Alfa Romeo negocia desde hace meses con Motor Ibérica la fabricación de automóviles en España

Alfa Romeo, la empresa automovilística estatal italiana, que está atravesando una fuerte crisis, se encuentra en negociaciones con Motor Ibérica, SA, desde hace varios meses, con el objetivo puesto en fabricar conjuntamente en España varios modelos de automóviles y vehículos pesados con la participación de la empresa japonesa Nissan Co, cuarta en el ranking mundial.

La triple operación de la firma japonesa, revelada ayer por el diario de Milán Corriere della Sera, coincide con los esfuerzos de Nissan, fabricante de los automóviles y vehículos Datsun, para entrar en el mercado europeo de automóviles ligeros, a través de Alfa Romero, y en el de vehículos pesados, por medio de Motor Ibérica, SA, empresa sobre la que suscribió una opción de compra del 35,05% de su accionariado el pasado noviembre.Las negociaciones, de tener éxito, representan, por un lado, un esfuerzo de gigante de la empresa italiana Alfa Romero para salir de su particular crisis con la apertura del mercado español. Por el otro, y más importante, el acuerdo Alfa-Motor Ibérica supondría la materialización de los deseos de los nuevos socios japoneses de la empresa española por abrirse al mercado español de vehículos ligeros (para lo que requieren autorización expresa del Gobierno español).

La revelación de las conversaciones Alfa Romero-Motor Ibérica-Nissan provocó ayer un revuelo en Italia. El Gobierno italiano tiene en su mano, pendiente del dictamen de una comisión técnica, el futuro de un acuerdo en principio alcanzado entre Alfa Romeo y Nissan para fabricar un nuevo automóvil, con carrocería japonesa y motor italiano, en el sur de Italia. Este acuerdo, que abriría a la firma japonesa el mercado italiano y, por extensión, el europeo, cuenta con la fuerte oposición de la Fiat, principal empresa automovilista italiana, que teme que la grave crisis que atraviesa se vea cuadriplicada con la competencia japonesa en su propio mercado.

Pero, en España, el acuerdo eventual entre Alfa Romeo y Motor Ibérica podría plantear una batalla política en el apagado sector automovilístico. La Fiat, además de sus problemas italianos, tiene abierta una crisis sin precedentes en Seat, donde debe decidir si acude finalmente a cubrir su parte en una ampliación de capital que es de 2.400 millones de pesetas. Medios competentes estiman que de esta ampliación, y del comportamiento de Fiat ante la misma, depende el futuro de la Sociedad Española de Automóviles de Turismo.

En este contexto, las presiones que puedan ejercer Fiat y Seat sobre. el eventual acuerdo entre Nissan y Motor Ibérica, por un lado, y Alfa Romeo, por otro, se consideran espectaculares. Presumiblemente, el Gobierno español debe autorizar o rechazar este acuerdo, según las condiciones del mismo, aunque en último extremo siempre podría detener la fabricación de un nuevo modelo de automóvil ligero.

Mientras tanto, y según informa nuestro corresponsal en Roma, Juan Arias, sigue viva en Italia la polémica sobre el cacareado acuerdo Alfa-Nissan, al que con tanta fuerza se opone la casa Fiat, que había llegado a influir en el anterior Gobierno Cossiga, que había parado el asunto. Ahora, el problema resucita porque el nuevo ministro de Participaciones Estatales, el socialista De Michelis, defiende con tal ahínco el acuerdo de la empresa automovilística estatal italiana con la japonesa que ha llegado a afirmar: «Si el acuerdo no pasa, presentaré la dimisión. »

El borrador del acuerdo está ahora en manos del presidente del Gobierno italiano, Francesco Cossiga, ya que debido a su importancia deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros.

Por su parte, funcionarios del Instituto para la Reconstrucción Industrial (IRI) han expresado que no existe ánimo alguno de causar daño a una privada como la Fiat con el acuerdo con Nissan, muy ventajoso para Alfa Romeo, que depende de este ente estatal (similar al INI español), que controla más de 150 empresas y emplea medio millón de personas.

La Fiat, por el contrario, considera este acuerdo como «una traición» e intentará impedir que el Consejo de Ministros, que tiene un plazo de tres meses para decidir, dé el visto bueno a la operación.