El Gobierno portugués, en busca de una agricultura "moderna y europea" para el Alentejo
La reforma agraria ahora en liquidación nació, antes de las primeras nacionalizaciones, de las ocupaciones salvajes iniciadas en 1975. En su momento de mayor auge llegó a abarcar poco más de un millón de hectáreas, de los cinco millones de hectáreas explotables en Portugal.A partir de esta situación de hecho, peritos de la FAO y de la OIT estudiaron para Portugal un tipo de desarrollo de acuerdo con las tesis de los defensores de un nuevo orden económico internacional. Dentro de un panorama orientado hacia la satisfacción de las necesidades básicas de las poblaciones y hacia el pleno empleo de los recursos humanos y naturales, las unidades colectivas del Alentejo se encontraban perfectamente encuadradas y eran una respuesta óptima a la necesidad de aumentar la producción sin grandes dispendios de inversiones y de eliminar el paro.
La llegada al poder de un partido europeísta, como el Partido Socialista portugués, significó la ruptura con este modelo de crecimiento: el rechazo de plano del proyecto de desarrollo a medio plazo elaborado por la entonces Secretaría de Estado para la Planificación y la aprobación de la ley de Bases de la Reforma Agraria (con apoyo socialista y socialdemócrata) son las dos caras de la misma opción política, y a partir de allí. el proyecto inicial de reforma agraria estaba condenado. Toda la cuestión se limitaba a la manera de realizar la liquidación.
Dentro de unos meses, y salvo brusca mutación política, las unidades colectivas serán reducidas a 800.000 hectáreas (las peores generalmente),y privadas de cualquier apoyo preferencial, obligadas a aceptar la ley del mercado y de la rentabilidad capitalista.
El ministro reconoce la existencia de todos estos problemas, pero es contrario a cualquier paliativo. El Alentejo tiene exceso de mano de obra agrícola. Para los parados, se estudian proyectos alternativos, como el lanzamiento de la explotación integral del enorme yacimiento de piritas de la región dee Aljustrel, ligado al complejo de Sines. Hay también el plan de aprovechamiento hidráulico de Alqueva, con el que se espera la creación de millares de puestos de trabajo.
Los terrenos pobres serán reconvertidos en pastoreos o dedicados a la silvicultura. Un programa financiado por el Banco Mundial, y dedicado a la repoblación forestal y a la ganadería, va a comenzar dentro de meses.
Una zona agrícola moderna
Los latifundistas, los que reciben actualmente las tierras desgarradas de las unidades colectivas, y dentro de unos meses las indemnizaciones pagadas por el Estado, tendrán en principio todos los medios para transformar el Alentejo en zona agrícola moderna, a nivel del Mercado Común.
A nuestra pregunta acerca de la recuperación por las unidades colectivas de las tierras reprivatizadas y no explotadas, el señor Cardoso y Cunha se limitó a asegurar que su Ministerio «luchará por todos los medios en su poder contra la no explotación de las tierras», recordando que la ley prevéla expropiación para las nuevas reservas entregadas y no cultivadas al cabo del año. De momento, el Gobierno se propone «llarnar la atención» a los propietarios que dejan sus cortijos al abandono.
Cuando existan todavía, según los términos de la ley, centenas de miles de hectáreas expropiables, es poco probable que las granjas colectivas recuperen, por este medio, algunas de las tierras perdidas.
El ministro niega, en bloque, todas las acusaciones de ilegalidad en la atribución de reservas: falsificaciones de títulos de propiedad o de arrendamiento, manipulaciones arbitrarias del sistema de puntuación que sirve de base al cálculo de los máximos legales de extensión de las propiedades agrícolas, corrupciones... Estos y otros actos atribuidos al Ministerio no pasan, en su opinión, de ser meros subterfugios para obstaculizar la aplicación de la política agraria del Gobierno.
El resto es una pura cuestión de orden público, sin la gravedad que la oposición pretende atribuirle. El primer ministro, Sa Carneiro, subrayaba que de las 95 operaciones de reprivatización de tierras llevadas a cabo en un mes, y por un total de 31.000 hectáreas, tan sólo siete habían dado lugar a incidentes sin mayor importancia. Esta propia resistencia es política, alimentada y fomentada por el Partido Comunista. Eliminados los agitadores comunistas de sus «feudos», rota la capacidad económica de las granjas colectivas, la resistencia desaparecerá sin dejar rastro.
