Andalucía ahora

Ya las fechas del 4 de diciembre de 1977 y del 2 de diciembre de 1979 indicaban, como hecho irrefutable, que en Andalucía existía una clara conciencia autonómica. Pero, a pesar de ello, pocos apostaron, incluida una parte nada despreciable de los medios de comunicación, por la certeza y la realidad de esta conciencia. Incluso los que apostaban afirmativamente partían de una posición negadora de la existencia de una identidad de país, consistente en la especificidad histórica y la posesión de una cultura singularizada: trasladaban el énfasis a razones de agravio comparativo, marginación y subdesarrollo -problemas importantes y reales para Andalucía-, pero que no componen con exclusividad su ser y su razón de ser. ¿Quién apostaba realmente por el resultado del 28 de febrero?Por tercera vez hubo que demostrar desde Andalucía que existíamos como pueblo. Desde que el escrutinio reveló el impresionante éxito político de ese pueblo andaluz, casi todos los comentarios han resaltado la derrota de la política autonómica del Gobierno y su partido, pero pocos han puesto de manifiesto que lo ocurrido en Andalucía no es algo gratuito, sino que el resultado del 28-F, unido a los hechos anteriores, sólo tiene una interpretación política: la de la profunda aspiración del pueblo andaluz al autogobierno, en un plano de igualdad con las llamadas nacionalidades históricas.

No nos coge de sorpresa a los andaluces esta insuficiencia de análisis. Es más: tememos que, transcurrido algún tiempo, se nos niegue de nuevo'el pan y la sal. Siempre habrá el escribano de turno al servicio de los jacobinos del Estado (¿el Estado es de ellos?) que vuelva a las andadas, y achaque el éxito del referéndum a discriminaciones torpes, a la falta de habilidad del Gobierno al plantear la cuestión, y, en suma, a cualquier justificación que enmascare la realidad de que Andalucía se siente diferenciada y que tiene voluntad y derecho de ejercer como tal.

La situación de Almería

Pero la realidad está ahí para el que la quiera ver. Siete provincias superaron el techo, y Almería, la irrenunciablemente andaluza Almería, se ha quedado a pocos votos, en circunstancias muy lejanas a la normalidad. Pero no es el momento de extraer conclusiones juridicistas, con razones que el mismo.derecho bien entendido ignora, sino conclusiones políticas. Y, muy brevemente resumidas, éstas son que un 55% de los andaluces censados, en un censo notablemente inflado y plagado de irregularidades, dijeron si, lo que prueba claramente, entre otras cosas, que no se ha producido divorcio alguno entre los ayuntamientos que reclamaron la vía del 151 de la Constitución y los ciudadanos andaluces.

Pero la victoria política no es todavía victoria legal, pues lo impide la letra de la ley orgánica sobre distintas modalidades de referéndum, creándose así una contradicción que genera un sentimiento de frustración de imprevisibles consecuencias.

Llegados a este punto, hay quien inmediatamente argumenta que la ley está ahí. Y a ellos se suman los que, expertos tan sólo en el oficio de acusar, culpabilizan a todos los que con sus votos hicieron posible la aprobación de la ley. Ambos se olvidan de que, para la celebración del referéndum en la fecha del 28 de febrero, vital por todo lo que significaba, era premisa indispensable la aprobación de la ley y que, por su carácter de orgánica, necesitaba ¡huyoría absoluta. Se debe aquí recordar que UCD, a través de sus máximos portavoces parlamentarios y de algún destacado miembro del Gobierno, afirmó que, sin los votos necesarios para sacar adelante la ley orgánica, no habría referéndum en Andalucia. Y no se pase por alto que los hechos posteriores han venido a convertir el referéndum y su resultado en el principal capital político del pueblo andaluz.

Ampliar la legalidad

Pero, en cualquier caso, ello es pasado, y, hay que pensar en el futuro. Y el futuro es el de una realidad encorsetada por una legalidad inadecuada. Y hay imperiosamente que encontrar la manera de restablecer el equilibrio. No se trata tanto de modificar la legalidad como de extenderla de modo que pueda contemplar la situación singular andaluza, creada no de una manera artificial, sino por la voluntad de un pueblo.

Ampliar la legalidad es la única salida para Andalucía. Todos los partidos políticos que promovieron el sí, y la Junta de Andalucía en reciente acuerdo de su consejo permanente, están por esta solución a través de distintas fórmulas. Hoy más que nunca se hace necesaria una política que unifique criterios y determine en bloque a una única fórmula, plenamente constitucional, y que cuente con el apoyo de una respuesta política generalizada, articulada en Andalucía institucional y popularmente. Este reto es el que tienen que asumir, una vez más unitariamente, los que con sinceridad pretendan construir Andalucía. ¿Lo entenderán así el Gobierno y su partido? ¿Saldrán de una lógica maniquea y falsa (autonomía contra Estado) que denuncian, pero implícitamente fomentan? ¿Entenderán que los ayuntamientos, las diputaciones y la propia Junta de Andalucía, junto con nuestro pueblo, somos también el Estado? ¿Iniciarán la política de colaboración entre las comunidades autónomas y el Gobierno que señalaba su presidente? Así lo deseamos. Así lo esperamos. Pedimos que se reflexione. De no hacerlo, la consecuencia de los planteamientos actuales es una política de confrontación y de desesperación que viene a agravar el paro y la miseria de muchos miles de ciudadanos andaluces, y por tanto, españoles. Que no se olvide: los riesgos son muy graves.