El Ayuntamiento de El Escorial aprueba la continuación del "camping" Caravanig

El Ayuntamiento de El Escorial aprobó en un pleno celebrado el jueves la continuación de las obras en el camping Caravaning, si bien condicionándolo todo a la aceptación, por parte de la empresa, de una serie de requisitos importantes. Por su parte, el gobierno civil ha vuelto a ordenar la suspensión de las obras, a petición de Coplaco, lo que no obsta para que dicho organismo aún no se haya pronunciado sobre la legalidad urbanística del camping. Es casi seguro, sin embargo, que el Caravaning se abra al público en los primeros días de mayo.La situación confusa creada en torno al Caravaning continúa sin resolverse, como se desprende de las decisiones tomadas los últimos días por organismos oficiales implicados en la polémica. El jueves, un pleno extraordinario de El Escorial debatió una moción presentada por el grupo de concejales socialistas, en la que se planteaban serias dudas sobre la buena voluntad demostrada por la empresa en las promesas que hizo al ayuntamiento en meses anteriores.

Según la moción, el Grupo Planeta Azul se comprometió, entre otras cosas, a contratar al menos cien personas entre los parados de El Escorial. Asimismo, los concejales mostraron su preocupación en aquel momento por la venta de parcelas, que podían dar lugar a una urbanización encubierta de grandes dimensiones. Entre otros argumentos, los socialistas esgrimieron el de que la misma empresa estaba vendiendo en la feria de Expo-Ocio una modalidad de caravanas, las movil-houses, que alcanzan los tres metros de ancho y los treinta metros cuadrados de habitabilidad. Estas movil-house no pueden circular por carreteras debido a su tamaño, por lo que las que se instalaran en el camping se quedarían allí por tiempo indefinido, y realizarían el papel de verdaderos chalés con ruedas.

En aquella ronda de negociaciones, la empresa, según la moción socialista presentada ayer, se comprometió a terminar con la venta de parcelas y sustituirla por el alquiler de las plazas, por tiempo no superior a seis meses, lo que aseguraba la no permanencia continua de los campistas y, por tanto, la imposibilidad de que el Caravaning fuera en realidad una urbanización camuflada. El Grupo Planeta Azul no cumplió su promesa y comenzó la venta de participaciones proindiviso, a precios de 625.000 pesetas (el vicepresidente de la empresa, Gabriel García Sanz, aseguró hace pocos días que el precio era de medio millón).

En el pleno, como conclusión, se llegó a un consenso entre los tres concejales socialistas y uno comunista, por una parte, y los seis independientes y un ucedista por la otra. Los primeros aceptaron aprobar la continuación de las obras, y los segundos aceptaron exigir una serie de garantías muy concretas: creación de una comisión de seguimiento de los trabajos y el funcionamiento del camping.

Sin embargo, y como reconoció un concejal socialista, al aprobar la continuación de las obras el ayuntamiento se ha desprendido de la única arma real que tenían en su poder para presionar a la empresa a cumplir sus compromisos en caso de conflicto. Se valoró el hecho de que es muy comprometido negar la apertura definitiva a un proyecto en el que el Grupo Planeta Azul ha invertido unos trescientos millones de pesetas. Todo hace suponer, pues, que el camping abrirá sus puertas en cuanto esté preparado para ello.

Por su parte, el gobierno civil ha solicitado de Coplaco que tenga en cuenta el informe emitido por la comisión de técnicos a la hora de definirse por la legalidad o ilegalidad del camping. El informe de la comisión tampoco se define sobre este aspecto, y en cambio recoge el dato de que Coplaco se equivocó en sus primeras apreciaciones, que hacían suponer una maniobra especulativa. Aunque Coplaco tenía que haber anunciado su postura oficial el día de ayer, según las directrices del gobierno civil, no se piensa que lo haga al menos hasta la convocatoria de su próximo pleno, prevista para el 5 de mayo.

Simultáneamente, el gobierno civil ha ordenado de nuevo la suspensión de las obras, y ha pasado toda la documentación de que dispone a la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial, para que ésta falle en derecho. Tal disposición parece indicar que el gobierno civil prefiere quedarse al margen del asunto.