La izquierda pide para el Congreso prioridad en el desarrollo constitucional

La iniciativa del desarrollo legislativo de una de las partes más progresivas de la Constitución -la regulación de las libertades públicas- desencadenará una guerra de las Cámaras, tras el anuncio de que el Estatuto de Libertades Públicas podría tramitarse como proposición de ley centrista en el Senado. La izquierda parlamentaria ha reivindicado para el Congreso de los Diputados la primacía en la elaboración de una ley tan fundamental, «al margen de los problemas que Adolfo Suárez tenga con sus senadores».

Según anticipó EL PAIS el pasado jueves, el Estatuto de Libertades Públicas será discutido en primera instancia, contra el procedimiento habitual de elaboración de las leyes, en el Senado, como consecuencia del deseo centrista de dar mayor protagonismo a esta Cámara, en respuesta a las quejas expresadas el martes pasado al presidente del Gobierno y del partido, Adolfo Suárez, por los propios senadores de UCD.La decisión significa un cambio de la estrategia del desarrollo constitucional planificada el año pasado y recientemente reconvertida por el propio Gobierno. El Consejo de Ministros del pasado 8 de febrero aprobó una lista de proyectos de ley a remitir por el Gobierno al Congreso, en la que incluía para el actual período de sesiones febrero-junio el Estatuto de Libertades Públicas y Amparo Judicial, que en el inicial calendario figuraba previsto para diciembre de 1979.

Socialistas y comunistas han comenzado a exponer su discrepancia con el nuevo procedimiento legislativo, por estimar que el máximo peso político corresponde al Congreso de los Diputados, y es a esta Cámara a la que debe competer la prioridad parlamentaria del desarrollo de las importantes cuestiones reguladas bajo la rúbrica de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Al margen de los preceptos desarrollados por leyes específicas -como el Estatuto de Centros Escolares respecto al derecho a la educación-, el Estatuto de Libertades Públicas es susceptible de desarrollar, entre otros preceptos constitucionales, los relativos al derecho a la vida -incluida la regulación jurídica del aborto-, la libertad ideológica y de expresión -se dedicará un capítulo a la libertad de información, una vez abandonada la vieja idea de hacer una ley específica-, y los derechos de reunión, asociación y libre sindicación.

Fuentes del Grupo Comunista manifestaron que el desarrollo legislativo de la Constitución no puede depender de los deseos de Suárez de tranquilizar al Senado y que una pieza capital en el desarrollo constitucional debe merecer el procedimiento más rápido posible, a través de los proyectos de ley gubernamentales remitidos al Congreso, previa una planificación conjunta con las principales fuerzas parlamentarias. Según la Constitución, las proposiciones de ley procedentes del Senado se remitirán al Congreso para su trámite, lo cual significa un retraso notable en la aprobación final de la ley.

Los socialistas coinciden con estas apreciaciones y añaden que UCD pretende quitar protagonismo al PSOE en la elaboración de esta importantísima ley, ya que la mayoría centrista es absoluta en el Senado, con lo que el texto inicial de la proposición de ley podrá hacerlo el partido gubernamental en solitario. Los socialistas atribuyen a UCD el propósito de trasladar a una pugna entre las Cámaras lo que, en realidad, es una confrontación entre el Gobierno y el primer partido de la oposición.

Frente a estas argumentaciones, el presidente del Senado, Cecilio Valverde, ha declarado a Europa Press que la Constitución no establece distinto rango para las diversas iniciativas legislativas que contempla y ha señalado que «descargar al Congreso del colapso que sufre en sus tareas legislativas significa aprovechar la existencia del Senado. No puede quedar sólo para la Cámara alta lo pequeño, y lo importante para el Congreso». Por su parte, el senador centrista procedente de Izquierda Democrática, partido del que fue presidente Manuel Villar Arregui, declaró a EL PAI S que la decisión de que parte del desarrollo constitucional se inicie en el Senado es anterior a la reunión citada de los senadores centristas con Suárez.

Agregó que no debe desconfiarse de esta Cámara, ya que, hasta ahora, «el paso por el Senado ha significado siempre para las leyes su mejora técnica y política». Estimó que la posibilidad de elaborar el texto inicial con mayor sosiego de lo habitual, repercutirá en beneficio de la regulación de las libertades públicas consagradas en la Constitución.

Por lo demás, UCD considera que las fuerzas políticas ausentes de esta Cámara y presentes en el Congreso de los Diputados tendrán oportunidad de participar en la elaboración del Estatuto durante las distintas fases de su tramitación parlamentaria. En todo caso, parece asegurado que el cambio de estrategia centrista en el desarrollo de la Constitución va a desencadenar una incruenta guerra entre las Cámaras, que quizá logre revitalizar el interés público hacia el Parlamento.