Balance crítico de las asociaciones de vecinos al Ayuntamiento de Sevilla

La asamblea general de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) ha acusado al Ayuntamiento de Sevilla de incumplir de forma reiterada y sistemática las promesas electorales de participación ciudadana hechas por los cuatro partidos integrados en la Corporación municipal. Las críticas de la FPAV, cuya junta directiva se encuentra mayoritariamente en manos de militantes del Partido Comunista de Andalucía (PCA-PCE), se dirigen de modo especial hacia los concejales del PSOE y UCD.El documento de las asociaciones recuerda que el mismo día en que el nuevo Ayuntamiento tomaba posesión le hizo entrega de un «manifiesto-memorándum sobre las necesidades de Sevilla» y una propuesta concreta para la participación de las entidades vecinales en la vida municipal. Al cumplirse un año de aquella fecha, «nuestro balance no puede ser positivo en este terreno de la participación, y entendemos que muy poco se ha hecho para dar cumplimiento a aquellas promesas».

Según la FPAV en el transcurso de estos doce meses, la organización ha sido excluida de la comisión de seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana, comisión mixta de enseñanza y consejo de administración de la empresa municipal de agua, y ni siquiera se le ha cedido un local propiedad del Ayuntamiento, que le había sido prometido, alegándose en este último caso «errores de procedimiento». Las críticas vecinales apuntan principalmente al portavoz del PSOE en la Corporación, Antonio Rodríguez Amodóvar, y a UCD.

«Se está engañando a los sevillanos, pues mientras públicamente se promete la participación, en la práctica se les está vetando y boicoteando», concluye el documento, para el que estas actuaciones violan el espíritu y la letra de los artículos 23 y 105 de la Constitución.

Dentro de este ambiente general de crisis del pacto de izquierda en Sevilla cabe destacar asimismo las acusaciones del PSOE a los concejales comunistas de impedir un acuerdo definitivo sobre el presupuesto ordinario de 1980, debido a su pretensión de incluir en el mismo una partida de cien millones de pesetas con destino a la Delegación de Urbanismo, en manos del PCA. Para Rodríguez Almodóvar, portavoz socialista, el capítulo de urbanismo debe figurar dentro del presupuesto extraordinario, como venía ocurriendo con anterioridad.

Por su parte, José Villa (PCA), mostró a EL PAÍS su sorpresa por el hecho de que los socialistas sacasen a la luz pública un tema que estaba siendo objeto de negociación, y explicó que el urbanismo, por su trascendencia para la ciudad, debía estar en el presupuesto ordinario y que «los ayuntamientos franquistas lo incluían en el extraordinario y luego nunca se financiaba». En su opinión, el presupuesto urbanístico de 1980 tendría que ser de cien millones de pesetas, en tanto que el alcalde Uruñuela, en un intento de mediar entre sus compañeros de pacto, ha lanzado la oferta de que sean cincuenta los millones dedicados a esta delegación.