El Congreso pide una investigación sobre la muerte de dos estudiantes

La Comisión de Interior del Congreso aprobó ayer una moción al Gobierno, en la que se pide una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon la muerte de dos estudiantes en la glorieta de Embajadores, de Madrid, el 13 de diciembre pasado, por disparos de la Policía Nacional. La misma comisión aprobó otra moción en la, que se pide al Gobierno un proyecto de ley sobre el uso de la bandera nacional.La primera de dichas mociones precisa que la investigación solicitada deberá concretar «las causas por las que no fueron suficientes los medios normales antidisturbios para resolver la situación, determinando, sin perjuicio de la actuación del poder judicial, si existió falta de previsión de medios y dispositivos eficaces, que hubiesen evitado el luctuoso suceso y, en tal caso, las responsabilidades que de tal impresión se derivan».

Dicha moción, presentada inicialmente por el PCE, fue defendida por Simón Sánchez Montero. Este diputado insinuó que, si no hubiera sido por la decisión del jefe superior de Policía de Madrid, para que pasara a disposición judicial la dotación del land rover del que partieron los disparos, tal vez hubiera quedado como buena la versión oficial, según la cual los miembros de la policía se vieron acorralados y hubieron de disparar. Sánchez Montero se preguntó si el hecho de que el jefe superior de Policía hubiese iniciado estas investigaciones había motivado su jubilación. Al oír esto, el ministro del Interior, Antonio Ibáñez Freire -presente en la sala- hizo gestos de desaprobación.

El mismo diputado defendió posteriormente la enmienda sobre el uso de la bandera, quien señaló que, pese a: la existencia de un decreto respecto a dicho tema, se hace uso partidista de la bandera con supuestos fines de patriotismo y para atacar a la democracia y a los partidos políticos. La moción finalmente aprobada -modificada sobre la inicial del PCE- pide que se aplique el decreto de referencia a los infractores del mismo, con arreglo a derecho, así como un proyecto de ley para lograr el debido cumplimiento de las disposiciones constitucionales sobre uso de la bandera en edificios públicos y actos oficiales.