Enfrentamiento entre PSOE y PCE por el convenio de la Diputación

El diferente enfoque de la política sindical por socialistas y comunistas va a favorecer el primer plante laboral importante dentro de una corporación de izquierdas, en este caso la Diputación Provincial de Madrid, a la vez que puede constituir una amenaza para el pacto municipal firmado por PSOE y PCE a raíz de las pasadas elecciones locales.

Un total de 6.223 trabajadores de la Diputación -excluidos los funcionarios- han presentado en la Delegación de Trabajo una solicitud de huelga legal en apoyo de sus convenios, para los días 4, 5, 13, 14 y 15 y los que van del 24 al 28 de marzo. La huelga afecta al personal del Hospital Psiquiátrico Provincial, Ciudad Sanitaria, nueve residencias de ancianos, dos ciudades escolares y una imprenta provincial. El motivo de la huelga estriba en la forma de la negociación: mientras que la Diputación sólo reconoce a las centrales sindicales como interlocutores del convenio, Comisiones Obreras exige que sean los comités de empresa los encargados del tema.Dentro de la corporación, los diputados comunistas han planteado que sean los trabajadores, a través de un referéndum, los que decidan la vía de negociación, mientras que los diputados socialistas mantienen que únicamente las centrales sindicales negocien el convenio.

Durante toda la semana pasada se celebraron distintas reuniones para buscar una salida al tema, pero, finalmente, sólo UGT ha aceptado entrar a negociar el convenio, mientras que CCOO, central mayoritaria entre los trabajadores, ha planteado los repetidos paros antes mencionados, hasta conseguir que los socialistas acepten sus propuestas. No obstante, para mañana está previsto que empiecen ya las negociaciones del convenio. A estas reuniones solamente asistirá UGT, en representación de los trabajadores, y por parte de la Diputación, su presidente, el socialista Carlos Revilla, y el diputado de personal, el también socialista Sócrates Gómez.

Política sindical divergente

Tanto el socialista Sócrates Gómez como el comunista Luis Larroque, vicepresidente de la Diputación, manifestaron ayer a EL PAIS que el fondo de todo el conflicto es el distinto criterio sobre política sindical que mantienen sus respectivos partidos.«Nosotros creemos», dijo Sócrates Gómez, «que deben ser las centrales las encargadas de negociar, porque son las únicas que están suficientemente legitimadas. Los comités de empresa no pueden asumir la responsabilidad de un convenio, y esto no lo aceptan los de CCOO».

La mayor presencia de CCOO entre estos trabajadores tampoco es considerado un factor determinante por el diputado socialista: «El grado de afiliación entre estos trabajadores es mínimo, aunque sí tengo que reconocer que CCOO tiene mayor implantación que UGT en los centros de trabajo de la Diputación, pero este hecho no puede determinar criterios. Por eso creo que la huelga carece de una extraordinaria licitud moral, ya que los planteamientos huelguísticos deben estar en función del convenio y éste todavía no está articulado. Más cuando saben que nosotros estamos dispuestos a ir a un convenio totalmente progresista, pero parece que eso no interesa.» Y ya más crispado, Sócrates Gómez añade que «el problema de fondo es que los comités de empresa quieren anular el poder sindical a través de los mismos sindicatos».

En cuanto al referéndum que proponen los diputados comunistas y CCOO, Sócrates Gómez dice que no accederán, «porque es jugar con la confusión. Hay unas centrales mayoritarias y no queremos equívocos».

Mañana se empieza a negociar

A última hora de la tarde de ayer, la Diputación hizo público un escrito en el que insiste en que mañana se inicia la negociación, que se hará un convenio único (hasta ahora había uno para el Psiquiátrico y la Ciudad Sanitaria, y un segundo para los restantes centros), que la masa salarial no podrá ser aumentada en más de un 13% y que la representación la ostentarán exclusivamente las centrales sindicales (solamente UGT, por la renuncia de CCOO).Antes de que la Diputación hiciera público este comunicado un centenar de trabajadores, integrantes en su mayoría de los comités de empresa, permanecieron concentrados ante Miguel Angel, 25. Las pancartas pedían que se admitiera a los comités de empresa en la negociación. A los veinte minutos, sin ninguna clase de problemas, los trabajadores se dispersaron.

Servicios de urgencia

Para evitar la incidencia social de la huelga, tanto los comités como la Corporación provincial han fijado ya una serie de normas, que consisten en que el director de cada uno de los centros -el socialista Eduardo Ferreras dirige el Psiquiátrico y la Ciudad Sanitaria- determine los servicios que en ningún caso podrán dejar de prestarse. En el supuesto de que estas normas no fueran respetadas por algún trabajador, la huelga sería declarada ilegal. Así, los servicios de urgencia y todos los casos que requieran una atención especial se seguirán atendiendo.En estos momentos, estos centros de la Diputación prestan servicio a más de 8.000 personas. De éstas, hay 4.000 ancianos, 1.800 niños, y una media de 1.500 enfermos en la Ciudad Sanitaria y otros tantos en el Hospital Psiquiátrico.