La Leyland británica, amenazada de cierre por la huelga de sus 18.500 operarios

Una vez más, British Leyland, el gigante enfermo de la industria automovilística británica, ha saltado al primer plano de la actualidad con motivo de una disputa laboral que, en caso de no resolverse satisfactoriamente, puede causar nada menos que el cierre definitivo de la compañía. La preocupación es intensa y abarca por igual a los círculos gubernamentales, a los sindicatos y a la dirección de la empresa nacionalizada.

La huelga, que afecta a 18.500 trabajadores manuales en varias de las factorías de Leyland en todo el país, se produjo como consecuencia de la decisión de la empresa de imponer unos aumentos salariales del 5% a los obreros no especializados y del 10% a los especializados, aumentos que habían sido rechazados por insuficientes por la fuerza laboral.Pero la dirección de Leyland, que se encuentra en una situación financiera calamitosa, se redujo a un simple «o lo toma o lo deja, porque no podemos pagar más en estas circunstancias».

Los modelos Leyland, que hace unos años dominaban totalmente el mercado británico, consiguieron solamente un 19% de ese mercado en febrero, aunque aumentaron hasta el 24% en el mes de marzo. Este aumento de las ventas en marzo, conseguido tras una intensa campaña al consumidor, basada en el eslogan «Compre productos británicos», fue acogida con gran alivio por parte de los directivos de la compañía, que creyeron que la recuperación había comenzado.

Pero desde hace unos días, los obreros manuales afiliados al General and Transport Workers Union, el mayor sindicato de Leyland, comenzaron a abandonar sus puestos de trabajo negándose a aceptar los aumentos impuestos por la empresa.

El viernes, 18.500 trabajadores habían parado, lo que supuso la detención de la producción en todas las cadenas de montaje de Leyland.

La reacción de la dirección no se hizo esperar, y, el pasado miércoles un anuncio firmado por el consejero delegado de la división de automóviles Roy Horrocks, y fijado en todos los tablones de anuncios de las fábricas, daba a los obreros en huelga un plazo hasta el próximo miércoles para reintegrarse al trabajo o ser despedidos sin indemnización alguna.

Antes de producirse el ultimátum, el secretario general del Sindicato de Transporte y Obreros, Moss Evans, había pedido una reunión con el presidente, sir Michael Edwards, y los directivos de la compañía, en un intento de llegar a un acuerdo sobre la disputa. En los momentos de redactar esta crónica, la reunión se está celebrando en la sede de Leyland en medio de un ambiente de gran tensión.

El Transport and General Workers Union cuenta con 47.000 afiliados en las diversas plantas de Leyland. El resto de los trabajadores manuales de la empresa pertenecen al segundo sindicato en importancia del país, The Amalgamated Union of Engineering Workers, cuya directiva, encabezada por Terry Duffy, uno de los líderes sindicales de más prestigio en el Reino Unido, se ha negado a secundar la huelga del Sindicato de Transporte, ante el temor de que una disputa laboral produzca el colapso total de la única industria automovilística importante que queda en Inglaterra.

Los términos empleados por sir Michael Edwards para condenar lo que califica de «intento premeditado de hundir la compañía» son de una dureza inimaginable. Para Edwards, todo el mundo sabe la actual situación de Leyland, que no puede permitirse la pérdida de una sola hora de trabajo. El conflicto puede poner en peligro la salida al mercado del muevo modelo Metro, que sustituirá al antiguo Mini, y en el que Leyland tiene basadas todas sus esperanzas de recuperación de los mercados exteriores e interiores. El Metro debe ponerse a la venta el próximo octubre, y existen fundados temores de que la fecha tenga que ser retrasada.