Los trabajadores de Isodel deciden en referéndum, el próximo lunes, la supervivencia de la empresa

El próximo lunes, los trabajadores de la empresa Isodel Sprecher celebrarán un referéndum para decidir si apoyan o no el plan de viabilidad presentado por la dirección. Se trata de un plan a cinco años, por el que los responsables de Isodel se comprometen a nivelar el cash-flow (beneficios más amortizaciones) en el año 1981, y a obtener beneficios un ejercicio más tarde. Isodel, dedicada a la fabricación de aparatos eléctricos, ha sido una víctima-tipo de la crisis económica y piedra angular en el movimiento sindical. Sus 1.200 trabajadores tienen, pues, no sólo la responsabilidad de decidir un reajuste de plantillas, sino -según el consejero delegado- la propia razón de ser de la empresa.

La empresa Isodel se dedica a la fabricación de aparatos eléctricos (interruptores, conmutadores, aparatos de medida, etcétera) de alta, media y baja tensión. Fabrica el 98% de las necesidades españolas de material de alta tensión, considerado como de interés estratégico. El porcentaje se reduce al 60% en la media tensión y al 25 % en la baja.La empresa, nacida en 1952, cuenta actualmente con un capital social de 773,5 millones de pesetas, repartido de la siguiente manera: Banesto, 7,5%; Bandesco (banco comercial del grupo Banesto), 7,5%; Hidrola (Hidroeléctrica Española), 25%; Sprecher Und Schuh (empresa suiza propietaria de algunas licencias de explotación), 25%; Delle-Alsthom (empresa francesa similar a la anterior), 25% y el 10% restante es de pequeños accionistas.

Después de haber sido durante años una empresa de vanguardia en el campo sindical, Isodel suspende pagos el 14 de abril de 1979. Sus cuentas reflejaban entonces un activo de 3.000 millones de pesetas y un pasivo de 2.800. Tras una prolongada etapa de conflictos laborales, en aquella fecha dejó de fabricar.

La empresa llegó a aquella situación por «mala gestión, falta de liquidez y defectos de estructura empresarial», según recogía un estudio realizado por el equipo consuItor Check (el mismo que ha preparado los planes de viabilidad de Babcok & Wilcox, Astilleros Españoles, Lafarga Casanova, Elma, SA, Palmera, etcétera).

Según ese estudio, la única solución inmediata a los problemas de la empresa era hacer un plan de reflotamiento económico, a seis meses (de septiembre a marzo) y sustituir a sus responsables por un nuevo equipo directivo. En aquel plan se negoció con los trabajadores un expediente de reducción de jornada del 50% durante los dos primeros meses y del 40% en los cuatro restantes. La empresa aportaba a cambio, para el relanzamiento, trescientos millones de pesetas.

Como consecuencia de aquel considerable esfuerzo realizado por las partes social y económica, la empresa recobra su plena actividad productiva y laboral. No se han registrado conflictos laborales durante el último semestre y la facturación alcanza ahora una media de 150 millones mensuales. En la actualidad, Isodel cuenta con una cartera de pedidos de mil millones de pesetas. La plantilla es de 1.200 trabajadores (cuatrocientos operarios directos, cuatrocientos indirectos y otros cuatrocientos empleados). Sus clientes son las principales empresas del sector (Iberduero, Hidrola, FECSA, FENOSA, ENDESA, Unión Eléctrica, Enher ... ). La deuda contraída por la empresa es actualmente de 2.800 millones, repartidos en 1.500 a los bancos, 550 a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social, trescientos a socios no banqueros, 350 a proveedores y los cien restantes a diversos acreedores.

Este plan de reflotación económica finaliza precisamente este mes, y la empresa ha preparado otro de viabilidad a más largo plazo (finalizará el 31 de diciembre de 1985), que será sobre el que decidan los trabajadores.

Objetivamente, el plan puede ser considerado como «duro», puesto que requiere importantes sacrificios para todas las partes. A los socios les supone la reducción a cero del capital social, ampliación automática del mismo en 1.400 millones de pesetas y no repartir dividendos, como mínimo, durante el período de vigencia del plan. A las entidades financieras acreedoras, la conversión en capital de su deuda o, alternativamente, la aceptación de aplazamientos hasta 1993, con un interés del 5%. A los bancos socios, además de lo anteriormente expuesto (también son acreedores), la concesión de un crédito a largo plazo complementario del crédito oficial extraordinario de 1.100 millones en 1981. A la Administración, la concesión del crédito complementario, agilización del crédito del Fondo de Garantía Salarial, aplazamiento de las deudas, y el apoyo en el mercado frente al «dumping» internacional. Finalmente, a los trabajadores les supondrá una reducción de 285 puestos de trabajo durante 1980, jubilaciones; anticipadas para los mayores de sesenta años, movilidad completa de los puestos de trabajo, ausencia de conflictos y que en 1980 los salarios no puedan incrementarse en más de un 10%. Se prevé igualmente el cierre de la factoría de Coslada.

El plan incluye al final una cláusula suspensiva para las partes, que deja sin efecto los compromisos aceptados por cada una de ellas si las demás no cumplen con los suyos.