El PSOE rechaza los planteamientos centristas sobre la autonomía valenciana

Los socialistas no se sentarán a negociar con UCD una salida del proceso autonómico por la vía del 143, después de conocer por medio de las declaraciones realizadas por el secretario regional centrista, el senador Manuel Broseta, el contenido de una nueva propuesta negociadora para lograr un estatuto consensuado antes de diciembre de este año por el procedimiento que establece el citado artículo constitucional.El PSOE reiteró su decisión de lograr competencias más amplias que las previstas en el artículo 149, un Parlamento elegido por sufragio universal y con representación proporcional que no distorsione la tendencia del voto popular favorable a la izquierda, un Gobierno acorde con la configuración de este Parlamento y, por último, un tribunal de Justicia. Aspectos todos ellos que, según los socialistas, no se recogen en la última oferta hecha por la dirección política regional de UCD.

A falta de un comunicado oficial de la última reunión del comité ejecutivo del PSPV-PSOE, que trató de estos temas, su secretario general, Joan Lerma, descalificó las declaraciones del senador Broseta. «No es una oferta para sacar del atolladero a la autonomía del País Valenciano», afirmó, «no se trata de una nueva oferta, sino de la misma postura que provocó la ruptura de las negociaciones». La nueva estrategia de UCD pretendía acentuar la marginación del País Valenciano con respecto a las nacionalidades históricas y discriminarlo de Andalucía, que pudo pronunciarse en un referéndum sobre su voluntad autonómica, posibilidad que se niega al pueblo valenciano.

El debate de la crisis autonómica en el comité ejecutivo del PSPV, según pudo saber EL PAIS, reflejó las diversas posturas que se dan sobre la salida autonómica, que tiene como polos más claros la posición de llegar al estatuto por medio de una ley orgánica aprobada por el Parlamento, que cuente con el respaldo del acuerdo político de los partidos valencianos, y por otro la tesis del sector nacionalista que recoge las conclusiones de un informe elaborado por profesores de la cátedra de Derecho Político de Valencia (véase EL PAIS de 14 de marzo).

Según el análisis del sector socialista, más radical, el Gobierno debe convocar un referéndum antes del 25 de junio, ya que el País Valenciano cubrió el trámite de la iniciativa municipal cuando el pasado mes de octubre el ex presidente del Consejo, José Luis Albiñana, presentó en el ministerio el expediente del pronunciamiento de los ayuntamientos dentro del plazo fijado por el artículo 151 de la Constitución. Los nacionalistas consideran que la ley que regula los referendos no tiene carácter retroactivo y, por tanto, no afecta al proceso valenciano, que se inició antes de su promulgación y debe seguir por la vía andaluza.

Entre tanto, el Consejo del País Valenciano decidirá en su próximo pleno la iniciativa autonómica a seguir tras conocer los nuevos acuerdos municipales, que al parecer no sólo no alcanzan el mínimo necesario para ir por la vía del 151, sino tampoco por la «vía lenta».