Competencias compartidas, único camino para el desarrollo autonómico
Poder central y autonomías territoriales tendrán que compartir competencias en materia económica. Los federalismos y regionalismos del área cultural en que se desenvuelve España han superado de forma definitiva la construcción de las autonomías sobre la técnica de la separación formal y absoluta de competencias entre el Estado y los entes miembros. Para España resulta imprescindible optar por el camino de las «competencias compartidas» o «concurrentes».
Estas son las conclusiones generales del libro publicado por el Instituto de Estudios Económicos y titulado La distribución de las competencias económicas entre el poder central y las autonomías territoriales en el Derecho comparado y en la Constitución española. El director del equipo que redactó el texto, Eduardo García de Enterría, destacó en la presentación del mismo, celebrada ayer, que el Estado actual no se adecúa a las exigencias funcionales del tiempo en que nos movemos. No obstante, dijo, existen dos caminos a seguir en el tratamiento autonómico que son poco fiables, el expuesto por los foralistas y la «dirección aventurista».En el libro se destaca que la Constitución española y los estatutos vasco y catalán dejan a salvo un sistema de participación cooperadora en materia econéftnica entre el poder central y las autonomías territoriales, a pesar de que los citados textos establecen formalmente un régimen de competencias exclusivas. .
El estudio pone de relieve que el autonomismo cooperativo o departicipación es el vigente en los países occidentales, tanto en los de estructura federal como territorial. Todos reconocen a los poderes centrales las competencias precisas para evitar el fraccionamiento económico del país en microeconomías «que conducen al estancamiento y a la pobreza, así como a la rivalidad entre los entes territoriales».
El último argumento que en el estudio se expone en favor del autonomismo cooperativo es el próximo ingreso de España en las Comunidades Europeas. En la CEE el proceso de integración política comenzó centralizando las competencias económicas, «por lo que será necesario» montar las autonomías territoriales de forma que no se dificulte la transferencia a los órganos comunitarios supranacionales de las citadas competencias.
