La remodelación de veintiocho barrios enfrenta a los vecinos con Obras Públicas

Los procesos de remodelación de veintiocho barrios madrileños han supuesto un constante enfrentamiento entre el movimiento vecinal y la Administración. Hoy, cuando una «orden comunicada» del ministro de Obras Públicas parecía haber acabado con el tema, las discrepancias entre las dos partes en litigio vuelven a provocar la salida de los barrios a la calle, en busca de solución a los problemas de vivienda que tan hondamente les afectan y vienen reivindicando desde hace años.

Fue hacia el año 1973 cuando la presión social en los barrios madrileños hizo surgir una reivindicación casi unánime en todos ellos: las construcciones llamadas sociales efectuadas por el régimen de Franco se habían convertido, en un porcentaje excesivamente elevado, en simples ruinas que si seguían en pie era únicamente porque sus habitantes, obreros de las más diferentes categorías, no tenían otro lugar en el que vivir.Había de ser la Administración la que, como heredera -cuando no promotora directa- de barrios tales como San Blas o Valdeacederas, las unidades vecinales de absorción o los poblados dirigidos, habían de responsabilizarse de la situación urbanística por la que atravesaban.

El primer intento para que esa reivindicación terminara, promesas incumplidas aparte, llegó con un célebre plan de construcción de 15.000 viviendas sociales en Madrid, que fue acogido como la panacea que habría de solucionar los problemas de habitáculo que sufrían los barrios.

El plan, sin embargo, se enfrentaba, desde su nacimiento, con unos problemas de financiación que hacían difícil, cuando no imposible, su realización concreta.

La presión vecinal, por consiguiente, continuó. Las concentraciones frente a la sede del -en aquel entonces- Ministerio de la Vivienda fueron casi el pan nuestro de cada día. Las visitas que Juan de Arespacochaga, como alcalde, hizo a algunos barrios madrileños dieron pie a que esa reivindicación repetida se hiciera presente una vez más. El alcalde, como tal, no podía hacer otra cosa que no fuera decir que la competencia en el tema era del ministerio y no del ayuntamiento.

Pero llegó la reforma de la Administración del Estado, y lo que era Ministerio de la Vivienda se convirtió en un superministerio que recibió el nombre de Obras Públicas y Urbanismo, en el que lo nuevo en su denominación era precisamente lo del urbanismo. Con esa reforma accedió al nuevo ministerio Joaquín Garrigues, quien, sin que muy pocos fueran capaces de explicarse el porqué, se avino a recibir a los representantes -a veces en comisiones muy numerosas- de los barrios.

Y con esos representantes, el ministro pactó la cobertura de las necesidades de vivienda en los barrios de la ciudad. La época de la respuesta policial y verbal a las reivindicaciones vecinales había acabado: nacía la época de las negociaciones.

En marzo del año pasado, las elecciones generales dieron paso a un nuevo Gobierno. En ese Gobierno, Jesús Sancho Rof, hasta entonces subsecretario del Interior accedió a la cartera de Obras Públicas y Urbanismo. Como tal ministro, el reto de las viviendas sociales se presentaba ante él. Esto, unido a la presión vecinal por obtener algo más que la promesa intemporal de construcción de 15.000 viviendas, le urgía a la toma de una decisión rápida.

A principios del mes de mayo de 1979, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) anunció a bombo y platillo la inversión de unos 60.000 millones de pesetas en la remodelación de los veintiocho barrios madrileños que habían conseguido algún tipo de compromiso por parte de la Administración para acabar con las malas condiciones de habitabilidad que sufrían sus habitantes. Hubo quien entendió que «el ministerio cede ante los vecinos».

El día 23 de ese mismo mes, el ministro promulgaba una orden ministerial comunicada -sin aparecer en el Boletín Oficial del Estado, aunque se dé conocimiento directo de ella a todo organismo y persona interesada en el tema- por la que se establecía la necesidad de la inversión anunciada e indirectamente se le daban garantías al movimiento vecinal madrileño de que sus barrios iban a ser remodelados en unos plazos que la misma orden fijaba, y con un número determinado de viviendas destinadas a atender las necesidades concretas de cada zona.

En esa orden comunicada se recogían las 248 viviendas que, en aquel momento, estaban en construcción por parte del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) en la provincia de Madrid. A ellas se le añadían unas previsiones de comienzo de construcción en ese mismo año de otras 16.568 viviendas. Además, la misma orden prevela el inicio de construcción, en los años « 1980 y siguientes», de otras 19.025 viviendas. En total, pues, la orden comunicada aseguraba la construcción, al final del proceso de remodelación de esos veintiocho barrios, de 35.841 viviendas.

Parecía que la paz había sido ya firmada: los barrios habían conseguido que el ministerio se comprometiera a remodelar. Pero los problemas no tardarían en surgir: no ha pasado todavía un año desde que la ya célebre orden comunicada fuera promulgada y los vecinos acusan al ministerio de su incumplimiento. Mientras, el ministerio asegura estar cumpliendo sus compromisos por encima, incluso de lo previsto. El baile de los números y las acusaciones mutuas han pasado a formar parte de la crónica diaria de los periódicos.

La versión ministerial, fruto de los cálculos del INV en la construcción de sus propias promociones y las que han sido encargadas a Visomsa (Viviendas Sociales de Madrid), la empresa mixta formada por capital estatal, municipal y de la caja de ahorros, es la siguiente: el INV tiene en construcción 3.926 viviendas; Visomsa, 4.558, incluidas en la orden comunicada, más 314 de dos barrios (Tercio Terol y Marqués de Vadillo) añadidos posteriormente. En total, en la actualidad, hay 8.798 viviendas en construcción.

A esas viviendas hay que añadir, siempre según el ministerio, los que van a comenzar su construcción en este mismo año de 1980: 2.913 por parte del INV y 7.255 a cargo de Visomsa. En total, la Administración acometerá este año la construcción de 10.168 viviendas en los barrios en remodelación. De las viviendas a construir por Visomsa, 6.855 han sido ya adjudicadas a las empresas que, después de presentarse el correspondiente concurso, se encargarán directamente de la edificación.

En total, pues, a final de este año de 1980, en Madrid habrá en construcción o construidas por cuenta directa o indirecta de la Administración un total de 18.652 viviendas, producto de la remodelación de los veintiocho barrios incluidos en la orden comunicada de mayo del año pasado. A éstas habría que añadir las 314 de Tercio Terol y Marqués de Vadillo. Total, 18.966.

La comisión de seguimiento

Los barrios, de todas maneras, no se fían de las buenas intenciones del ministerio y forman una coordinadora dispuesta a ver qué es lo que está pasando con la construcción de sus viviendas. Fruto de las presiones de esa coordinadora es la creación de una comisión de seguimiento del programa de remodelación de los barrios, en la que se integraron, en noviembre del año pasado, los representantes del movimiento vecinal y de la Administración.Pero resulta que la propia coordinadora cita como fuente de sus datos las previsiones nacidas de esa comisión: según los cálculos de la coordinadora, las 15.000 viviendas deberían haber empezado su construcción dentro de 1979; sin embargo, sólo comenzaron a ser construidas 3.000. El resto. pasó al programa que el ministerio previó para 1980. «Esto no quiere decir», añade la coordinadora, «que se pueda acometer la diferencia, al ser obstáculos insalvables, por ahora, los problemas de obtención del suelo urbanizable -previsto ya por el ministerio en su orden comunicada- en algunos barrios; una estimación realista lo dejaría en 8.000».

Es decir, los vecinos no encuentran las viviendas de los barrios en remodelación por ninguna parte y tienen que seguir confiando, tras años de espera, en las promesas del ministerio.