La reforma del fondo de garantía de depósitos es insuficiente e injusta, según los socialistas

De medidas súbitas, faltas de toda consulta, y tendentes una vez más a la socialización de las pérdidas del negocio privado han sido calificadas por el PSOE las últimas reformas del Fondo de Garantía de Depósitos (véase EL PAIS del 29 de marzo) adoptadas por el Gobierno.El PSOE, en un largo comunicado sobre los últimos decretos sobre el Fondo de Garantía (FGD), tras afirmar que considera imprescindible proteger los intereses de los ahorradores, especialmente de los más modestos, que confían la custodia de sus fondos a las entidades bancarias o ceden sus ahorros a cambio de una rentabilidad, enumera una serie de puntualizaciones y objeciones respecto a la dotación de personalidad jurídica y perfeccionamiento del FGD.

Las citadas disposiciones legales han sido adoptadas de una forma súbita -según el PSOE-, procediendo, una vez más, sin justificación conocida de los riesgos existentes en el sistema bancario. «Esta forma de proceder puede provocar en la opinión pública una sensación de riesgo mayor de la que realmente existe con relación a estas empresas. »

El peso de la responsabilidad y coste del Fondo recae sobre el Banco de España, el cual aportará inicialmente el 50% de los recursos del mismo y podrá anticipar hasta cuatro anualidades adicionales completas -las suyas y las correspondientes a la banca privada-, cuando sea necesario, lo cual elevará la participación de fondos públicos en una proporción de nueve a uno. «Este sistema supone, una véz más», dicen los socialistas, «la socialización de las pérdidas de negocios privados, los cuales, una vez saneados con fondos públicos, serán devueltos al sector privado en forma de subasta. Además, el sector público se compromete a hacerse cargo de los mismos cuando dicha subasta quede desierta, socializando así de forma definitiva esas pérdidas.»

Los socialistas echan también en falta que estas medidas del Gobierno no vayan acompañadas de una debida regulación de las funciones inspectoras y supervisoras del Banco de España, hoy claramente inadecuadas, «que prevengan y eviten estas situaciones límite, tal como viene señalando el PSOE y como propuso al discutirse en el Congreso la ley de Organos de Gestión del Banco de España». Dicha regulación, prosigue la nota socialista, exige una separación entre las funciones de instrumentalización de política monetaria y las de inspección, como sucede en todos los países occidentales, así como una información periódica y veraz debidamente auditada por parte de la banca y un mayor rigor en la obligatoriedad del cumplimiento de los coeficientes al crédito.

El seguro es insuficiente

Por otra parte, según los socialistas, el seguro que establece el Fondo de Garantía de Depósitos aparece como claramente insuficiente, ya que por una parte se prevé su ampliación desde el comienzo por el Banco de España, y por otra parte no resiste la comparación con los fondos existentes en otros países occidentales en relación con su volumen de depósitos y la cobertura de riesgos asegurada.Estas medidas, concluye el PSOE, tienen un claro carácter intervencionista y se contradicen con la verbalista política liberalizadora que dice aplicar el Gobierno y que también dice defender la banca privada. «Ello prueba la necesidad de una reforma profunda en un sector que maneja los ahorros de los ciudadanos y tiene el privilegio de crear dinero. Por todo ello no puede dejar de estar eficazmente controlado e inspeccionado en beneficio de toda la sociedad, evitando abusos de poder. »