Descubierta la existencia de presuntas irregularidades presidente del presidente de la Cámara Agraria de León

Una auditoría realizada recientemente en la Cámara Agraria de León por el IRA (Instituto de Relaciones Agrarias) ha detectado la existencia de irregularidades económicas y financieras, de las que sería presunto responsable Felipe Martínez, presidente de la Cámara y militante de Unión de Centro Democrático (UCD). Este dato, insinuado recientemente por el ex ministro y diputado centrista por León, Rodolfo Martín Villa, ha reavivado el enfrentamiento entre la Unión de Campesinos Leoneses (UCL), sindicato mayoritario en la Cámara, y el partido gubernamental, empeñados en una guerra por controlar las zonas rurales.

Las irregularidades descubiertas por la auditoría realizada por el IRA se concretan en «percepción de dietas por el presidente, en cuantías muy superiores a las legalmente establecidas y no justificadas adecuadamente», así como la utilización de los fondos del organismo «en favor de determinada entidad bancaria». Según un acuerdo adoptado por el Pleno de la Cámara, el presidente, Felipe Martínez, percibía una dieta diaria de 1.500 pesetas y ocho pesetas por kilómetro recorrido desde su lugar de residencia (Astorga), en compensación a su dedicación exclusiva al cargo. Estas cantidades fueron abonadas regularmente entre los meses de julio y diciembre de 1978, hasta el nombramiento de un nuevo secretario por el Ministerio de Agricultura, quien inmediatamente advirtió sobre la posible ilegalidad de los acuerdos económicos adoptados por el Pleno. En esa etapa, las asignaciones máximas autorizadas por la ley eran de 1.200 pesetas para la dieta y seis pesetas por kilómetro para los desplazamientos. Las irregularidades financieras detectadas se refieren a otro acuerdo del Pleno por el que se decidió el traslado de los fondos de la Cámara -unos cuarenta millones de pesetas- de la Caja Rural de León al Banco de Vizcaya. La decisión fue justificada en su día porque esta entidad bancaria abonaba un 11% de interés anual, frente al 0,5% que ofertaba como retribución la Caja Rural.Varios párrafos textuales de la auditoría realizada fueron publicados hace días por un periódico leonés, provocando gran sorpresa en la propia Cámara Agraria, cuyos máximos representantes no habían recibido comunicación oficial alguna al respecto. Entre los párrafos filtrados, se incluye uno en el que se recomienda al Ministerio de Agricultura una tutela sobre la gestión financiera de la Cámara y que proceda penalmente contra los presuntos responsables de las citadas irregularidades.

Un portavoz de la UCL manifestó a EL PAÍS que UCD, y en particular su diputado Rodolfo Martín Villa, utilizan al IRA como instrumento para desprestigiar a los líderes del sindicato campesino, cuyos líderes han sufrido en los últimos meses dos multas administrativas por importe de dos millones de pesetas, la detención por supuestas implicaciones terroristas y la expulsión de los representantes en Mercoleón (filial de Mercasa).

En medios políticos de León, toda esta serie de hechos se interpreta como parte de la estrategia gubernamental por neutralizar a la UCL, sustituyéndola por la nueva organización agraria SAL (Sindicato Agropecuario Leonés), cuyos promotores aparecen estrechamente vinculados a UCD y Alianza Popular.

En las últimas elecciones, la UCL logró desplazar a un grupo de inspiración similar al recién creado SAL (el llamado Sindicato Independiente Campesino), algunos de cuyos máximos dirigentes han sido incluso trasplantados al nuevo experimento ucedista. De los veinticuatro asientos en la Cámara Agraria, la UCL controló en aquella oportunidad diecisiete, a partir de lo cual fueron trasladados todos los funcionarios, con excepción de dos auxiliares administrativos. El nombramiento de nuevos asesores, entre ellos un secretario, se demoró hasta 1979, año en que fue nombrado para este cargo un funcionario que no gozaba de la confianza de la UCL por considerarlo excesivamente próximo a UCD.

Las irregularidades ahora denunciadas acaecieron en el período inmediatamente anterior a la llegada del nuevo secretario. La propia UCL afirma ahora haber dado publicidad a las cifras percibidas por el presidente de la Cámara por diversos conceptos, en las asambleas que el sindicato convoca para los afiliados de su provincia. El tema ha sido abordado nuevamente en los dos últimos días en las asambleas celebradas, adoptándose la decisión de apoyar la gestión del pleno frente a las acusaciones lanzadas por la Administración. Los portavoces de la UCL han denunciado también que la delegación provincial del Ministerio de Agricultura en León había aprobado regularmente todas las órdenes de pago presentadas por el pleno de la Cámara Agraria.