a afrontar, ni la Administración central ni la local. La segunda acusa a la primera precisamente de rehuir el pago de indemnizaciones para evitar cargar con toda la herencia del pasado, en tanto que la central asegura que la Administración local no quiere ser consciente del gran peso que, económica y políticamente, supondría una decisión -no aceptada, generalmente, por los municipios- de suspender un planeamiento anterior

La discusión política, más o menos en los mismos términos, volvió a surgir cuando se estudió la concesión de una compensación en volúmen edificable para pagar, con dieciocho años de retraso, la expropiación de los terrenos en que fueron construidos la Ciudad Sanitaria La Paz y el nudo norte del paseo de la Castellana, que enlaza con la autopista de la Sierra.