Ante la amenaza del estatuto de la Profesión Periodística

Al margen de su propia y discutible necesidad, el borrador elaborado por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España para una futura ley orgánica de la información y medios de Comunicación Social, así como para el proyecto de estatuto para la profesión periodística, no podría contener cúmulo mayor de desatinos. Desatinos que, lamentablemente, son presentados bajo la capa de un progresismo de cartón-piedra que confunda peligrosamente los términos que maneja. De esta forma, se invoca la libertad de expresión -consagrada claramente por la Constitución en su artículo 20- como fin último de la ley y se articulan en base a ella una serie de puntos que ni por asomo guardan relación obligatoria con tal derecho. Luis María Ansón, en su defensa del pésimo proyecto preparado por la FAPE, establece que sólo la titulación y posterior colegiación de los periodistas garantizarán su independencia y su libertad para informar. Olvida el señor Ansón que esa libertad la otorga el ordenamiento constitucional, que es el mismo que la defiende y protege de cualquier coacción en su desarrollo. ¿Desde cuándo un título otorga etiqueta de honradez? ¿Desde cuándo una agonizante facultad de Ciencias de la Información capacita a sus sorprendidos alumnos -cuyo cansancio se pretende capitalizar a favor de la exigencia del título- para ejercer adecuadamente su profesión? Se trata, al parecer, de seguir considerando la universidad como el inaccesible reducto que concede en exclusiva certificados de estudios que no guardan relación, en demasiadas ocasiones, con la verdadera capacitación de sus titulares. No acabamos de aprender lo que es la acción profesional de las personas y no sus títulos lo que debe garantizar la competencia del trabajo que desempeñan. ¿Cuándo acabaremos con esa enfermedad de la titulitis, que hace preferir el documento legalista a la realidad contrastada? Al parecer, los complejos de inferioridad de algunos sólo se curan con el remedio de impresos y pólizas.Parece claro -como lo han entendido la mayoría de los países europeos- que la profesionalidad del periodista no viene otorgada por su carné. Y aquí se pretende ahora la implantación de un carné que discrimina entre los periodistas en activo y los que no lo están, y que convierte en profesionales de segunda clase a los redactores gráficos, dibujantes de chistes e ilustradores, a quienes la ley -tampoco ellos se escapan, sin embargo, de sus garras- pretende exigir, en su momento, «los cursos profesionales o académicos y la titulación correspondiente» (!). La exigencia de la titulación en base a garantizar lo que el señor Ansón entiende por profesionalidad, no deja de ser un capricho que se consuma en el interés por crear unos colegios profesionales que se reduzcan a ser la transformación nominal de las viejas e inefables Asociaciones de la Prensa, a las que el señor Ansón, a través de la ley, pretende erigir como únicos órganos representativos de la profesión periodística. Unos órganos, claro está, que sólo podría regir -y si no, al tiempo- quien, como él, tanto ha hecho en pro de una profesión tan humillada. Tras todo esto aparece una maniobra mal disimulada que tiende, de paso, a reducir al mínimo las posibilidades de acción de otras corporaciones profesionales de línea abiertamente crítica hacia las intenciones del señor Ansón. Por no hablar de ese deseo de mantener el monopolio de las Hojas del Lunes como órganos exclusivos de información hasta las catorce horas del primer día de la semana. ¿En base a qué tal monopolio? ¿Cuál es el escudo que debe proteger a las Asociaciones de la Prensa para preservarlas de competencia en ese día? ¿No atentará contra la libertad del lector esa opción única que Ansón ofrece al mal espabilado y casi durmiente del lunes por la mañana?

La fiebre de la titulitis y su inseparable colegiación se extiende en la ley hasta los corresponsales en el extranjero y los empleados en gabinetes de información. De la necesidad de tal colegiación para el correcto desempeño de las funciones de unos y otros se nos debe permitir dudar. Sin embargo, no hay dudas de que ese estatuto del colaborador de prensa que la ley pretende estructurar no es sino una burla a un estamento -el del publicista que colabora en el contenido de un medio de información, en ocasiones con una alta dosis de responsabilidad- que, con toda mala intención, los artífices de la desgraciada ley parecen querer enfrentar con el titulado y colegiado que ellos esta blecen como modelo de virtudes. La ley no reconoce al colaborador carácter profesional alguno -si lo quiere, que estudie en la facultad, le den el título, se colegie y se saque el carné-, pero reserva al colegio profesional que ella instituye el derecho a fijar en un rasgo de paternalismo y comprensión que le honran- la retribucíón mínima a percibir por quien, según el señor Ansón, garantiza «el libre acceso a todos a expresarse en los medios de comunicación». Rozamos ya los límites de la burla. El colaborador no es reconocido sino como mero representante de un derecho común, se le atribuye de acuerdo con un baremo cuya justicia está por ver, y ya puede ser un sujeto de lucidez excepcional y buen estilo, que hada podrá hacer ante la exigencia de ese título otorgado por la autoridad académica y sancionado por las fuerzas vivas del gremio.

Nada de lo que de justo ofrece la ley otorga mérito alguno a sus autores. La consagración de puntos como el secreto profesional o la cláusula de conciencia parecen obvias en cualquier ordenamiento mínimamente democrático y ajustado a la realidad de la información. Por lo demás, artículos como el referente a la figura del editor -quedan difuminados y confusos, como si el redactor del borrador de la ley -que, a lo peor, hasta le han exigido el carné para ello- hubiera estado más pendiente de reprimir que de otra cosa, de limitar que de abrir cauces.

El triste espectáculo de un criterio obtuso beneficia bien poco a una profesión que debe caracterizarse por una amplitud de acción que rebasa cualquier esfera coactiva. Decir que la formación académica, el título, el carné y el colegiarse garantizan la libertad del periodista es como suponer que el acuerdo entre la FAPE y la CEOE beneficia a esos mismos periodistas, que, según el señor Ansón, lograrán así acceder a cotas de empleo más dignas. El profesional se hace a través de una profunda y continua revisión de sus saberes, y pretende que el acceso a su trabajo venga dado por una titulación que parece tener, para el señor Ansón, las mismas cualidades que la medicina, que todo lo remedia, no es sino tratar, una vez más, de poner puertas a la verdadera libertad de expresión e información que nuestra Constitución consagra.