El juez llama a declarar a las 55 familias que ocupan los pisos de General Fanjul

Cerca de cinco meses llevan ocupadas ilegalmente 55 de las 120 viviendas del bloque situado en el número 27 de la calle del General Fanjul, del distrito de Carabanchel, por otras tantas familias de la asociación de amas de casa y de la coordinadora de chabolistas de la zona. Los ocupantes están pasando a declarar sobre los hechos durante las dos últimas semanas ante el juzgado número siete de Madrid, por la denuncia presentada por Visomsa, constructora de las viviendas, para proceder al desalojo.

En la actualidad habitan el bloque 189 personas, de las que 74 son niños, varios son ancianos ya jubilados y ocho cabezas de familia en situación de paro. A principios del presente mes de abril, un anciano de 82 años falleció sin haberse recuperado, señalan fuentes de los ocupantes, de un ataque de nervios sufrido en uno de los momentos de mayor tensión.Los ocupantes, que se han instalado en los pisos con muebles y toda clase de enseres propios de una vivienda, disfrutan de agua corriente por haber pagado la cuota pasada a la constructora, pero están amenazados de corte definitivo de luz, ya que utilizan la concesión hecha a Visomsa para llevar a cabo la construcción. Aunque las viviendas tienen instalación para servicio de gas-ciudad, no le reciben.

Fuentes de la Asociación de Amas de Casa de Carabanchel señalaron a EL PAÍS que en la última reunión habida entre las partes que intervienen en el conflicto, con asistencia del gobernador civil, Juan José Rosón; el director general del INV, Angel Mario Carreño; el concejal delegado de Obras, Francisco Javier Angelina, y el abogado que representa a los ocupantes, Joaquín Ruiz-Giménez, se llegó al acuerdo de que el ayuntamiento renunciase a las ochenta viviendas prometidas por Visomsa en ese bloque. La renuncia la hacía el ayuntamiento en base a que le fuesen concedidas el mismo número de viviendas en otra promoción de la constructora.

Sin embargo, el acuerdo no se ha llevado aún a la práctica porque el Instituto Nacional de la Vivienda exige que la renuncia municipal sea hecha por escrito. Ha habido también conversaciones bilaterales entre el alcalde, Enrique Tierno, y el abogado Ruiz-Giménez, en las que se ratificó el acuerdo. Sin embargo, sigue sin producirse la renuncia escrita del ayuntamiento, informan los ocupantes.

Durante el período de ocupación y tras intensas negociaciones y principios de acuerdo, las 55 familias salieron de las viviendas ante el anuncio hecho por representantes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), de que compraría el bloque a Visomsa si lo deshabitaban durante unos días. Las familias salieron de las viviendas el 15 de enero y permanecieron en la calle durante tres días (días que coincidieron con una intensa nevada en Madrid), aunque sus muebles permanecieron en el interior. El ministerio comunicó que sólo compraría las viviendas si quedaban totalmente desalojadas, con lo cual los ocupantes volvieron a entrar en ellas el 18 del mismo mes. Desde entonces, permanecen allí.

Pocos días después de la primera ocupación, el Gobierno Civil recomendó a Visomsa, empresa en la que participan el Ayuntamiento de Madrid, la Caja de Ahorros y el MOPU, que solicitase el desalojo por vía judicial para evitar desórdenes públicos que se pudiesen producir al efectuar la operación por las Fuerzas de Orden Público. A raíz de esta tramitación los cabezas de las 55 familias ocupantes están declarando estos días ante el juzgado correspondiente, declaración que finaliza esta semana.

Por otra parte, la compra de las viviendas por el MOPU no se ha llevado a cabo a pesar de haber sido aprobada por el Consejo de Ministros a finales de enero, ya que se realizaba bajo la condición de su total desocupación, cuestión que no están dispuestas a realizar las familias allí instaladas.