El Gobierno rechaza la interpretación del referéndum andaluz como batalla contra el ejecutivo

«Siempre hemos entendido que se debatían dos opciones autonómicas, independientemente de que otros planteen una batalla contra el Gobierno; pero, lógicamente, el Gobierno no se deja atrapar con estos planteamientos. » Esta es la opinión del portavoz oficial, Josep Meliá, sobre una interpretación del referéndum andaluz, según la cual el partido gubernamental ha descendido en un 12% ó 14% de votantes. En otro momento hizo mención a la « responsabilidad de quienes se lanzaron a un camino sin salida», por las dificultades que ofrecía la ley, que configura como extraordinaria la vía del artículo 151 para acceder a la autonomía.

El Gobierno facilitó ayer una nota de setenta palabras, como declaración oficial sobre los resultados del referéndum autonómico de Andalucía, en la que afirma que ha tomado conocimiento de los datos y que tan pronto como sea posible adoptará las medidas para poner en marcha la vía del artículo 143. Meliá, durante la conferencia de prensa para informar de lo tratado en el Consejo de Ministros, justificó esta parquedad en que «el Gobierno estaba al margen de una contienda entre partidos», y será UCD quien lo analice en profundidad, porque desea serenar un ambiente excesivamente controvertido e invitar a la reflexión sobre un proceso que asegure, de verdad, la autonomía andaluza.Prácticamente la totalidad de la conferencia de prensa discurrió sobre temas relacionados con la consulta autonómica andaluza. Meliá comenzó por señalar que el Consejo había escuchado un informe del ministro del Interior, en el que se pone de manifiesto que, «dentro del clima de normalidad general, se han detectado irregularidades, como las producidas en algunas mesas, en que votaron más personas que las censadas, algunas coacciones importantes, incluso físicas; hubo también votos de personas sin carné de identidad, mujeres que votaron por sus maridos y, aun insistiendo en ese clima de normalidad, es importante y penoso que se produzcan actuaciones de este tipo en un proceso en el que todo el mundo debe respetar escrupulosamente las reglas democráticas».

Añadió el portavoz oficial que se impugnarán los resultados de estas mesas, aunque dijo que no podía precisar el número de irregularidades. Sobre la posible existencia de 14.000 muertos en las listas del censo de una provincia, respondió que no podía saber los que figurasen sin haber corregido las listas, «aunque, desde luego, no creo que sea en esa cantidad».

Añadió que se habían utilizado «los mismos censos, con adaptaciones mínimas, sobre los que algunos de ustedes se apoyaron para señalar los altos índices de abstención en el País Vasco y Cataluña».

Respondió también Meliá a una cuestión sobre las diferencias observadas en el centro de datos del Ministerio del Interior la madrugada de ayer, cuando se aumentaron en los paneles de datos las cifras del censo de Jaén y Granada y las explicaciones que ofreció a este hecho el director general de Política Interior sobre la base de los votantes de dieciocho años que han cumplido esa edad en lo s dos últimos meses.

Señaló que tales datos tienen carácter meramente informativo, y en modo alguno resultan vinculantes. «Lo que cuenta de verdad son los que se den por las juntas electorales», y subrayó que «el proceso de recuento está totalmente judicializado».

Para el Gobierno no hay sorpresa

Como se insistiese sobre la parquedad de la nota gubernamental, y al preguntar si no había causado sorpresa el alto índice de votos afirmativos, Meliá contestó que «aunque es evidente que cada consulta electoral es una sorpresa, el Gobierno tampoco se muestra sorprendido por los resultados. Si acaso la sorpresa se ha dado en la campaña, por algunas de las afirmaciones que se han hecho y que habrá que intentar restañar. Es parco el Gobierno en su declaración porque actúa responsablemente con la cabeza fría, serenando sus decisiones, en una atmósfera en la que se ha vertido tanta irracionalidad y demagogia; quiere invitar a la concordia y a la reflexión y que cristalice un proceso que de verdad asegure la autonomía; quiere también defender el patrimonio colectivo de este país. Quizá por eso faltan palabras y no sobran».

En otro momento calificó de «consideraciones ideológicas, al margen de la legalidad», las afirmaciones de que más del 50% del total de la población andaluza hayan dado el sí. Añadió que esa legalidad había sido establecida por las dos Cámaras, y que precisamente por eso el partido del Gobierno quiso señalar la gran dificultad que la ley establecía y reconducir el proceso a la vía del artículo 143. «No se puede imponer a una provincia», añadió, «una decisión que no es suya, aunque sea mayoritaria en las demás.»

Antes había afirmado que la Constitución y la ley establecieron un listón muy alto, «porque se marcaba que éste no era el camino normal para la autonomía» y «como el Gobierno no era parte en este tema, se limita a señalar que no se ha cumplido la exigencia legal». Luego diría que esa exigencia legal se había establecido «con los votos en las Cortes, no sólo de UCD».