La izquierda exige que sólo los jueces puedan anular los acuerdos municipales

Una amplia autonomía política y financiera, que evite las constantes interferencias de los gobiernos civiles o de la Administración central, y el establecimiento de cauces reales para que los vecinos participen en la vida de los ayuntamientos son los principios básicos sobre los que debe apoyarse la nueva ley de Régimen Local, en opinión de los representantes de UCD, PSOE, PCE y PTE, que han participado en unas jornadas sobre «Ley municipal y participación».

La organización de las jornadas corrió a cargo de CIDUR (Centro de Investigación y Documentación Urbana y Rural) y GEA (Gabinete de Estudios y Asesoramiento). El escenario de las cuatro mesas redondas fue el Club Pueblo.El sistema de elección de alcaldes centró gran parte del debate de la primera jornada. Javier Soto, concejal madrileño de UCD, defendió el punto de vista de su partido de que sea elegido alcalde el primero de la lista más votada, para evitar así que un pacto postelectoral de la izquierda desvíe el sentido del voto popular.

Los tres representantes de la izquierda acusaron a UCD de oportunista y de utilizar su mayoría parlamentaria para inclinar a su favor la balanza de los ayuntamientos. La elección propuesta por UCD fue calificada de antidemocrática, ya que el alcalde representará, por lo general, a una minoría de la Corporación y tendrá que gobernar por decreto, lo que significará una vuelta a un sistema autoritario.

Autonomía para los ayuntamientos

La autonomía de los nuevos ayuntamientos fue una de las necesidades sentidas con mayor urgencia por todos los ponentes, y así, los representantes de UCD expresaron también su disconformidad con que los gobernadores civiles puedan suspender acuerdos de los ayuntamientos, lo que ha sucedido incluso con decisiones adoptadas por unanimidad de los ediles. Un concejal centrista defendió, sin embargo, el derecho de veto para los alcaldes, lo que a juicio de la izquierda resulta inadmisible, por antidemocrático.Alonso Puerta (PSOE), Javier García (PCE) y Santiago Gil (PTE) insistieron en la idea de que las decisiones de los ayuntamientos -«que, por supuesto, pueden ser ilegales en ocasiones»- sólo puedan ser anuladas por vía judicial. Tal como están ahora las cosas, «a veces parece que no hayamos ganado las elecciones locales», dijo Alonso Puerta, «a la vista de la cantidad de elecciones anuladas o contestadas por las instancias del poder central». Subrayó también que resulta inadmisible que un ayuntamiento como el de Madrid, con 37.000 millones de presupuesto y más de 20.000 funcionarios, sin contar con la EMT, no pueda salir al mercado del suelo ni definir su política urbanística porque por encima está Coplaco, un organismo en el que la Administración central sigue teniendo mayoría.

Junto a la necesidad de que los ayuntamientos estén dotados de una plena capacidad de gestión, lo que, por otra parte, garantiza la propia Constitución, todos los ponentes abundaron muy especialmente en la urgencia de contar con una autonomía financiera. Se recordó en este sentido que los ayuntamientos españoles participan sólo con un 10% en la Hacienda pública, cuando otros países europeos se sitúan por encima del 20%, y se llega incluso al 60% en Holanda.

El secretario municipal del PCE, Javier García, señaló la importancia que tiene dotar a las ordenanzas municipales de la necesaria categoría normativa, ya que si cualquier reglamento está por encima de las ordenanzas, la autonomía municipal sólo será una entelequia. Consideró básico, por otra parte, que la ley permita a los ayuntamientos dotarse de sus propias cartas municipales, que vendrían a ser algo así como sus propios modelos de funcionamiento.

Por parte delPTE, Santiago Gil aportó la idea de que la autonomía debe también ir acompañada de una profunda reestructuración del actual mapa municipal, heredado, a su juicio, del Estado centralista napoleónico, que favoreció el minifundismo de los ayuntamientos para potenciar el poder central. Defendió la tesis de que hay que ir a unos ayuntamientos de mayores dimensiones, con capacidad financiera para abordar las necesidades de servicios.

Participación vecinal

Los cuatro partidos estuvieron también de acuerdo a la hora de reconocer que una auténtica democracia municipal exige la participación de los vecinos, aunque la forma en que debe canalizarse este tema es objeto de discrepancias, incluso dentro de la misma izquierda.Los representantes de las federaciones provinciales de asociaciones de vecinos de Madrid y Barcelona, Fernando Martos y Carles Prieto, apuntaron fundamentalmente a UCD como culpable de que no se haya podido desbloquear la participación vecinal, por el retraso en el debate de la nueva ley y por las trabas puestas a algunas fórmulas ensayadas. No obstante, PSOE y PCE fueron acusados también de frenar en determinadas ocasiones al movimiento vecinal y, de no afrontar el tema con valentía, en contra de sus propias promesas electorales.

El concejal centrista José María Palacios se sumó al coro de acusaciones a la izquierda y calificó de falso que para afrontar la participación haya que esperar a la nueva ley. De todos modos, dijo: «Me resulta chocante que el ayuntamiento de izquierdas hable tanto de participación cuando tiene relegados y se la niega a veinticinco concejales de UCD, que representan medio millón de votantes. »

La comunista Isabel Villalonga dijo que mientras llega la nueva ley se puede conseguir una alternativa, interpretando las lagunas de la legislación vigente a través de las cartas municipales. El concejal socialista Angel Hernández, delegado de Acción Vecinal en Madrid, anunció que el panorama en la capital cambiará radicalmente en los próximos seis meses con el decreto de descentralización de juntas municipales, lo que obligará a modificar el esquema orgánico del Ayuntamiento.

En la última mesa redonda, celebrada el viernes, se expusieron algunos ejemplos de participación popular en los ayuntamientos. El alcalde de Aranjuez, Eduardo García (PTE), dijo que la participación vecinal en su ayuntamiento no ha sido hasta ahora muy activa, pese a que la carta municipal da voz a los vecinos en los plenos.

Idéntica fórmula se aplica en Fuenlabrada, donde el gobernador civil llegó a suspender un acuerdo por entender que la intervención de los vecinos en el pleno podía suponer una coacción. «Afortunadamente», explicó el alcalde, Manuel de la Rocha (PSOE), «el juez no opinó del mismo modo, y anuló la decisión del gobernador. » El alcalde subrayó también que hay otra forma de participar, que es la de movilizarse cuando las necesidades no se resuelven. «Los municipios que más cosas consiguen», dijo, «son los que más presionan, los que tienen una mayor capacidad de movilización. »

Cerró las jornadas el presidente de la Diputación madrileña, Carlos Revilla, quien señaló que el organismo que preside está dispuesto a coordinar y fomentar todas las acciones municipales que tiendan a acentuar la solidaridad comarcal.