Rechazada la propuesta socialista contra la reforma sanitaria de Unión de Centro Democrático

La propuesta socialista de que se cancelase el debate sobre la reforma sanitaria y se emplazase al Gobierno para que remitiera a la Cámara antes del 15 de junio próximo un proyecto de ley de sanidad fue rechazada ayer por el Pleno del Congreso por 134 votos favorables, 149 en contra y diez abstenciones. El socialista Ciriaco de Vicente descalificó la política sanitaria del Gobierno, y el ministro de Sanidad, Juan Rovira, defendió la conveniencia de elaborar en el Parlamento los criterios básicos de la reforma sanitaria antes de ninguna disposición normativa. Rechazada la propuesta socialista se inició el debate sobre las distintas posiciones de los grupos en torno a la reforma sanitaria.

El ministro de Sanidad, en un extenso discurso, reconoció las deficiencias del sistema sanitario actual y abogó por la culminación del trabajo iniciado en la Comisión de Sanidad para dar fin a la reforma sanitaria. El punto de vista gubernamental sobre esta reforma cuenta, según dijo, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la participación de los sectores afectados.Entre los ejes de la reforma citada aludió a la necesidad de fomentar el médico de familia y el equipo de salud en el primer nivel sanitario. Asimismo propugnó la creación de centro de salud comarcales y de sector o de distrito y devolver a los hospitales a su verdadera función de acuerdo con los altos recursos tecnológicos de que disponen.

Los puntos de mayor discrepancia con la izquierda fueron abordados también por el ministro. En cuanto a la gestión, destacó la importancia de la Seguridad Social, cuya red hospitalaria debe completarse mediante centros en los que se preste una asistencia extrahospitalaria. Negó que UCD propugne una financiación privada de la sanidad, si bien manifestó la necesidad de evitar la estatalización de los servicios de salud.

En cuanto a la participación, manifestó: «Todos somos partidarios de mantener una participación dirigida al control y vigilancia de la gestión sanitaria; pero, en cambio, somos opuestos a que esta participación pueda tener la facultad de tomar decisiones que en el orden sanitario sólo deben adoptar los médicos y demás profesionales sanitarios».

Rechazó la acusación de que el Gobierno está permitiendo una degradación de la asistencia sanitaria pública para desprestigiarla y favorecer el desarrollo de la medicina privada. En todo caso, expresó la necesidad de ser consciente de las dificultades económicas en que nos encontramos.

Ciriaco de Vicente defendió la resolución socialista, solicitando la remisión a la Cámara de una ley de Sanidad antes del 15 de junio próximo, lo cual no quería decir, explicó, «que los socialistas estemos contra la reforma sanitaria, sino que nos oponemos radical y frontalmente a la del Gobierno, que no es tal, por lo que solicitamos la citada ley de Sanidad, que si el Gobierno no la presenta lo hará nuestro grupo». La razón esgrimida por el diputado socialista fue la de que su grupo no quería dar «patente de corso a UCD para que, en base al documento de la reforma, haga y deshaga por la vía reglamentaria».

Ciriaco de Vicente calificó el actual sistema sanitario de injusto, caótico, inadmisible y sanitaria y económicamente inviable (esto último lo dijo dirigiéndose al vicepresidente económico del Gobierno). Justificó la petición de una ley de Sanidad en que la reforma sanitaria de UCD es un engaño a los españoles. Se mostró incrédulo ante el visto bueno dado por la OMS, a la que, según dijo, el secretario de Estado para la Salud, Segovia de Arana, había instrumentado. Se negó a que el Gobierno pretendiera también ahora instrumentar al Parlamento para que, a través de un documento, quedara al servicio del Gobierno.

El diputado centrista José Luis del Valle replicó a Ciriaco de Vicente, a quien dijo que el PSOE quiere hurtar al Parlamento el debate sobre la reforma sanitaria. Negó que la política de Estado sólo sea aquella que UCD realiza con el PSOE y rechazó, en nombre de UCD, el emplazamiento al Gobierno para el envío de una ley de Sanidad sin fijar previamente los criterios de la reforma.

Propuestas concretas

Tras ser derrotadas las posiciones anteriores, se pasó a la defensa de las propuestas de resolución que cada uno de los grupos ofrece para la reforma sanitaria. En la sesión de ayer intervinieron Javier Yuste, por el Grupo Socialista, Luis Puig i Olivé, por Socialistas de Cataluña, y Miguel Núñez, por los comunistas.

Yuste defendió la alternativa global que significa para los socialistas el servicio nacional de salud, a través del cual, dijo, podemos recorrer «cinco caminos, que traducen cinco estrategias: una estrategia de promoción a la salud, destinada a responsabilizar y a hacer participar a los ciudadanos en las actividades que mejoren la salud individual y colectiva. Una estrategia de investigación, concebida para favorecer el descubrimiento y la aplicación de los conocimientos necesarios para la solución de nuestros problemas. Una estrategia», añadió, «de acercamiento del sistema de cuidados a toda la población, que pasa por la consecución para todos de los ciudados mínimos incluidos en la atención primaria de salud. Una estrategia de formación del personal, que prepare a los profesionales para trabajar en la perspectiva saludable más que en la perspectiva de la patología. Y por fin», concluyó Yuste, «una estrategia legislativa, que desarrolle los principios constitucionales y otorgue plena autonomía a las comunidades autónomas y plena responsabilidad en la gestión del sistema sanitario de los entes locales».

Luis Puig defendió, en nombre de Socialistas de Cataluña, el servicio nacional de la salud como instrumento estatal para la reforma sanitaria y el turno de intervenciones terminó ayer con la del comunista Núñez, que estimó que en un plazo de ocho años ha de estar completada la reforma sanitaria, ya que, de no ser así, dijo, los supuestos que han servido de base para su elaboración podrían haber perdido validez. Concluyó pidiendo al Gobierno que se comprometa a tener en cuenta las resoluciones presentadas por los grupos parlamentarios en la elaboración de la ley de sanidad, que debe presentar al Congreso, y a no condicionar el contenido de ésta con decretos y órdenes ministeriales, dictados en el período que medie hasta la discusión y aprobación de la ley por el Parlamento.