Los armadores gallegos responsabilizan al Gobierno de las multas comunitarias

Un total de 550 millones de pesetas suman las multas y cauciones impuestas a los pesqueros gallegos por la Comunidad Económica Europea, de las que los representantes de las asociaciones de pesca de Pontevedra y La Coruña responsabilizan a la Administración pesquera española.Las citadas asociaciones, reunidas en Vigo, han decidido exigir al Gobierno que se les concedan licencias, proporcionalmente a su censo, en todas las áreas de pesca autorizadas por la CEE. Los pesqueros de las provincias de La Coruña y Pontevedra representan el 43 % de la flota que faena en aguas de la Comunidad Europea, con 176 barcos de arrastre que emplean a 3.894 tripulantes. El empleo inducido por esa flota es de unas 30.000 personas en tierra. Estiman los armadores que la recalcitrante inhibición de la Administración pesquera les ha obligado a mantener toda la flota en actividad, a pesar de las escasas licencias concedidas.

En virtud de esta situación, los armadores hacen un llamamiento al Gobierno para que encuentre soluciones para la flota gallega, a la que consideran que las decisiones administrativas están discriminando y agraviando últimamente.

Estiman los armadores que es necesaria una ley básica de pesca y que la ambigua actitud de la Administración pesquera «demuestra una vez más su marcada incapacidad y su manifiesto desprecio hacia los intereses pesqueros de Galicia». Califican además de demagógicas y falaces las declaraciones del anterior ministro de Transportes, Sánchez Terán, quien afirmó que las infracciones de la flota pesquera en aguas comunitarias están deteriorando las relaciones de España con la CEE.