Situación de emergencia
Ninguno de cuantos formamos el Equipo de, Coyuntura hubiésemos deseado escribir este trabajo, pues todos los que estudiamos la marcha de la economía en la que vivimos desearíamos darnos y dar a los demás buenas noticias. Desgraciadamente, la economía española vive -con el mundo entero- tiempos de intensa y dilatada crisis. Unos tiempos que, además de producir noticias duras de transmitir, no toleran tampoco la difusión de soluciones brillantes y gratuitas de las que nadie dispone.En este ambiente de crisis económica pocos se deciden a opinar. Es un ambiente en el que el silencio y el escepticismo son rentables. Quien opina, lo menos que arriesga es su calificación de pesimista y agorero. Sin embargo, es justamente en una fase critica cuando la sociedad necesita explicación y respuestas a los problemas planteados. Respuestas que partan de diagnósticos responsables y verdaderos sobre la situación de la economía.
Todas esta s parecen ser palabras demasiado solemnes y, efectivamente, quieren serlo, porque la economía española está atravesando hoy y va a atravesar en los meses inmediatos por situaciones muy delicadas, cuyas motivaciones el país debe conocer en todos sus detalles y gravedad, pues cualquier intento de afrontar los problemas que la crisis plantea con tanta dureza a la sociedad española tiene que admitir el cumplimiento de dos condiciones: una extendida conciencia en los ciudadanos de sus causas y sus consecuencias y una prioridad en su tratamiento por la política económica. No es posible administrar la crisis y reducir sus costes y dimensiones sin reclamar y obtener un amplio apoyo de la sociedad, a la que la crisis afecta. Apoyo que no se logrará si la sociedad no conoce las fuerzas que están actuando sobre el proceso económico y el porqué y el para qué de los costes que necesaria mente debe soportar la población.
La prioridad política de la economía
Por otro lado, ese enfrentamiento con los problemas de la crisis requiere que se conceda a ésta la máxima prioridad política. Los problemas de la crisis son insolubles desde la espera, desde la pasividad o desde el lenguaje de medias verdades y tratamientos episódicos o discontinuos. Cuando se observa el comportamiento de la economía española a lo largo de la crisis, se aprecia que su principal pasivo se encuentra en la falta de diligencia para traducir en decisiones incluso lo que muchas veces son coincidencias de todos. Una gran pereza política y administrativa ha estado presente en las decisiones económicas del país. Cuando la economía ha alcanzado el primer plano de la atención general lo ha hecho por poco tiempo, durante unos meses de febril dedicación, a los que han seguido etapas de larga atonía. Parece como si los escenarios políticos cambiantes de cada día absorbieran la capacidad entera de atención y de tiempo disponibles de los políticos.
Estas no son afirmaciones sin fundamento. Cuentan con el aval de los hechos. Las corrobora muy claramente el comportamiento de la política económica en los siete últimos años. Los dos años y medio de retraso en el tratamiento de una situación económica ya grave en 19173, relegada por la atención prioritaria de los problemas de la transición política, fueron agudizando hasta extremos insoportables los desequilibrios de precios y de balanza de pagos que habían estallado en el país con el comienzo de la crisis mundial en 1973-1974. El proceso electoral de marzo de 1979 desplazó de nuevo la atención política que habían logrado atraer los problemas económicos en el año y medio que va desde las elecciones generales de junio de 1977 al vencimiento de los acuerdos de la Moncloa, en diciembre de 1978. Con ello no se aprobó a tiempo el presupuesto para 1979, descuidándose en los primeros meses del pasado año la gestión diaria de la política económica, haciendo necesarias después tardías y costosas medidas de reajuste. Hoy, un año más tarde, la puesta en marcha del proceso autonómico ha vuelto a monopolizar la atención de los políticos. Dicho en pocas palabras: a lo largo de los siete años de crisis -con la excepción de la etapa julio de 1977-diciembre de 1978- siempre ha existido un tema y un problema político dominante para no ocuparse con continuidad de la economía.
Es esta permanente excepción dilatoria la que no admiten en manera alguna los datos económicos que la coyuntura refleja en el oscuro espejo de nuestras estadísticas, pues, pese a todos los retrasos de la información disponible y a su carácter fragmentario, resulta indudable que los hechos tienen tal gravedad que si la economía no recibe la atención prioritaria de Gobierno y oposición, es decir, de toda la clase política, y si los agentes del proceso económico (consumidores, trabajadores y empresarios) no están dispuestos a aceptar sacrificios importantes, no será sólo la economía la que marchará mal. Los vientos que siembra una situación económica tan grave como la presente pueden convertirse en tempestades que hagan naufragar nuestra reciente y aún débil democracia.
¿Cuáles son esos hechos que permiten calificar la situación de la economía en el presente como una situación de emergencia? El lector los tiene reflejados en los gráficos que acompañan a este trabajo y que presentan lo que podríamos considerar como un análisis de las constantes vitales del proceso económico español.
Nuestro empobrecimiento frente al resto del mundo
El primero de esos hechos está en una variable que los economistas denominamos relación real de intercambio y que expresa la cantidad de importaciones que en cada momento puede comprarse con una cantidad dada de exportaciones. Si la crisis actual tiene un heraldo inequívoco que permite avisar su presencia y su gravedad, éste no es otro que la caída de la relación real de intercambio del país frente al resto del mundo.
Pues bien, los datos españoles hablan de esa presencia de la crisis por sí solos. A finales de 1979, España habla perdido, en números redondos, un 20% de la relación real de intercambio respecto a 1973. Las cartas que van a dar el resultado del juego de la relación real de intercambio para 1980 están echadas: los precios del petróleo y de las materias primas industriales que España necesita importar van a verse sustancialmente aumentados. El año 1980 ha comenzado con una estimación oficial del coste medio del barril-crudo de 27,50 dólares, cifra que supone casi un 50% más que el precio medio pagado el año anterior. Pese a la moderación con la que en 1980 se ha comportado el mercado internacional de crudos, lo cierto es que las estimaciones más actualizadas -tras las últimas subidas oficiales de distintos países- daban el coste promedio del barril hasta 29,75 dólares. Todos los pronósticos de los especialistas en temas petrolíferos anuncian un segundo trimestre más conflictivo que el primero. La reducción de cantidades ofrecidas en el mercado -estrategia de los países exportadores que ya anticipábamos hace algún tiempo en esta misma sección- ha comenzado a ser realidad. Libia, Kuwait y Venezuela están ya practicando esta política, y México ha anunciado su aproximación a ella a través de un crecimiento productivo mejor del esperado. En definitiva: esta situación nos llevará o bien a realizar nuevas gestiones en las. compras a plazos, con las consiguientes cuotas de entrada, o bien a acudir a aprovisionamientos más caros en el mercado spot. De esta manera, el componente más importante de los precios de importación -los crudos de petróleo- van a empujar con fuerza hacia abajo nuestra relación real de intercambio, al tener que comprar más caras nuestras importaciones. Una estimación que creemos realista de la marcha de la relación real de intercambio en 1980 nos llevaría a situar el crecimiento de los precios de importación en el 28% y a prever, en el mejor de los casos, un alza de los precios de exportación en un 11 %. Todo ello elevaría la pérdida en la relación real de intercambio de España con el resto del mundo en 1980 al 30% respecto de sus valores en 1973.
Este empobrecimiento relativo e impuesto por la caída de la relación real de intercambio debe reconocerse por el país que la sufre, que no podrá sostener -con el mismo esfuerzo anterior- sus cifras de producción y renta internas alcanzadas previamente, ya que una parte sustancial de la producción interior tendrá que ser transferida al extranjero. Es esta una pérdida nacional inevitable. Cualquier tentativa realizada por un grupo social para prevenirse de esta pérdida y trasladarla sobre otros grupos está condenada al fracaso. Las elevaciones de rentas y salarios monetarios realizadas con el propósito de compensar la caída de la relación real de intercambio pueden producir tan sólo uno de dos efectos y ambos nocivos. Si la cantidad de dinero no aumenta y los salarios sí, el paro crecerá; si la cantidad de dinero se ajusta, para permitir la financiación de un nivel creciente de salarios, la inflación aumentará, y antes o después -bien sea por una estabilización necesaria o una recesión- se tendrá que admitir una pérdida de renta real mayor que la inicialmente resultante de la caída en la relación real de intercambio. Lograr el reconocimiento de esta verdad elemental constituye el principal deber de la política económica de un país empobrecido a consecuencia de la marcha de sus intercambios con el exterior.
Hacia el déficit de la balanza de pagos
Esa caída en la relación real de intercambio, en parte realizada y en parte prevista para 1980, producirá un conjunto de efectos sobre la economía. El primero y más obvio es el que se registrará en el frente exterior. El encarecimiento de las importaciones, de una parte, y la caída del comercio mundial, de otra, definen ya situaciones de dificultad evidentes para la balanza de pagos. No va a ser posible aumentar sustancialmente las exportaciones en 1980, porque el mercado mundial no va a tener la misma capacidad de absorción que en 1979. Por otra parte, el acceso a esos mercados internacionales -con más cortas dimensiones- se va a efectuar por nuestros exportadores en peores condiciones relativas, ya que la pérdida de la competitividad de las exportaciones españolas, derivada de nuestro grado interno de inflación, es difícil de negar. Esta pérdida de competitividad quizá no alcance las dimensiones que las empresas exportadoras españolas pretenden, pero la marcha desfavorable de la relación de costes y precios internos respecto de los internacionales ejerce una influencia -aunque sea una influencia limitada- en las condiciones de comparecencia al mercado exterior. Todas estas fuerzas avalan hoy el unánime pronóstico de los distintos estudios de coyuntura, que prevén un déficit de la balanza corriente importante para 1980. Un déficit que los optimistas cifran en 2.500 millones de dólares, y que los menos optimistas hacen llegar hasta los 3.500 millones de dólares. Los valores que recogemos en este trabajo lo cifran en los 3.000 millones de dólares para el conjunto del año.
Esta cifra no resulta sorprendente. Se trata de un cambio esperado, porque en la liquidación favorable de la balanza de pagos en los dos últimos ejercicios han intervenido un conjunto de factores circunstanciales que la marcha del tiempo ha ido eliminando. El manejo de la balanza de capitales podrá cubrir estas cifras deficitarias de 1980 sin problemas, dado nuestro alto nivel de reservas. Sin embargo, la situación exterior debe entrar en zona de observación por parte de la política económica, porque el nerviosismo de los movimientos de capitales no hace fácil el gobierno del tipo de cambio, y la dosificación de nuestro endeudamiento exterior debe mantenerse en límites de prudencia para evitar situaciones comprometidas en el futuro. En cualquier caso, esa situación de balanza de pagos enfrenta a la política económica con las necesidades del fomento de las exportaciones y con el repaso de la política comercial aplicada hoy y en el pasado inmediato, así como con la organización disponible para obtener un comercio mayor de los productos españoles con el resto del mundo. Esta política no puede improvisarse, y no debería discurrir tampoco en el sentido elemental y perturbador de un neomercantilismo proteccionista.
La política económica ha concedido la prioridad que debía a la política antiinflacionista, porque, como hemos reiterado desde estas páginas, ninguno de los problemas que la crisis plantea se resuelve con la inflación. Todos se complican. No hay un solo país que pueda ofrecerse como ejemplo de una administración correcta de la crisis que la haya conseguido con más inflación. Defender hoy el intercambio de un poco más de inflación por un poco menos de paro es ignorar lo que la inflación y el paro significan. La inflación es la causa más importante del paro, y es imposible, en consecuencia, que un agravamiento en la causa (la inflación) produzca una mejoría en el efecto (el paro). Por eso, el crecimiento del índice de precios debe combatirse con toda atención y
Situación de emergencia
cuidado por la política económica. Los últimos datos disponibles -los del mes de enero, recientemente divulgados- han provocado una alarma natural, pese a que se anuncian en un clima inflacionista generalizado en todos los países. La cifra del 2,8% de aumento respecto del índice de precios al consumo sobre diciembre ha provocado una alarma natural -quizá menor de la justificada- en cuanto que significa el recrudecimiento de las tensiones inflacionistas. De hecho, hay que retroceder a los meses centrales de 1977 para encontrar tasas de crecimiento semejantes de los precios en su magnitud. Un análisis de las tendencias subyacentes del índice muestran que la fuerte elevación del mes de enero de este año se ha debido al crecimiento en los precios de los productos no alimenticios, pues los precios de los productos alimenticios han aumentado durante el mes de enero conforme a una tónica más reducida (9,4%) que la de los restantes grupos (22,8 %).Una forma distinta de analizar las variaciones en los componentes del índice general de precios al consumo es la de agrupar tales componentes en función de los distintos grados de intervención administrativa que padecen. De este modo puede distinguirse entre una agrupación de precios «libres» con intervención administrativa en la formación de los precios mínima (vestido y calzado, vivienda, excluidos los alquileres, menaje y de los servicios del hogar, así como del grupo «otros precios» del índice general); precios «semilibres», con intervención administrativa algo mayor (alimentación, servicios médicos y gastos de esparcimiento y enseñanza), y, finalmente, otra de precios «controlados», en los que se dan fuertes niveles de intervención administrativa, tal y como ocurre en los precios del transporte y comunicaciones y en los alquileres.
A la vista de tales grupos se comprueba cómo el crecimiento de los precios en enero ha sido muy fuerte en el grupo de previos «controlados» (28,2%), relativamente importante también en el grupo de los precios «libres» (23,6%), y más reducido en el grupo de los precios «semilibres» (10,3 %), debido sobre todo a que este último grupo incluye los precios de los productos alimenticios, que han continuado actuando como « amortiguadores » de la inflación, aunque con menor intensidad que en otras ocasiones.
Una observación del comportamiento de los precios tras las dos subidas de los costes de la energía en julio y en diciembre permite comprobar que la fuerte elevación registrada en enero no solamente recoge los nuevos y mayores precios de la energía, sino otros factores autónomos y no estacionales que han recaído con especial intensidad sobre los precios de los productos alimenticios.
Mirando hacia adelante y considerando los factores que determinan el índice de precios, es difícil ser optimista. Los tres motivos en que se basa esta afirmación son claros:
1. La experiencia de los precios agroalimentarlos en 1979 es difícilmente repetible. La existencia del exceso relativo de oferta en 1979, ocasionado con frecuencia por factores extraagrarios, se ha eliminado en 1980, lo que ha traído consigo ya en el mes de enero la vuelta a la tendencia subyacente o estructural de este subgrupo del IPC. Por otro lado, la caída de la renta de los agricultores en 1979 hará muy difícil moderar el crecimiento de los precios. Lo más probable es que -en un mes con otro- la variación intermensual de este componente del IPC pueda alcanzar cotas tan elevadas como el punto y medio. De todos modos, las próximas semanas serán decisivas para el índice de precios del consumo en el año, por los riesgos ,de heladas que, de sobrevenir, podrían afectar seriamente a las frutas y alterar, en consecuencia, el comportamiento de sus precios en los meses centrales del año.
2. Los factores que condicionan el comportamiento de los costes de producción tampoco autorizan ganancias en la estabilidad. Los datos de que se dispone sobre aplicación del acuerdo-marco interconfederal ofrecen un crecimiento de los salarios muy semejante al del pasado año. Y las variables que determinan la marcha de los costes financieros avalan su inmediato crecimiento. Los actuales índices de inflación en todos los países -condicionante básico del tipo de interés y del coste del crédito-, la política de estabilización americana, que ha elevado los tipos preferenciales bancarios hasta situarlos en la banda 18-19%, temiéndose elevaciones aún superiores, hasta el 20%, y las alzas obligadas que muestra nuestro mercado monetario por alinearse con estos valores, son fundamento firme para pronosticar un encarecimiento de los costes financieros en los meses que vienen.
3. Finalmente, el coste de las materias primas importadas arranca ya en 1980 de un nivel de precios mayores en origen que no van a poderse corregir por apreciaciones semejantes a las realizadas en 1979 en nuestro tipo de cambio, difícilmente compatible con las fuerzas dominantes en el mercado.
Estos tres factores convierten al objetivo del incremento medio del 17% en el índice de precios del consumo en 1980 en una meta ambiciosa cuya consecución firmarían hoy como buena muchos economistas.
El enrarecido ambiente de los costes de producción, la debilidad de los mercados internos e internacionales, la propia y delicada situación política internacional y la española explican el tercer hecho que registra la coyuntura en los comienzos de la década de los ochenta: la caída de las expectativas empresariales. Una caída que no se limita a nuestro país, sino que se extiende a la próxima realidad económica europea. Esta caída en la tendencia de la producción industrial que anuncian las expectativas empresariales, según las recoge la encuesta del Ministerio de Industria, merece particular atención, pues su valor predictivo resulta avalado por la experiencia del pasado. El índice de producción industrial ha ratificado siempre en España las expectativas empresariales sobre la tendencia previsible a tres meses de la producción.
Pero es el caso además que esta caída en las expectativas empresariales tiene profundas motivaciones en los hechos económicos. La simple caída en la relación real de intercambio en 1980, a,la que ya hemos aludido, próxima al 13%, significa que, en caso de no llevarse a cabo una política compensadora interna, el valor monetario de la importación aumentará más que el de las exportaciones, con sus efectos adversos sobre el saldo de la balanza comercial y la transferencia de rentas al exterior. Ese efecto adverso de la balanza de pagos disminuirá las posibilidades internas de consumo y de inversión. En el caso extremo de que las mayores importaciones monetarias se intercambiasen por exportaciones monetarias sin que el saldo de la balanza comercial resultase afectado, lo que en definitiva supone que las mismas exportaciones reales permiten financiar unas menores importaciones reales, las posibilidades internas de consumo y de inversión se reducirían en un 1,5% del PIB. Y esta es precisamente la renta real que debe transferirse al exterior si se prescinde del velo monetario y las relaciones interpaíses se asimilan en una economía de trueque, en la que mercancías se intercambian por mercancías. Es esta pérdida de la relación real de intercambio la que hace muy difícil aventurar un crecimiento positivo del PIB en 1980. El crecí miento económico nulo o negativo será la tónica dominante del ejercicio actual.
El nivel de paro
Los datos estadísticos sobre nivel de empleo y paro muestran cómo a partir de 1975 se ha mantenido un progresivo descenso del nivel de población ocupada, con efecto en el nivel de paro. Según la encuesta de población activa del INE (cuarto trimestre de 1979), la población ocupada descendió en 260.300 personas respecto a igual trimestre de 1978 (2,15 %) y el nivel de paro se incrementó en 250.900 personas. A pesar del crecimiento de la población en edad de trabajar, la población activa se mantuvo a nivel similar (caída de la tasa de actividad).
La conjunción del moderado crecimiento del PIB y la disminución del empleo se explica por un alto crecimiento de la productividad media del sistema. En 1979 creció el 3,6%, pero en 1978 lo había hecho el 5,3 %.
En 1980 va a ser inevitable la disminución del nivel de ocupación. Para justificar porqué, partamos de una hipótesis optimista: supongamos un crecimiento del PIB en el 1 % y de la productividad media del sistema del 3,5%. Estos datos -reiteramos- optimistas producirían un descenso del nivel de ocupación del 2,5 %, equivalente a unas 295.000 personas.. Si la productividad creciera sólo el 2,5 %, el nivel de ocupación descendería el 1,5%, equivalente a unas 177.000 personas. Manteniendo la misma cifra de población activa que en 1979, a pesar del crecimiento de la población en edad de trabajar (227.000 personas en 1980), el paro aumentaría, según una u otra alternativa, en 295.000 ó 177.000 personas; es decir, la tasa de paro se elevará al 12,4% u 11,5%, según el paro se vea incrementado en una u otra cifra. La tasa de actividad tenderá a decrecer, colocándose en el 35% de la población total de España.
Los hechos relatados hasta aquí -que condicionan el comportamiento de la economía española en 1980- deben ganar, por su gravedad, la preocupación de las distintas instancias de la sociedad y de la política españolas. Son hechos que, unidos a las demoras en los reajustes productivos impuestos por la crisis, a la falta de una programación de las inversiones del sector público que indique con claridad lo que éste proyecta hacer en los próximos años, a la impresión que hoy rodea al cuadro de reformas que el sistema económico necesita, reclaman una respuesta clara y realista de la política económica. Hechos ante los que no cabe ni el silencio ni la demagogia, sino el compromiso de soluciones apoyadas en una conciencia de sus efectos sobre la convivencia política y en un sentido de solidaridad en el reparto de los considerables esfuerzos que para superar la crítica situación presente deberíamos realizar todos los ciudadanos.
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