Hoy, último paro de veinticuatro horas de los funcionarios de la Administración pública

Los funcionarios de la Administración Pública tienen convocada para hoy una jornada de paro de veinticuatro horas, última de las realizadas en protesta por la negativa del Gobierno a negociar los aumentos salariales previstos en la ley de Presupuestos. En medios sindicales se estima la huelga de hoy como «acto protocolario» de cierre de las movilizaciones, después de la menguada incidencia que el pasado día 19 registró otro paro similar, ante el acuerdo de Consejo de Ministros de aplicar un incremento salarial del 12,3%, y tras la confirmación de que se descontará de las nóminas correspondientes los días no trabajados.

La huelga de los funcionarios de la Administración pública, fraccionada en un paro ininterrumpido desde el pasado 22 de enero al 2 de febrero, en una segunda jornada de paro realizado el pasado día 19 y el que hoy está convocado, ha sorprendido por su incidencia a los propios protagonistas del conflicto: centrales sindicales y Gobierno.Para los sindicatos resultaba imprevisible cuando convocaron el paro que se produjera un seguimiento masivo como el registrado en la primera parte de la misma, en los primeros doce días, a caballo entre enero y febrero. El eco de la huelga en esas jornadas sobrepasó los cálculos más optimistas. Y ello, a su vez, fue motivo de sorpresa para el Gobierno, que desde el principio se negó a negociar las subidas salariales con una representación provisional como la comisión negociadora estatal, que, además, ejerció funciones de comité de huelga.

En medios sindicales se considera un éxito, fruto de la huelga, la pérdida del miedo clásico en el funcionario a dejar la defensa de sus intereses en manos de ideologías en multitud de casos no afines con su pensamiento. Este proceso, en cualquier caso, está favorecido por el propio Gobierno, que al no aceptar como negociador a un «órgano provisional» obliga al funcionario a recurrir a las organizaciones sindicales.

La huelga, no obstante, no satisfizo las peticiones de los funcionarios. Su desencanto se Puede cifrar en el hecho de que el paro y las correspondientes deducciones a final de mes servirán para que las nóminas más altas sean las más favorecidas en el incremento del 12,3% decidido en Consejo de Ministros, y que se aplicará de forma proporcional.

Los funcionarios de la Administración pública verán en las nóminas reducidos sus haberes por el descuento de los días que permanecieron en huelga. Para el Gobierno, que no considera esta medida como una sanción, resulta evidente que los funcionarios son «trabajadores como los demás». Sin embargo, y aquí también se puede apreciar cierta contradicción, se cierra en banda para negociar los sueldos de la plantilla.

Las consecuencias de una huelga de la Administración Pública son impredecibles hoy.

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