El Gobierno refuerza las garantías del pequeño ahorrador

El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto-ley por el que se da personalidad jurídica al Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios, además de otras medidas que dotarán a este Fondo de la eficacia necesaria para cubrir los riesgos del ahorrador ante situaciones críticas. Asimismo, el Gobierno aprobó transferencias de recursos, patrimonio y personal a varios órganos preautonómicos, y expresó su condena por el asesinato del arzobispo de San Salvador.El Fondo de Garantía bancaria, según la referencia oficial, con las medidas adoptadas podrá conminar a la banca para el restablecimiento de situaciones patrimoniales que pongan en peligro su solvencia. En caso de suspensión de pagos o quiebra de una entidad bancaria se producirá, por el meto hecho del pago de las cantidades garantizadas, la subrogación en favor del Estado de todos los derechos de acreedor.

Este fondo se creó en noviembre de 1977 para proteger a los depositantes, y muy especialmente a los pequeños ahorradores, y su condición de valioso instrumento para esta tarea ha aconsejado ampliar sus posibilidades de actuación, de forma que contribuya a reforzar la solvencia y funcionamiento de la banca. (Más información, en página 33.)

Los acuerdos sobre organismos preuatonómicos transfieren competencias del Estado o amplían otras ya cedidas a estos organismos, además de transferirles personal, patrimonio y otros medios materiales. En concreto, afectan a la Generalidad de Cataluña, Consejo del País Valenciano, Consejo de las Islas Baleares, Junta de Canarias, Consejo Regional de Murcia, Junta de Extremadura, Consejo Regional de Asturias, Junta de Galicia, Diputación General de Aragón, Junta de Andalucía y Consejo General Vasco.

Las transferencias se refieren a materias de urbanismo, agricultura, turismo, transportes, sanidad, cultura y Administración local. Al realizarlas se da cumplimiento a decretos anteriormente aprobados por el Consejo de Ministros, según la referencia oficial.

También se aprobó un decreto sobre el impuesto de sociedades, que fija el plazo para el pago del tributo de veinte días a partir de la aprobación de las cuentas, el cual, a su vez, deberá hacerse dentro de los seis meses siguientes a la terminación del ejercicio económico.

Por otra parte, atendiendo a la solicitud de asistencia formulada por el comité organizador del Campeonato Mundial de Fútbol de 1982, se ha aprobado que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo supervisará todos los proyectos y la ejecución de las obras de acondicionamiento de las instalaciones deportivas seleccionadas para la celebración del Campeonato.

También se aprobó el plan de inversiones para 1980 del Fondo Nacional de Asistencia Social, que suma un total de 43.000 millones de pesetas, lo que supone casi el doble de lo invertido el año pasado. El desglose fija más de setecientos millones para bienestar social e infantil, cerca de 28.000 millones para ancianos, enfermos, incapacitados y marginados, y otros 14.000 para minusválidos.

En otro orden de cosas, se aprobó un decreto sobre ordenación de la actividad pesquera, que contiene un conjunto de medidas reguladoras de las condiciones y métodos de pesca. Entre otras se encuentran la fijación del número de barcos, tonelaje total y potencia de motores; reglamentación de artes, aparejos, instrumentos y equipos de pesca; horarios de actividad pesquera, prohibición de métodos o artes perjudiciales; vedas estacionales o zonales, reglamento de mallas y definición de esfuerzos y capturas máximas previsibles.

En relación con este decreto, afirma la referencia oficial que se contempla la situación actual de nuestros caladeros, que en su mayoría se encuentran en situación de sobrepesca, especialmente en lo que se refiere a especies de fondo, así como la necesidad de garantizar el cumplimiento de las condiciones para el ejercicio de la actividad pesquera en aguas extranjeras.

Por último, el ministro de Asuntos Exteriores informó sobre la situación en Centroamérica y, particularmente, en El Salvador, y en ese contexto, el Gobierno «condenó enérgicamente y deploró el asesinato de monseñor Romero -arzobispo de la capital de El Salvador-, cuya desaparición puede avivar los odios que ya existen y radicalizar las posturas haciendo más difícil toda conciliación», según se informa en la referencia oficial.

En cuanto a nombramientos se han producido los de Aurelio Valls, como embajador en Islandia, con residencia en Noruega; Antonio Serra y Pedro Amat como rectores de la Universidad Autónoma de Baícelona y la de Salamanca, respectivamente.