Nuevos incidentes entre el Gobierno portugués y el Consejo de la Revolución

Nuevos incidentes relanzan las diferencias entre el Gobierno portugués y el Consejo de la Revolución.La ley sobre indemnizaciones a los extranjeros propietarios de bienes nacionalizados fue promulgada y publicada ayer sin el previo examen del Consejo de la Revolución, que debe, según la Constitución, disponer de cinco días para contestar la constitucionalidad de cualquier texto legal.

Los medios gubernamentales afirman que se trata de un mero «lapso burocrático». Un olvido de algún funcionario que no contribuirá, por cierto, a mejorar las relaciones entre el Consejo de la Revolución y el ejecutivo.

En una declaración del presidente de la comisión política del PSD, publicada por el semanario Expresso en su edición de ayer, el dirigente del principal partido de la mayoría, al hacer la cronología de la crisis de la pasada semana, considera como ciertas las noticias publicadas por diversos periódicos y que provocaron rumores alarmistas acerca de un pronunciamiento militar.

Carlos Macedo se refiere en particular a la existencia de una reunión, denunciada como conspirativa contra el Gobierno, de «elementos del Consejo de la Revolución con personas ajenas a este órgano de soberanía» y que fue oficialmente desmentida.

Macedo exige del general Eanes una toma de posición clara, en vez de mentís y de acusaciones contra aquellos que «revelaron públicamente las irregularidades de bastidores» contra la democracia.

El presidente Eanes ya ha solicitado al primer ministro una investigación, por la Policía judicial, de los orígenes de la campaña acerca del presunto pronunciamiento militar.

Los medios progubernamentales estiman que Sa Carneiro deberá negarse a ejecutar la petición presidencial, después de haber afirmado públicamente en el Parlamento que «jamás consentiría en transformarse en policía de los periodistas». Actitud muy digna en el pleno de la libertad de la prensa, pero de consecuencias políticas imprevisibles, ya que la Presidencia tiene razones para sospechar que elementos del Gobierno facilitaron a la prensa informaciones que contribuyeron a la campaña alarmista.