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Multa de cincuenta millones de pesetas a la promotora de Nueva Alcalá

La Delegación Provincial de la Vivienda está a punto de acabar el expediente de imposición de tres multas, que en total suponen 50.500.000 pesetas, a la inmobiliaria Segunda Alvega, por presuntas infracciones cometidas en la urbanización Nueva Alcalá, grupo de 2.400 viviendas ubicado en el término municipal de Alcalá de Henares. Los expedientes se relacionan con irregularidades en la construcción y cobro de cantidades superiores a las legales en viviendas de protección oficial.

La inmobiliaria Segunda Alvega fue constituida en el año 1973 por personas cercanas al Banco Industrial de Cataluña. Su objeto comercial era el de promover viviendas de protección oficial. Para ello, compró unos terrenos, calificados como rústicos, en Alcalá de Henares, en los que promovió la construcción de 2.400 viviendas, catalogadas por el ya desaparecido Ministerio de la Vivienda en el subgrupo segundo de protección oficial.En ese momento, la inmobiliaria entró en contacto con la cooperativa La Familia Española, a la que propuso entrar en el negocio de promoción de viviendas, como si la promotora de los pisos fuera la cooperativa y no la inmobiliaria.

La maniobra fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo por el vicepresidente de la cooperativa y dos de sus vocales. Sin embargo, la denuncia no surtió otro efecto que el que esas tres personas fueran apartadas de sus cargos.

Los cargos del vicepresidente y los dos vocales fueron ocupados inmediatamente por tres personas representantes de la inmobiliaria Segunda Alvega, esto es, del propio Banco Industrial de Cataluña.

Las primeras denuncias presentadas, que lo fueron en enero del año pasado, se referían a la percepción por parte de la inmobiliaria de un sobreprecio de 300.000 pesetas por vivienda, con respecto al valor oficial de aquel momento; esto supone la percepción global de unos setecientos millones de pesetas adicionales. Además, las denuncias fueron formuladas por supuesta falsedad de los contratos y vulneración de las leyes en vigor sobre la percepción y garantía de cantidades a cuenta.

La situación viene a resolverse por lo menos en vía administrativa, gracias a la posible resolución sancionadora del delegado provincial de la Vivienda, José Luis Mas.

Como más directamente implicados en el tema, aunque haya sido como simples representantes de la inmobiliaria o del banco, aparecen cinco personas que en la actualidad no ostentan ya cargo de responsabilidad en ninguna de las entidades citadas. Se trata de Pablo de la Torrente, vicesecretario de la cooperativa y presidente de la inmobiliaria; José Boronat, vicepresidente de la cooperativa, secretario de la inmobiliaria y adjunto a la dirección del banco; Luis Flaquer, consejero de la inmobiliaria y alto funcionario del banco; Antonio Barba, director de relaciones públicas de la inmobiliaria, apoderado de la misma y vocal de la cooperativa, y Víctor Crespo, apoderado del banco en su delegación en Madrid y consejero de la inmobiliaria. El Banco Industrial de Cataluña forma parte del grupo de Banca Catalana, entidad que recientemente ha aumentado su participación hasta un 51%. A su vez la Caja de Pensiones de Cataluña y Baleares participa con un 7% en la Banca Catalana.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de febrero de 1980

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